Desde Santa Fe
Omar Perotti habló ayer de la fallida licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe por la que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez persiguen a su ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. “La compra no se concretó”. “No hubo ninguna compra”, dijo el gobernador al dar entender que si la licitación no se hizo tampoco está probado el supuesto perjuicio a la provincia. “Los propios mecanismos del Estado dejaron sin efecto el proceso licitatorio, eso es de público conocimiento”, explicó. Perotti remarcó un hecho cierto, el mismo día que el juez Héctor Gabriel Candioti impuso a Sain la mitad de las medidas cautelares que solicitaron Hernández y Jiménez: redujo a 100.000 dólares el embargo de 200.000 que le pidieron los fiscales, pero aclaró que la medida sólo se aplicará cuando quede firme su resolución, que es apelable y rechazó la “alternativa” de quitarle el pasaporte y prohibirle la salida del país. Lo que sí le prohibió al ex ministro es acercarse a menos de 500 metros de los “denunciantes”, entre ellos el diputado radical Juan Cruz Cándido que responde a su jefe político, Maximiliano Pullaro, que es “querellante” en la causa. En la audiencia imputativa, Sain dijo que el operativo contra él y sus ex colaboradores era “una maquinación política” en la que participa Hernández y está “dirigida” por el jefe de éste, que es el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti.
Ayer, en una conferencia de prensa en la Casa Gris, Perotti fue consultado por el reproche de los fiscales a Sain por la fallida provisión de armas para la Policía de la provincia. La licitación no se hizo. “No hubo compras”, respondió el gobernador. “Hay una instancia judicial”, que se “definirá”. “Pero fueron los propios mecanismos del Estado”, los que dejaron sin efecto el proceso licitatorio. “Eso es de público conocimiento”. “Espero que todas esas cosas, con la actuación de cada de las áreas del Estado, tengan la claridad necesaria para quienes necesiten esos elementos”, agregó el mandatario.
Casi al mismo tiempo que Perotti explicaba un hecho cierto en la Casa de Gobierno; en Tribunales, el Ministerio Público informaba sobre la resolución del juez Candioti, que redujo a la mitad las medidas cautelares que solicitaron Hernández y Jiménez. Los fiscales habían pedido un embargo de 200.000 dólares; el juez lo bajó a 100.000, al cambio oficial, pero aclaró que recién se concretará cuando quede firme su resolución, que es apelable. Hernández y Jiménez también habían reclamado otra cautelar de gran impacto mediático, pero el juez la rechazó: no hizo lugar “a las alternativas relacionadas con tenencia y portación de armas y prohibición de salida del país con entrega del pasaporte”.
Lo que sí el juez le impuso a Sain es una perimetral, le prohibió el ingreso a los ministerios de Seguridad y de Economía y a dependencias de la Policía de Santa Fe y “no acercarse” a menos de 500 metros o “tener contacto” con los denunciantes y los testigos en la causa. Uno de los “denunciantes” es el diputado Cándido que responde a Pullaro, que fue el primer “querellante” aceptado en el proceso. Y acerca de los “testigos”, el propio Sain ha dicho –incluso en la Legislatura y con nombres y apellidos- que son militantes de la UCR.
El 16 de marzo, en la audiencia pública ante el juez de la Cámara de Apelaciones Sebastián Creus, el fiscal de Estado Rubén dijo -ante los fiscales Hernández y Jiménez y los abogados defensores- lo mismo que ayer remarcó Perotti. Que “la provincia no tiene ningún interés” en la causa abierta por una frustrada licitación para proveer armas a la Policía de Santa Fe, cuando Sain era ministro de Seguridad. En su momento, el hecho fue agitado por Arietti en sus denuncias contra Sain y también por Pullaro. El Poder Ejecutivo –dijo Weder- “no tiene interés” en este tema, porque “la propia administración dejó sin efecto el proceso licitatorio”, incluso antes de que lo ordenara un tribunal. “Los controles funcionaron”, subrayó el funcionario.
El 30 de marzo, en el fallo que ordenó el acceso irrestricto de las defensas a los documentos de la causa, el juez Creus mencionó los dichos de Weder, que la provincia “no tiene interés en la licitación de armas por cuanto” esa compra “se dejó sin efecto”.
