Acuciadas por las políticas oficiales que propician la concentración económica, las pequeñas y medianas empresas ahora alertan sobre un aumento de embargos de la AFIP sobre firmas de este segmento. Desde el movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino denuncian “una actitud persecutoria de la AFIP respecto de nuestras empresas”. Las pymes aseguran que están siendo sometidas a una presión que su estructura operativa y la actual coyuntura no puede soportar, lo que derivará en la desaparición de más firmas. “Los que estamos enrolados en el sistema impositivo de AFIP, contribuyentes y aportantes también del sistema previsional, no somos evasores”, señala el documento de la entidad que pide un tratamiento diferenciado. “Déjennos crecer porque los muertos no pagan las deudas”, agrega el texto en palabras del ex presidente Néstor Kirchner ante el Congreso.
“Los desajustes de la economía no son responsabilidad del sector productivo ni laboral, son responsabilidad directa de quienes gobiernan”, apunta el comunicado. Según señalan, si estas políticas se aplican en la dirección “de romper el aparato productivo, desanimar la demanda y bajar el consumo, es lógico que la economía esté en recesión y que nuestro sector se vea en graves dificultades para mantener al día sus obligaciones impositivas y es ilógico que debamos pagar por los desaciertos de ministros, secretarios y CEOcratas”.
La destrucción de la industria hizo su mayor mella en el segmento de la pequeña y mediana empresa, que no tiene la espalda financiera suficiente para enfrentar la actual coyuntura. Es por eso que volvieron a reclamar la actividad de planes adecuados para superar la situación de crisis actual y poder regularizar la situación fiscal. En marzo último, con la presencia de 300 empresarios industriales en la comisión de industria de la Cámara de Diputados se solicitó la ley de emergencia pyme, una iniciativa que pretende ponerle un freno “al programa de transformación productiva que se impulsa unilateralmente desde el Ministerio de la Producción”.
Junto a estas cuestiones de fondo que enfrenta el sector se suman los inconvenientes en la comunicación entre la AFIP y las empresas. En abril de 2015 se dispuso como canal informativo la dirección electrónica e-ventanilla. Según denuncian las pymes, a través de este correo la empresa hace un año que está recibiendo la intimación en simultáneo e incluso antes que la vía formal convencional (documento). “De esta forma, al sortear la comunicación impresa, notamos el incremento de acciones judiciales traducidas en confiscaciones y/o embargos de cuentas bancarias”, explican.
Cuando es sancionada por el incumplimiento de alguna deuda, la pyme, sus titulares, sus depósitos a plazo fijo y cualquier otro tipo de liquidez que posea es inhibida para operar. Esto implica una presión “legal pero desmesurada” para cobrar de cualquier manera los impuestos declarados. “Es alarmante para la pyme enterarse (vía correo electrónico) de un embargo espontáneo que la imposibilita para operar comercialmente y disponer de sus fondos, generando así una ruptura de la cadena de pagos que hace al normal desenvolvimiento de los negocios y de la economía”.
Los empresarios del sector no buscan condonación de deuda ni critican los controles oficiales, pero insisten en que requieren de condiciones diferenciadas respecto de las grandes compañías. La pyme además desemboca en el fuero judicial contencioso administrativo que posee la AFIP a este fin. “Con los honorarios legales que suman vorazmente a cada embargo”, de acuerdo al texto de la entidad.
“Relegadas en las estrategias del actual gobierno, soportar el aumento brutal de tarifas, caída del consumo, pérdida del mercado interno ante la indiscriminada apertura de importaciones, y los altos intereses impuestos para financiar bienes de capital, giro comercial de trabajo, agravado con un embargo significa incentivar a las pymes a que operen informalmente o incluso a que concluyan su actividad con la pérdida de puestos de trabajo que eso involucra”, concluye.
