La jueza Paula González elevó a juicio oral la causa por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un procedimiento policial irregular en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, con 14 miembros de la Policía de la Ciudad imputados por "homicidio agravado" o "encubrimiento".

La magistrada, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, rechazó todos los planteos de oposición que habían presentado las defensas de los policías implicados y avaló así el requerimiento de elevación a juicio presentado en marzo pasado por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella.

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a los padres de la víctima como querellantes, aseguró que "la familia solo espera justicia y rápida" y destacó que se está en condiciones "de iniciar un juicio histórico, por la cantidad de involucrados y la perversidad de los encubridores".

Los tres principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (47) y el oficial Juan José Nieva (36), todos ellos de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quienes irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además, fueron acusados de "tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley".

De los otros 11 imputados, los que tenían mayor jerarquía son el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (42); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (53); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (47).

Además, están el comisario Juan Horacio Romero (50) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (46), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4; el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (49); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (27), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (33) y Daniel Rubén Espinosa (32).

Todos ellos están señalados como presuntos coautores de los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas". Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de "falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados".

La jueza González también resolvió mantener delegada la instrucción de la causa en el fiscal Gómez Barbella, para que siga investigando la posible participación de más implicados en el hecho o de aquellos que fueron acusados pero están con falta de mérito o cuyas detenciones fueron rechazadas. “Más allá de dejar en claro que la Fiscalía podrá continuar en este mismo legajo con la investigación tendiente a dilucidar la intervención de otros eventuales partícipes, corresponde declarar la clausura de la instrucción y elevar la causa digitalmente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional que resulte sorteado”, indicó González en su resolución.

El crimen ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando Lucas González y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían. Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban Issasi, Nieva y López, de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes patrullaban en la zona de Iriarte y Vélez Sarsfield, en el marco de una investigación de una fiscalía porteña.

De acuerdo con la investigación, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con "cuatro masculinos con apariencia menores, jóvenes", refirieron "que estaban armados", y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.

El vehículo siguió hasta Perdriel y Alvarado, donde uno de los amigos pidió ayuda a dos oficiales, pero fue detenido por ellas. En el automóvil permanecieron el conductor y Lucas, quien recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, que produjo su muerte al día siguiente en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Cuando Gómez Barbella pidió el juicio oral para los 14 policías, sostuvo en su requerimiento que “el homicidio de Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa".

El Ministerio Público señaló que esos acusados "pusieron en movimiento la estructura institucional de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires otorgando datos falsos, a sabiendas de lo que realmente había acontecido" y concluyeron que "jamás hubo 'un enfrentamiento armado', sino más bien un ataque perpetrado por los oficiales a las víctimas, irracional e injustificado, para lo cual emplearon sus armas a fin de cercenarles sus vidas".

Respecto a los once efectivos acusados de encubrimiento, indicó que "estuvieron participando del procedimiento, cumpliendo distintas tareas y roles en pos de un fin último, esto es, alterar las pruebas en beneficio de los consortes de causa”. Para Gómez Barbella, los tres amigos de Lucas fueron detenidos en el marco de un procedimiento ilegal montado para ocultar el ataque policial, que incluyó el "plantado" de un arma en el interior del vehículo de los jóvenes.