El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín anunció que este lunes tuvo lugar la anteúltima audiencia del juicio por los vuelos de la muerte que partieron desde Campo de Mayo para exterminar y desaparecer los cuerpos de víctimas de la última dictadura cívico militar. Según los cálculos de los magistrados llegarán a un veredicto a fines de junio. Los acusados enfrentan pedidos de condena a prisión perpetua.

Antes de que comenzara el alegato del abogado defensor del acusado Delsis Malacalza, el último que se oirá en el juicio que comenzó en octubre de 2020, el presidente del TOF 2 de San Martín, Walter Venditti, anunció que “le queda sólo una audiencia a este debate”. Así, compartió con el resto de las partes conectadas por vía teleconferencia, que en la jornada del 13 de junio próximo –la semana próxima no habrá audiencia– será destinada a analizar dúplicas y réplicas de los alegatos de todas las partes y que, “en principio”, el juicio culminaría el lunes 27 de junio –el 20 es feriado.

Durante poco más de un año y medio, el juicio analizó las responsabilidades de un grupo de militares retirados en el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro personas, los estudiantes secundarios Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, que se sabe fueron secuestrados y mantenidos cautivos en Campo de Mayo, cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas y fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Al inicio del debate, que se llevó a cabo de principio a fin de manera virtual, fueron cinco los acusados: el jefe de Comando Institutos Militares y multicondenado por crímenes de lesa humanidad, Santiago Omar Riveros, y los militares retirados Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi. Éste último quedó fuera de juicio a principios de año, cuando su defensa lo solicitó debido a un deterioro irreversible en sus condiciones de salud.

A excepción de Riveros, el resto de los acusados eran pilotos militares, al momento de los hechos integraban diferentes áreas del Batallón de Aviación 601 que funcionaba en Campo de Mayo y llegaron a juicio acusados de participar en la organización y concreción de los vuelos que partieron de la pista de guarnición militar cargados de detenides desaparecides rumbo a la desaparición de sus cuerpos. Ninguno de ellos fue acusado de pilotear esas naves.

El TOF oyó durante varias decenas de audiencias los testimonios de familiares de víctimas y de un centenar de exsoldados conscriptos que durante la última dictadura cívico militar eclesiástica estuvieron destinados en esa dependencia del Ejército de 5 mil hectáreas localizada en la zona norte del gran Buenos Aires para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. Sus testimonios fueron la columna vertebral de la investigación que derivó en el juicio que está terminando por lo que presenciaron u oyeron.

A fines de marzo pasado, la Fiscalía solicitó al TOF número 2 de San Martín que imponga las condenas de prisión perpetua para los cuatro acusados, que revoque los beneficios de prisión domiciliaria de los que gozan y que exija al diario Clarín la rectificación de una información errónea publicada en 1977 sobre las víctimas y las circunstancias que rodearon a sus padecimientos “como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria”. El pedido de penas del fiscal federal Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly coincidió con las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y las que representan a familiares de víctimas particulares.