“¡Justicia por Paula!”, piden los familiares, amigxs y diversas asociaciones que acompañaron a Sandra Zapata, la mamá de Paula Martínez, durante las audiencias en el juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Quilmes. Paula, víctima de una violación grupal y que se suicidó en diciembre de 2021, denunció que fue violada en la localidad bonaerense de Florencio Varela por al menos cinco varones que logró reconocer: Gustavo Carbonel, Diego Domínguez, Gonzalo Sandoval, Guillermo Chávez y Mauro Nair Goncalves, que estuvo prófugo cinco años y fue detenido el pasado 8 de abril, a pocos días de comenzado el juicio. El fiscal Claudio Pelayo solicitó penas de 25 años de prisión para Sandoval, Chávez y Domínguez y 24 años para Carbonel por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de dos o más personas, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas”. El próximo martes 31 al mediodía los jueces Andrea Calaza, Pablo Pérez Marcote y Alberto Ojeda anunciarán la sentencia.
El calvario de la víctima
Paula tenía 18 años cuando fue invitada al cumpleaños de Mariana Brizuela, frente a su casa, en la calle Guardia Nacional, el 10 de diciembre de 2016. Según la acusación del fiscal, Chávez le convidó una bebida doctor Lemon y después de tomar cuatro o cinco tragos empezó a sentirse mareada, en un estado de semiconsciencia y sin dominio de su cuerpo. Luego de deambular por la fiesta hasta el amanecer, salió de la casa y se dirigió hacia la esquina para encontrarse con Sandoval, que apareció en una camioneta blanca y la subió a Paula porque ella no podía moverse. En esa camioneta, conducida por Carbonel y con Domínguez como acompañante, la trasladaron a un domicilio de la calle Derqui, donde privada de la libertad por otros sujetos que no pudo reconocer fue llevada hasta una habitación, arrojada en una cama y abusada sexualmente de forma sistemática mediante acceso carnal vía vaginal por Sandoval, Domínguez y Chávez. También fue obligada a practicar sexo oral a Carbonel, mientras era abusada vaginalmente por Domínguez, como sostuvo el fiscal ante el tribunal.
Desde entonces la vida de Paula fue un calvario, como reveló Zapata en la primera audiencia del juicio; perdió su trabajo por los ataques de pánico que tuvo, pasó noches sin dormir; no quería salir de su casa porque tenía terror de encontrarse con quienes la habían violado, todos vecinos del barrio que la amenazaban y la hostigaban; y su madre precisó que en cinco años intentó suicidarse “más de cincuenta veces”. Zapata resumió lo que padeció Paula: “Mi hija era un despojo humano después de lo que le hicieron. La mataron ese día; quedó muerta en vida”. La madre definió el suicidio de su hija, el 26 de diciembre de 2021, como “la crónica de una muerte anunciada” porque Paula “fue abandonada por la justicia, por el Estado, por todo el mundo”.
Dos ADN sin identificar
En un comunicado de prensa, fechado el 27 de mayo, se advierte que Paula se cansó de esperar que la escucharan; cientos de veces pidió ayuda formalmente al Poder Judicial, instituciones, ministerios, municipio y agentes estatales; esta ayuda que nunca llegó explicita “la falta de políticas sólidas en asistencia a sobrevivientes”. En las audiencias se proyectaron los videos de la participación de Paula en distintos medios de comunicación, videos que fueron editados a discreción por la defensa de los acusados para decir que Paula “no se la veía lo suficientemente mal” al relatar lo sucedido.
En el juicio, que comenzó el pasado 4 de abril, Zapata tuvo que escuchar cómo Roberto Damboriana, abogado defensor de Gonzalo Sandoval, enfocó su estrategia ofensiva en descalificar a Paula por su adicción a las drogas. El mismo abogado en sus alegatos manifestó que Paula “vio una actitud sospechosa” –se refería al momento en que Chávez coloca droga en la bebida de Paula-- “y sin embargo tomó”, subrayó para culpabilizar a la víctima y agregó que “no tenía la intención de ofender a nadie”. Sandoval, con ADN positivo, declaró que fue el único que tuvo relaciones consentidas con la víctima. “El cinismo es alarmante y volvemos a señalar que se encontraron muestras de dos ADN que no pudieron aún ser identificados”, plantean los familiares en el comunicado en el que exigen que se tomen “medidas urgentes” para saber quiénes más estuvieron presentes en el momento de la violación. Esos dos ADN pendientes demuestran que Paula decía la verdad cuando dijo que hubo más hombres que abusaron de ella y que no pudo reconocer.
Los peritos médicos y psicólogos que entrevistaron a Paula y declararon en las audiencias confirmaron por “unanimidad” que creían en el testimonio de la víctima y que se encontraba “emocionalmente muy angustiada”; que no salía de su casa, estaba medicada y recordaron que fue internada en reiteradas oportunidades por atentar contra su vida después del abuso grupal. Paula no “tuvo que inventar esta fiesta sexual” ni quería “plata o fama”, como afirmaron los abogados defensores de los cuatro imputados. Paula no tiene una hija llamada Malena que haya denunciado falsamente abuso sexual infantil. “Nos parece inadmisible en alegatos decir semejante barbaridad con el fin de confundir o desacreditar”, aclaran en el comunicado los familiares de Paula.
Un fallo ejemplar
La única testigo propuesta a la cual no dejaron declarar fue Romina Doncel, Coordinadora de Asistencia Integral a sobrevivientes en diversas Asociaciones y Fundaciones Nacionales como la Fundación Micaela García “La negra”, especialista en trata de personas con fines de explotación sexual y delitos de crimen organizado, última profesional que asistió en vida a Paula. “El argumento fue que era sobreabundante que declarara y que el tribunal no entendía bien cuál iba a ser mi aporte, aparte de lo que ya habían declarado otros testigos y profesionales”, explica Doncel a Página/12. La coordinadora que asiste a Sandra Zapata fue denunciada por familiares de uno de los imputados, los hermanos Chávez (Rubén y Cristian), por “falsa denuncia”. Doncel intervino para que fueran detenidos por incumplimiento de la perimetral el día que comenzó el juicio --el pasado lunes 4 de abril-- como modo de hostigamiento a la familia de Paula. Para Doncel esa denuncia contra ella es “un amedrentamiento, un modus operandi que suelen notar los profesionales que asisten a las víctimas”.
En el comunicado se destaca que el abuso en grupo “fue un ablande para la trata con fines de explotación sexual”. Paula denunció públicamente estas redes “que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para captarlas”. El fiscal Pelayo solicitó que se investigue a la vecina que cumplía años, Mariana Brizuela, como posible entregadora. También habría que investigar a fondo qué tipo de protección tuvo Mauro Nair Goncalves para permanecer más de cinco años prófugos y recién ser detenido el pasado viernes 8 de abril en la casa de un familiar en Florencio Varela. Goncalves tendrá que ser juzgado en otro juicio. Doncel está convencida de que “la justicia va a escuchar a Paula” y que se va a lograr “un fallo ejemplar con perspectiva de género”.