La Dirección General de Aduanas (DGA) estableció un precio testigo de 53 dólares el kilo para las exportaciones de carbonato de litio. La decisión, que saldrá publicada este martes en el Boletín Oficial, es clave porque, si bien este mineral se trata de un commodity como la soja o el oro, no existe un precio internacional y suelen ser habituales las maniobras de subfacturación. Argentina exporta la totalidad de su producción. En 2021, los envíos al exterior superaron las 27.000 toneladas por 185 millones de dólares.
Las provincias del norte donde se desarrollan proyectos de explotación de este mineral se verán beneficiadas por la nueva normativa tendiente a transparentar las operaciones del sector ya que sus regalías están determinadas por el precio que declaran las empresas.
La medida es el resultado del trabajo articulado con las áreas especializadas de fiscalización internacional de la AFIP para desarticular irregularidades en las exportaciones de litio que afectan los ingresos fiscales y la correcta liquidación de divisas.
La AFIP y la DGA avanzan en paralelo con distintas investigaciones sobre las maniobras abusivas detectadas a lo largo de los últimos dos años. La dimensión de los desvíos detectados permite anticipar que esos procedimientos darán lugar a cargos millonarios por la falta de pago de derechos de exportación y por abusos en operaciones internacionales entre empresas de sus mismos grupos económicos.
Mercado opaco
Los compuestos de litio no son comercializados a través de la Bolsa de Metales de Londres sino mediante contratos confidenciales donde los precios varían, por ejemplo, de acuerdo con la especificidad técnica del producto, el volumen y los plazos de venta. Los precios de referencia son estimados por empresas especializadas, en base a contactos individuales con participantes involucrados en la compraventa del recurso. Un informe publicado por la CEPAL en 2021 es contundente: “El mercado de compuestos de litio se caracteriza por su opacidad”.
Las irregularidades asociadas a la opacidad de precios investigadas por la AFIP y la Aduana también comenzaron a ser señaladas este año desde los gobiernos de provincias como Catamarca. No se trata de una problemática desconocida. De hecho, el documento “Análisis de las redes globales de producción de baterías de ion de litio: implicaciones para los países del triángulo del litio”, publicado por la CEPAL en 2021, señala que “si se toman los valores estimados por Fastmarkets para el carbonato de litio grado batería en los principales mercados de destino, se observa que el precio unitario registrado por las aduanas de Argentina y Chile se encuentra por debajo del precio promedio del mercado”. Los investigadores de la CEPAL, Martín Obaya y Mauricio Céspedes, apuntan que esto puede deberse a tres factores:
1) Las exportaciones realizadas desde Argentina y Chile corresponden en parte a productos que no alcanzan el grado batería.
2) Una porción relevante de las ventas es realizada a través de contratos a largo plazo, que tienen precios por debajo de los valores vigentes en el mercado.
3) Las operaciones intra-firma, que se realizan por debajo de los valores de mercado.
Desde el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont entienden que la fijación del nuevo valor de referencia para las exportaciones de carbonato de litio y las investigaciones en marcha permitirán transparentar las operaciones de exportación. El Gobierno le anticipó el viernes la decisión a las autoridades de Salta, Catamarca y Jujuy. Las regalías de las provincias del norte están determinadas por los precios informados por las empresas exportadoras que, como muestran las investigaciones de la AFIP y la DGA, daban lugar a maniobras abusivas.
El precio testigo de 53 dólares el kilogramo de carbonato de litio es para las exportaciones que tengan como destino Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, China, Filipinas, Japón, Taiwán y Tailandia.
Más controles
La medida no solo aborda la problemática del litio sino que forma parte del proceso de restablecimiento de las herramientas de control del comercio exterior desmanteladas durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde que comenzó la gestión Marcó del Pont, la DGA estableció valores de referencia para más de 20 complejos exportadores.
La herramienta fortalece la capacidad estatal de fiscalización del comercio exterior y evita maniobras de subfacturación en las ventas al exterior. Carne bovina, leche en polvo, limones, cueros, manzanas y langostinos son algunas de las mercaderías sobre las que la Aduana definió precios testigo para evitar maniobras abusivas que se traducen en evasión de impuestos y que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario.
Los valores referenciales ofrecen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal y permiten detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares. Al finalizar el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había más de 20 productos específicos con valores referenciales, pero Macri llevó adelante una paulatina desarticulación de la herramienta hasta que, en noviembre de 2017, derogó la normativa que permitía establecer valores referenciales.
Los valores de referencia para la exportación se conjugan con los valores criterio que ofrecen una herramienta para controlar abusos en las importaciones. Desde 2020, la DGA recuperó también esta herramienta y comenzó a fijar valores criterio para productos como los juguetes auriculares, tejidos, dientes artificiales, clavijeros para instrumentos musicales, y radiadores para calefacción central, al tiempo que también se complementaron los ya existentes para textiles de poliéster.
