Desde Lima

 El gobierno de Pedro Castillo se acerca a cumplir su primer año -asumió el 28 de julio de 2021- agobiado por la inestabilidad, las acciones sin pausa que promueve la derecha para destituirlo del cargo y por sus errores. Su permanencia en la presidencia está constantemente amenazada. La derecha parlamentaria acelera en su afán golpista y avanza procesos de acusaciones constitucionales contra Castillo y su vicepresidente Dina Boluarte, buscando destituirlos. El plan es tumbarse a los dos para que la presidencia pase a manos del Congreso controlado por la oposición. En ese caso, asumiría la presidencia del país quien en ese momento esté al frente del Parlamento -ahora la presidenta del Congreso es la derechista María del Carmen Alva-, con lo que la derecha que perdió las elecciones presidenciales, con el fujimorismo y otros grupos de ultraderecha marcándole la pauta, tomaría el control del Ejecutivo, además del Legislativo que ya lo tiene. Con todo el poder en sus manos, la derecha tendría la mesa servida para capturar los organismos electorales y otras instituciones estratégicas, una tarea que ya ha iniciado, y en ese escenario convocar y organizar unas elecciones para asegurarse la victoria.

No resiste análisis

En menos de un año, la derecha ha intentado dos veces sin éxito destituir al profesor rural y sindicalista que le ganó las elecciones alegando una supuesta “incapacidad moral”. Con problemas para conseguir los 87 votos necesarios para alcanzar los dos tercios del Parlamento unicameral para activar la “incapacidad moral”, ahora la oposición apuesta por una acusación constitucional contra el presidente para sacarlo del cargo, para lo que no necesita 87 votos, sino solo una mayoría simple de 66 votos. La acusación es por traición a la patria. El cargo no resiste un análisis serio, pero el caso igual sigue avanzando en el Congreso. A Castillo lo acusan por haber declarado en una entrevista dada a CNN que no descartaba la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia y que podría darse un referéndum en ese sentido. El Ejecutivo aclaró rápidamente que la propuesta no contemplaba una cesión territorial ni renuncia a soberanía, sino que se refería a profundizar acuerdos pactados por gobiernos anteriores para facilitar un acceso de Bolivia al mar por la costa sur del Perú. Pero esa aclaración, ni el hecho que el asunto quedó solo en una declaración periodística y nunca hubo una acción de gobierno sobre este asunto, han impedido que la derecha arme esta acusación sin sustento por traición a la patria buscando con eso derrocar al mandatario.

A diferencia del delirante cargo por traición a la patria, hay acusaciones por corrupción contra el gobierno que tocan a Castillo y lo pueden complicar seriamente. Las acusaciones han sido hechas por dos lobistas que estuvieron en el entorno del presidente y ahora están procesados por operar para ganar irregularmente licitaciones de obras públicas. Esas acusaciones son investigadas por la fiscalía, pero la derecha desesperada por tomar el poder no quiere esperar el resultado de esas investigaciones. En paralelo al juicio político por traición, la ultraderecha maniobra para activar un tercer proceso por “incapacidad moral” argumentando corrupción sin esperar las conclusiones de las investigaciones. El objetivo no es aclarar las denuncias ni enfrentar la corrupción, para la derecha solo se trata de encontrar un motivo para justificar el derrocamiento del presidente. Otro caso que le mueve el piso a Castillo es una denuncia de haber plagiado su tesis de maestría en piscología de la educación.

Disparan sobre Boluarte

La derecha enfrenta el problema que si saca a Castillo asumiría su vicepresidenta Dina Boluarte, a la que tampoco quiere. Por eso, en el Congreso se ha iniciado el proceso para una acusación constitucional contra Boluarte para destituirla. La acusan de que siendo ministra -la vice también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social- ha ejercido funciones en la directiva del Club Departamental Apurímac, lo que se señala es una infracción constitucional porque la Constitución establece que un ministro no puede ejercer ninguna otra actividad excepto la docencia. El Club Apurímac es una asociación sin fines de lucro y sin relación con el Ejecutivo, que agrupa a los pobladores de ese departamento andino que han migrado a la capital, como es el caso de Boluarte. La vicepresidenta y ministra ha señalado que pidió licencia y se alejó de sus funciones directivas en el Club Apurímac cuando fue nombrada ministra, pero un informe de la Contraloría dice que luego que asumió el ministerio firmó documentos de este club. La defensa de Boluarte alega que se trata de documentos que tienen que ver con regularizaciones registrales, sin relación con la gestión de esa institución, que es lo que Constitución prohíbe.

Aunque sea suicida, no se descarta que un sector del oficialismo se sume a la extrema derecha para destituir a Boluarte, quien hace unos meses fue expulsada del partido de gobierno Perú Libre (PL) por sus diferencias con el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, quien ya ha dado muestras de que en su afán de copar el poder desplazando a todos los que no sean sus incondicionales está dispuesto a aliarse con el golpismo. El secretario general de PL se despacha con un discurso de izquierda radical, pero más de una vez ha sumado sus votos en el Congreso a la ultraderecha. Recientemente los legisladores cerronistas se aliaron a la derecha para censurar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, también separada de PL por sus diferencias con Cerrón. Chávez venía impulsando un nuevo código laboral que defienda derechos de los trabajadores. Días antes de esa censura, Castillo había cambiado cuatro ministros, entre ellos el titular de Energía y Minas, un incondicional de Cerrón, lo que desató las iras y amenazas del secretario general de PL contra el mandatario.

Alianza con el fujimorismo

Legisladores cerronistas se aliaron con el fujimorismo y otros grupos para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entregándole a la derecha el control de este estratégico organismo, la máxima instancia judicial del país. Con el TC en el bolsillo, ahora la derecha busca capturar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), promoviendo en el Congreso acusaciones contra sus titulares para reemplazarlos por personajes cercanos a sus intereses, con la mira puesta en elecciones adelantadas si Castillo cae. En las últimas elecciones, el JNE y la ONPE impidieron que prospere la intención golpista de la derecha que intentó anular el triunfo electoral de Castillo denunciando un falso fraude electoral, descartado por las investigaciones de la fiscalía y los observadores internacionales.

En medio de este agitado panorama en el que la ultraderecha avanza, el oficialismo pone una cuota importante para favorecer el juego del golpismo: una administración que se debate entre la falta de rumbo y alarmante ineficiencia, el distanciamiento de sus propuestas de cambio, escándalos de corrupción que tocan al mandatario, divisiones internas y un sector del oficialismo que prefiere aliarse con la ultraderecha antes que compartir el poder con otros sectores de izquierda, debilitan al gobierno y juegan a favor de la derecha golpista.