La Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) citó para el próximo miércoles al anfitrión de la reunión de la “Gestapo” antisindical: el expresidente del Banco Provincia Juan Curutchet. El organismo que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau ya había anunciado que convocaría a exfuncionarios de Cambiemos en un intento de terminar de cerrar el círculo de lo que fue un armado que combinó la persecución penal y la inteligencia ilegal sobre referentes sindicales.

El viernes, la CBI le comunicó a Curutchet que lo esperaba el miércoles próximo para declarar en la investigación que se abrió en diciembre pasado, después de que apareciera un video en el que se veía a jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ministros de María Eugenia Vidal, el intendente Julio Garro y empresarios combinando cómo impulsar causas contra Juan Pablo “Pata” Medina, el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) platense, a quien el macrismo catalogaba como parte de la “mafia” sindical.

Curutchet no está obligado a concurrir: sólo lo están quienes fueron integrantes de los servicios de inteligencia. Él, como exfuncionario, podría excusarse o hacer un descargo por escrito. Por el momento, Curutchet no se deshizo en explicaciones por la reunión que se hizo en el Banco que presidía y en el que la AFI montó un circuito de cámaras para quedarse con un registro del encuentro. El abogado le dijo al periodista de Ámbito Financiero Mariano Martín que él no estaba al tanto de cómo se asignaban las salas de reuniones y que era común que el gobierno provincial hiciera uso de los espacios.

El Salón de Usos Múltiples (SUM) del Bapro de la calle San Martín al 137 estaba reservado para dos reuniones el 15 de junio de 2017. Sin embargo, llegó un pedido que hizo que esas reservas se cayeran. Fue un pedido de la Gobernación, según surgió en la investigación que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata.

La encargada de dar los detalles de cómo debía prepararse el lugar fue Emilia Jaime, una asesora de la Presidencia del Bapro y señalada como una persona de confianza de Curutchet. Según surge de los mensajes que intercambió con un empleado de la entidad –Guillermo Squillari–, Jaime recibió un pedido de Soledad Borsani para preparar el lugar. Borsani no es un nombre más: era la coordinadora general de la Unidad Gobernador. Más que eso, Borsani era la amiga de la infancia de la gobernadora Vidal.

A Borsani no solo la invocó Jaime cuando hablaba con su compañero de trabajo, sino también otra empleada del Banco –Patricia Bencivengo– cuando intercambió mensajes con Diego Dalmau Pereyra, el entonces director operacional de Contrainteligencia de la AFI que estuvo a cargo de instalar –junto con hombres de la Dirección de Operaciones Electrónicas– las cámaras con las que iban a registrar la reunión.

La reunión no sólo fue filmada, sino que quienes participaron de ella no se registraron al momento de entrar al Banco, como indican los usos y costumbres. De hecho, Jaime le dijo a su compañero de trabajo que se requería total reserva y discreción.

Sobre esos puntos, la CBI querrá interrogar a Curutchet. Para los integrantes de la comisión, el expresidente del Bapro podría aportar información valiosa para terminar de entender quién armó la reunión: ¿fue una iniciativa del gobierno de Vidal o estaban siguiendo las órdenes del gobierno de Mauricio Macri?

La decisión de avanzar con la convocatoria de funcionarios macristas se tomó después del plenario del 19 de mayo pasado. Allí, se acordó que la CBI se centraría en lo que podría haber sido el huevo de la serpiente de la “Gestapo” antisindical: la reunión del 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada en la que Macri y su gabinete escucharon al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, hablar del “Pata” Medina. Entre los asistentes a ese cónclave estuvo el entonces director general de la AFI, Gustavo Arribas. Después de esa reunión, Dalmau Pereyra mandó a los Súper Mario Bros a espiar al “Pata”.

La Bicameral ya convocó tanto a exagentes como al propio Arribas. Los exagentes confirmaron que espiaron a Medina e incluso hablaron de tareas de inteligencia ilegal en el Hospital Posadas o reconocieron seguimientos al juez Luis Carzoglio, el mismo que recibió la visita de dos jerarcas de la AFI para que detuviera a Hugo y Pablo Moyano. Dalmau Pereyra –que tenía un lugar clave en la estructura de la exSIDE– reconoció que las tareas en el Bapro se hicieron por pedido de las máximas autoridades de la AFI.

La Bicameral debe decidir si avanza en la producción de un nuevo informe sobre el espionaje durante el macrismo mientras su titular, Moreau, denunció que había una avanzada para poner en tela de juicio el trabajo hecho por el cuerpo legislativo. Días atrás, se conoció que el fiscal Carlos Stornelli pidió investigar a Moreau en una denuncia que presentó Florencia Arietto por haber pedido informes a la justicia de San Nicolás en una causa en la que están involucrados integrantes del gremio de Camioneros y en la que se sospecha que podrían haber intervenido agentes de inteligencia. 

La paradoja es que Stornelli –procesado en la causa de espionaje de Dolores– ahora pretende investigar al presidente del organismo que investiga el espionaje. Según pudo saber Página/12, la denuncia que estaba en manos de Stornelli fue enviada a otro juzgado por Daniel Rafecas. Será ahora el juez Ariel Lijo quien tendrá que resolver si se queda con el expediente y si le da entidad a las denuncias que presentaron Arietto, un abogado con vínculos con el macrismo y legisladores de la Coalición Cívica.