El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires clausuró este lunes un criadero ilegal de aves que funcionaba en una casa del barrio de Monte Castro. En el lugar se rescataron 24 ejemplares silvestres por un valor cercano a los 450.000 dólares,

El operativo, que estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, se originó a partir de una denuncia realizada por vecinos del lugar, una casa ubicada en la calle Cortina al 1400.

En este sentido, la unidad a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurián dispuso una inspección, en la cual se verificó el funcionamiento de un criadero ilegal de fauna silvestre y se logró individualizar siete amazonas aestivas (loros habladores), dos loros yacos africanos, cuatro guacamayos azules y amarillos, dos guacamayos rojos, tres tucanes, dos loros barranqueros, dos cotorras argentinas, y un pato de collar.

Sólo se pudo acreditar la trazabilidad de los ejemplares en tres casos, mientras que los restantes eran mantenidos en total clandestinidad, en condiciones deficitarias y sufriendo las condiciones climáticas actuales, ya que son aves de temperaturas tropicales.

Tras la clausura, se decomisó la totalidad de los 24 ejemplares hallados en dichas condiciones, y se labraron actas de comprobación por tenencia irregular de animales y actividad comercial o lucrativa sin autorización legal.

Por último, el titular de la UFEMA dispuso la detención de dos mujeres responsables del lugar, una de ellas mayor de 70 años y la otra a su cuidado, y las imputó por actos de crueldad animal y por infracción al Régimen de Tráfico de Fauna Silvestre, ordenando que permanezcan en el domicilio investigado.

Respecto a las aves, las mismas fueron trasladadas a la Reserva Ecológica Costanera Sur y al Bioparque Temaikén, a los fines de iniciar un proceso de evaluación de cuarentena y viabilidad de su reubicación en sus hábitats naturales.

Del operativo participaron el Área de Fauna de la Oficina de Coordinación Operativa del MPF, con intervención de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), la Dirección General de Fiscalización y Control Ambiental (DGCONTA), y el Departamento de Investigaciones de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.