Organizaciones sociales pidieron hoy el sobreseimiento de la médica salteña Miranda Ruiz, quien fue denunciada por practicar un aborto, y explicaron que se realizaron peritajes dentro de la causa judicial que respaldan a la profesional y dan cuenta de que actuó dentro de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) vigente en Argentina.

"Necesitamos que las y los médicos puedan trabajar y cumplir su rol social sin ser amenazados", afirmaron en un comunicado en conjunto Católicas por el Derecho a Decidir (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), difundido este sábado con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

A pesar de la vigencia de la ley 27.610 de acceso a la IVE/ELE resaltaron que algunos sectores del Poder Judicial “todavía no respetan los derechos de la mitad de la población, en línea con expresiones conservadoras y antiderechos".

En septiembre de 2021 la médica Miranda Ruiz fue detenida en su lugar de trabajo, el Hospital de Tartagal, por orden del Poder Judicial de Salta, imputada por la presunta comisión del delito de aborto, por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.

Una joven viajó más de 50 kilómetros para pedir la interrupción del embarazo en el hospital de Tartagal en el que fue atendida por un equipo interdisciplinario formado por Ruiz, una trabajadora social y una psicóloga que la entrevistaron por separado.

Además, las profesionales pusieron al tanto al director del hospital, que constató que la práctica estaba debidamente justificada, detallaron las organizaciones.

En consecuencia el aborto fue llevado a cabo y posteriormente la doctora, Miranda Ruiz, fue denunciada.

"Hay personas que violaron los derechos de la joven: quienes no respetaron su voluntad y trataron de impedir por todos los medios que ejerciera sus derechos. Así, violaron el deber de confidencialidad y fueron más allá al denunciar a Miranda", aseguraron las organizaciones en el comunicado conjunto.

Lo que les llama la atención es que la causa penal avance sin “ninguna justificación en la provincia” de Salta. "Todos los pasos para la interrupción del embarazo están constatados y asentados en la historia clínica. Nada justifica que la causa penal siga y que a esta altura Miranda no haya sido sobreseída", remarcaron.

Preguntaron: "¿Qué pasa en el Poder Judicial salteño para que no se ajuste a derecho y busque maneras de dilatar una causa penal? ¿Por qué las sentencias son enviadas a la prensa antes que a las partes?".

Explicaron que en los últimos días el juzgado pidió un peritaje sobre la historia clínica al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, que designó a dos peritos y se sumó un tercero del Servicio Médico del Poder Judicial.

"La pericia fue favorable a Miranda, respaldó lo que ella ya declaró. El fiscal Gonzalo Vega, de Tartagal, sin embargo, aún no pidió su sobreseimiento. No conforme con el resultado, ahora solicita nuevas pericias como una forma de mantenerla sujeta a la causa penal", explicaron las organizaciones.

"Insistimos en que la criminalización del aborto constituye formas de tortura, tratos inhumanos y degradantes", alertaron, y calificaron la situación como "un mensaje amenazante" del Poder Judicial de Salta destinado a profesionales de la salud que cumplen con la ley de IVE/ELE.

Hace diez días el juez Luciano Martini, de la Sala I del Tribunal de Impugnación, rechazó el pedido de sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz que habían presentado sus abogadas, Emilia Tomecek y Paula Tkaczek.

La médica está acusada de haber facilitado la realización de un aborto legal sin consentimiento de la gestante. Sus abogadas defensoras insisten en que el consentimiento de la gestante no está en discusión, dado que ella misma “se autoadministró el tratamiento en todo momento”.