La Compañía Privada Desarrollos e Inversiones SA, dedicada al rubro financiero y a la construcción, es investigada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos por reiteradas denuncias de estafas. En el marco de esa investigación se realizaron tres allanamientos en otros tantos domicilios de la ciudad de Salta y localidades vecinas, informó el Ministerio Püblico Fiscal de Salta. 

En la causa interviene la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio. Los allanamientos se hicieron en la sede de la inversora, en la calle Leguizamón 753 de la ciudad de Salta, y en dos viviendas ubicadas en Castellanos y Villa San Lorenzo, localidades cercanas a la ciudad capital. En los operativos se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera, además de otros elementos.

Por otro lado, la fiscala solicitó a la jueza de Garantías, Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la acusada, María Mercedes Ibarra, sobre quien pesan denuncias por estafas reiteradas (en nueve hechos), en concurso real.

Según se informó, Ibarra se presentaba como presidente de una financiera solvente y seria, la Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones SA, ofreciendo invertir dinero con altas tasas de interés y hasta ofrecía la posibilidad de convertir esa inversión a dólares estadounidenses. Para el MPF, la mujer sabía que iba a cumplir con estas promesas. 

Algunos denunciantes contaron que Ibarra suscribió con ellos contratos titulados “Negocio en Participación”. Estas personas entregaron importantes sumas de dinero, pero la ahora imputada no devolvió lo invertido y tampoco pagó los intereses. El MPF sostuvo que esos contratos buscaban dar la impresión de "mayor seriedad" de esta maniobra y obtener de esta manera la confianza de los potenciales inversores. 

El MPF explicó que la solicitud de aplicación de medidas sustitutivas para la imputada se hizo con el propósito de asegurar que se someterá a la Justicia y que no entorpecerá la investigación.

Teniendo en cuenta los dichos de los denunciantes, la gravedad de los hechos y la cantidad de imputaciones ya formuladas y por formular todavía en contra de Ibarra, la fiscala pidió como medida sustitutiva a la prisión preventiva que se le imponga a la mujer la obligación de presentarse ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos cada 15 días para constatar su domicilio actual, así como la prohibición de salir sin autorización del país, y la prestación de una caución adecuada propia. Y que se le advierta que si no cumple con estas obligaciones, puede ser en desobediencia judicial y correr el riesgo de quedar detenida.