Más de 750 personas privadas de la libertad están alojadas en las comisarías ante el colapso de las Alcaidías Generales y las Unidades Penitenciarias en Salta. El relevamiento más preciso lo tiene el distrito norte con sede en Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, en el cual se indicó que al 6 de mayo pasado había "347 detenidos, de los cuales 47 son condenados" en las comisarías de esa jurisdicción, que alcanza también al departamento Rivadavia.  

Así lo indica la resolución que emitió el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de la ciudad norteña, Ricardo Martoccia, quien hizo lugar a un hábeas corpus colectivo, presentado por Lorena Babicz, Natalia Pagani, Carlos Saifir y Luis Véliz, todos defensores oficiales penales de Tartagal.

Salta/12 tuvo acceso a la resolución luego de que el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, indicara que los datos surgidos de las inspecciones que realizó este organismo en la ciudad norteña coinciden con lo dispuesto en la resolución de Martoccia, notificada el 12 de mayo pasado.

En un informe que el Comité dio a conocer este viernes, se indica que quienes lo integran realizaron, "una visita de general de monitoreo a la Comisaría N° 42 de Tartagal" y "durante la visita se constató la presencia de 56 personas privadas de su libertad, alojadas en cuatro pequeñas celdas sin distinción de situación procesal (demorados, detenidos, procesados, condenados) y con carácter permanente, siendo que las Comisarías no son instituciones destinadas a albergar a personas más allá de un breve periodo de tiempo". En diálogo con Radio Nacional, Solá añadió que algunas personas que ya tienen sus penas definidas están hace unos dos años cumpliendo prisión en las comisarías. A ello se suma que no les permiten el contacto con hijos e hijas, dado que no hay un lugar destinado a tal fin.

En el comunicado del Comité se añade que "el espacio destinado a las personas privadas de libertad no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen un trato digno, ni asegura posibilidad alguna de higiene o seguridad, no tiene baños (se utiliza un pozo común con cámara séptica que se puede usar solo en determinadas horas por día y sin privacidad), tampoco hay duchas, se advierten cucarachas y otros insectos saliendo de las paredes, en general se observa falta de higiene y ventilación, no hay camas y gran parte de la población duerme en el piso sin colchones. No existe posibilidad alguna de actividad recreativa, laboral o educativa; y el régimen de visita es absolumente limitado: 15 minutos por semana de un único familiar. Se alegan además diferentes tipos de malos tratos, los cuales fueron oportunamente denunciados". 

Estos datos del Comité cobran actualidad tras haberse producido el miércoles último la muerte de un hombre que estaba preso desde hace tres meses en la Comisaría de La Merced, en el departamento Cerrillos. 

Orden a funcionarios y jefes de la Policía

El hábeas corpus presentado por los defensores del distrito Tartagal originó la orden del juez Martoccia a la Jefatura de Policía para disponer el traslado inmediato de las personas que ya tienen sentencias de condenas a la Alcaidía y las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario de la provincia. Los objetivos de esta disposición son: descongestionar las dependencias policiales y que se cumplan las penas privativas de libertad de los penados en las condiciones establecidas.

Además, el magistrado exhortó a los ministerios de Seguridad, Infraestructura y de Economía de la provincia a que arbitren los medios “económicos y presupuestarios necesarios para que se provean las soluciones prácticas, inmediatas y de carácter urgente, que necesitan efectuar en las dependencias policiales, para dar una solución estructural desde el punto de vista edilicio”. 

Todo ello, indicó Martoccia, bajo el encuadre de que las personas "merecen ser tratadas con la dignidad de condición de ser humano".

La limpieza la pagan policías y detenidos 

"Los elementos de limpieza son adquiridos a través del descuento del 10 por ciento de los haberes del personal policial", señala en detalle la resolución de Martoccia, al indicar cuál es la situación en la dependencia de General Ballivián. La situación varía un poco en otras dependencias, dado que si no es por aporte de los agentes uniformados, son familiares de los detenidos quienes deben mantener la higiene.

En cuanto a los alimentos, de la resolución surge que en algunos casos los provee la Unidad Carcelaria (UN) N° 4  o la N° 5, pero las porciones son menores, o están en malas condiciones. O se dan ambas situaciones. Ante ello, quienes tienen a sus familiares logran proveerse de comida y aquellos que no los tienen, "cocinan en conjunto con otros detenidos". 

Otras comisarías no cuentan con cloacas, tienen pozo ciegos y letrinas. No tienen ventilación pese a una condición climática crítica, si se tiene en cuenta que es una zona tropical. 

En el Cuerpo Femenino de la ciudad de Tartagal, ante la “capacidad total sobrepasada", hay "mujeres durmiendo en colchones en el piso". La higiene es "regular" y está a cargo de las detenidas. "Los elementos de limpieza proveídos por la dependencia son escasos, lo que obliga a las detenidas a proveerlos a través de familiares". Abundan insectos en general, y las cucarachas invaden el lugar. "La comida proviene de la UC N° 5 y las detenidas manifiestan que llega en mal estado y es poco nutritiva". 

En peligro de derrumbe

La Comisaría 42 (que se caracteriza por ser la dependencia del norte con mayor cantidad de presos y hacinamiento) tiene una estructura edilicia calificada como de riesgo "y en especial, en la parte donde están las celdas, (donde) se encuentran con peligro de derrumbe", además de "un baño totalmente obstruido y en condiciones insuficientes para su uso, como así también el hacinamiento de muchos detenidos que exceden la cantidad que debería contar cada una de las celdas", dice la resolución de Martoccia. 

Ante ello, el juez indicó que "se hace imperiosa la ampliación" de las celdas, así como "la higiene, desinfección de las celdas y la Comisaría". Pues advirtió que las condiciones en las que se encuentra la dependencia “no hacen otra cosa más que incrementar la posibilidad de poner en riesgo la misma y la integridad física de todas las personas privadas de su libertad, al propio personal policial asignado en custodia", a "quienes asisten a las visitas y los propios abogados defensores”.

La salud en riesgo

El informe del médico legal del distrito norte judicial indicó que “los detenidos de las distintas comisarías están con patologías propias del hacinamiento y el encierro por falta de desinfección e higiene, propio de esos lugares, observando que los gérmenes frecuentes que presentan son: hongos, micosis, escabiosas, pediculosis y otros ácaros como ladilla. También se observan patologías respiratorias y otras dolencias, como ser dolor de columna, por la posición en que deben estar”.

Tanto un médico como la asistente social a cargo de las visitas mencionaron al juez que la realidad manifestada “se reitera año a año". El mismo magistrado incluso recordó haber resuelto otros hábeas corpus al hacer una observación particular sobre la Comisaría 42, principal dependencia policial de Tartagal, dado que “existe una superpoblación totalmente desmedida”.

Se indicó que es necesario disponer el procedimiento para los tratamientos en el Hospital zonal de quienes están en situación de detención y la necesidad de resguardar la “integridad psicofísica de los detenidos”. Una de las tantas fallas que se encontró es que a veces la "carencia de un móvil policial disponible" implica que no se pueda acceder a la atención oportuna.