Colombia ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos en el continente durante décadas. Paz Colombia, Plan Colombia, bases militares y contratistas en seguridad son muestras de ese lazo estrecho. Sobre esa base estructural, la posible llegada de un primer gobierno progresista, de la mano de Gustavo Petro, podría significar un hito en la política de ese país y de Sudamérica.

Los gobiernos conservadores de un país que por décadas estuvo atravesado por el conflicto con las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico actuaron bajo la tutela del Norte. Recién en 2016, con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), Colombia dio un paso para suturar heridas y calmar la violencia. El entonces presidente estadounidense, Barack Obama, selló su respaldo a Santos con un paquete de ayuda económica de 450 millones de dólares que llamó Paz Colombia. El camino no ha sido fácil entre tironeos de poderes fácticos que no están dispuestos a ceder posiciones. Y las ejecuciones de campesinos y líderes sociales se siguen contando de a decenas por año.

La ligazón de Colombia con Estados Unidos es de larga data: la reunión fundacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) se realizó en Bogotá el 30 de abril de 1948 y su primer secretario general fue el colombiano Alberto Lleras Camargo. Sucedió 20 días después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato del ala progresista del Partido Liberal. Nunca se supo quién mató a Gaitán, pero el sello de la CIA parece claro para muchos colombianos.

“La política exterior de Colombia desde principios del siglo XX se ajusta a la doctrina Monroe y no ha cambiado, es de sujeción fuerte”, señala a PáginaI12 Javier Calderón Castillo, coordinador del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe de la UBA. Y agrega: “El gran desafío del próximo gobierno es ajustar la política exterior hacia la multilateralidad, construir un entendimiento bilateral, un diálogo con el bipartidismo estadounidense”.

En esa línea, el también investigador de Celag sostiene que una clave radica en reencauzar el acuerdo de paz. “Sería retomar el camino de Santos con mayor soberanía, cambiar la doctrina punitiva de la lucha contra las drogas, alivianando el peso sobre el campesinado y sometiendo a los grupos narcotraficantes”.

Como parte del acuerdo de paz unas 99 mil familias firmaron el compromiso de abandonar el cultivo de coca (existen en Colombia 160 mil hectáreas de esa planta) y el Estado se comprometió a un programa de sustitución.

Sin embargo, el acuerdo sufrió un atraso enorme durante del gobierno del saliente Iván Duque, un heredero político de Álvaro Uribe. “Paralizó el programa de sustitución de cultivos ilícitos y perjudicó el funcionamiento de las instancias del acuerdo. Tampoco hemos tenido un solo avance en la reforma rural integral” dijo Sandra Ramírez a la Agencia Regional de Noticias, segunda vicepresidenta del Senado y ex miembro de las FARC.

Duque, respaldado por Donald Trump, retomó la lógica del Plan Colombia: asistencia económica y de entrenamiento en seguridad para la ofensiva militar contra el narcotráfico y la insurgencia. En esa líneas se incribe la postura de los candidatos de la derecha, más o menos light, Federico Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Este último, que enfrentará a Gustavo Petro en segunda vuelta, dijo que continuará el proceso con las FARC, aunque votó NO en el plebiscito por la paz en 2016. 

En contraste, Petro, exguerrillero del M-19, planteó que cumplirá con los compromisos de paz y además buscará un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla colombiana.

A todo esto, Joseph Biden ratificó el lunes pasado a Colombia como aliado principal extra OTAN. Lo hizo días después de suavizar sanciones a Venezuela. Podría verse como una manera de limitar los cambios de la relación o, también, de adaptarse a las nuevas circunstancias.

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