La Corte Suprema se prepara para emitir fallos de alto impacto político y todo indica que algunos de ellos podrían ser resueltos antes de la feria judicial. La lista de temas incluye la medida cautelar sobre los fondos coparticipables para el funcionamiento de la policía porteña que le reclama Horacio Rodríguez Larreta al gobierno nacional; un paquete de grandes causas sobre jubilaciones; y el llamado “derecho al olvido” a partir de un planteo de Natalia Denegri, para que el buscador Google deje de mostrar de manera prioritaria como información suya los videos televisivos de los tiempos del Caso Coppola de los 90. Otro asunto caliente, que alimentó durante el fin de semana la pluma de columnistas de los diarios afines a la oposición, es el caso conocido como “Vialidad”, por el que es juzgada Cristina Fernández de Kirchner, que los supremos llevan tres años sin resolver y sobre el cual podrían dar una respuesta quizá no tan pronto como este mes, pero sí antes de que termine el juicio oral en unos cuatro meses. En cada uno de esos fallos y en la propia hoja de ruta está el sello de la nueva mayoría automática amarilla, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, ya directamente alineados con la oposición. Del otro lado queda Ricardo Lorenzetti que va y viene, marcando algunas diferencias.

CABA vs. Nación

Después del reclamo de un amplio grupo de gobernadores que pide un reparto equitativo de fondos, y que luego plantearon la necesidad de ampliar la Corte Suprema para darle un perfil federal, desde el tribunal dejaron trascender que se aprestan a resolver el reclamo del gobierno porteño que cuestiona la reducción del 3,5 al 2,3 por ciento de los fondos que recibe para seguridad y que Mauricio Macri había triplicado por decreto en 2016 con el argumento del traspaso de la Policía Federal. La Ciudad de Buenos Aires objeta tanto el decreto 735/20 de Alberto Fernández que dispuso ese recorte como la ley que le siguió, la 27.606, que fijó un monto de 24.500 millones de pesos anuales (por servicios de seguridad no federales) pero estipuló la apertura de una negociación --que no se concretó-- en un plazo de 60 días para acordar un monto.

En la última audiencia que se hizo ante el tribunal, el presidente supremo, Rosatti, anunció que si no lograban un acuerdo entre CABA y Nación la Corte resolvería primero la medida cautelar que pide Larreta. Tras siete intentos, no hubo acuerdo. La semana pasada el jefe de gobierno porteño presionó sin disimulo: “Si la Corte nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos” (así planteado el tema, en realidad, confirmaría que no necesita el dinero para seguridad, que era para lo que el expresidente otorgó el incremento coparticipable).

Ambas partes en este conflicto imaginan una salida salomónica y hay quienes creen que incluso podría darse a través de la cautelar. El gobierno nacional le presentó a la Corte el informe de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), el órgano que regula las cuestiones relativas a la coparticipación, que estipuló una cifra superior a la que se había definido en la ley: la CFI calculó en algo más de 43 mil millones de pesos anuales el total de fondos necesarios para seguridad en la CABA. Lo que sucede es que Larreta pide mucho más: 112 mil millones. Por esto una de las salidas imaginables es que haya una medida provisoria para que se le transfiera dinero a CABA en función de ese parámetro, que implica un monto mayor al que quedó en la ley, aunque menor al que reclama el gobierno porteño. Así, las dos administraciones podrían decir que ganaron en algo. Si la Corte concede la cautelar, algo debe definir sobre el dinero a transferir.

* Podría disponer que le den el 3,5 por ciento que reclama CABA.

* También puede resolver todo junto, la cautelar y la cuestión de fondo (aunque no es lo que se anunció), donde está planteada la inconstitucionalidad de la quita y cuestionada la ley.

* Siempre está también la opción de que los jueces rechacen la cautelar y luego se tomen un tiempo para definir el fondo.

Jubilaciones

En la Corte hay pendientes cerca de 7 mil reclamos vinculados con cuestiones previsionales. Siempre son temas de gran sensibilidad, que el tribunal tiende a dilatar, porque pueden implicar un elevado costo económico para el gobierno de turno, aunque como es sabido los jueces resuelven sobre un caso particular pero que luego tiene efecto cascada. Según pudo saber este diario, los cortesanos analizan dar solución a un “combo” de estos temas. El más significativo, porque tarde o temprano debería extenderse a todos los jubilados/as, es el que cuestiona un aspecto de la reforma previsional del gobierno de Macri, aprobada a fines de 2017, que implicó que los jubilados percibieran sus haberes por un monto un diez por ciento menor al que les correspondía. Fue un grotesco robo del macrismo. A la hora de pagar, se tuvieron en cuenta indicadores de octubre a diciembre de 2017 pero se dejó de lado el trimestre de julio a septiembre, por lo que el incremento de haberes abonado en marzo se limitó al 5,7 por ciento cuando debía ser del 14,6 por ciento.

Una de las demandas paradigmáticas por este tema fue planteada por el abogado experto en derecho previsional Miguel Fernández Pastor. Luego siguieron muchos reclamos similares.

Otro asunto que podría entrar en el paquete que estudia la Corte es el de los reclamos de jubilados/as que quedaron excluidos del aumento a través de bonos de hasta 12 mil  pesos que concedió el gobierno actual. El planteo es que quienes no los recibieron, que son los que cobran más de la jubilación mínima o dos mínimas, estarían perjudicados.

Olvido

Las versiones del cuarto piso de Tribunales indican que durante junio habría fallo sobre el llamado derecho al olvido, que hay quienes prefieren llamar "derecho a la supresión de datos personales”. Es una presentación de Natalia Denegri, actual periodista argentina-norteamericana, que vive en Miami, que reclama que Google excluya los videos de sus peleas en TV hace 30 años. Denegri argumenta que era menor, que fue involucrada por una maniobra ilegal --terminaron presos el juez, el fiscal y los policías que actuaron-- en la que ella fue reconocida como víctima y que por lo tanto no corresponde vincular su nombre, puesto en el buscador, con aquellas imágenes de violencia entre mujeres. Denegri no pide que se borren los videos. Ni siquiera pretende que no aparezcan cuando se googlea "caso Coppola", sino que insiste en que no puede ser que aparezcan como primera información cuando se googlea su nombre.

Las versiones indican que, pese a que consiguió que la Justicia le dé la razón en primera y segunda instancia, el fallo del máximo tribunal, impulsado por la mayoría automática amarilla --Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda-- se inclinará a favor de Google.

En principio se pensó que los cortesanos iban a aceptar los planteos de Denegri. Su abogado Martín Leguizamón sostuvo que Denegri era menor y se convirtió en persona pública por una ilegalidad en su contra. Igual, la versión indicaba que el máximo tribunal dejaría en claro que no existe el derecho al olvido para políticos, funcionarios o personas que, por su propia voluntad, se convirtieron en figuras públicas.

El rumor ahora es que esa intención inicial cambió en el proyecto formulado por Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda y que aceptarían la postura de Google de que imponer cualquier limitación vulnera la libertad de expresión. En Europa ya hay varios fallos que impusieron restricciones al buscador que, de alguna manera, se convirtió en el dueño del pasado de las personas. Existe en el Viejo Continente hasta un formulario en el que los usuarios pueden hacerle el pedido a Google de acogerse al derecho al olvido.

Rutas

Aunque es casi seguro que el fallo no saldrá en junio es muy probable que la Corte se pronuncie sobre el juicio por las rutas de Santa Cruz antes que el tribunal oral dicte sentencia. Por supuesto que los ministros guardan secreto sobre lo que resolverán.

El caso conocido como Vialidad llegó al máximo tribunal por tres cuestiones planteadas por Carlos Beraldi, abogado de CFK. En primer lugar, porque los imputados argumentan que todo ya fue investigado por la Justicia de Santa Cruz, que es la competente, y se concluyó que no hubo delito. Segundo, porque el Tribunal Oral denegó la realización del 80 por ciento de las pruebas pedidas por las defensas, incluyendo la más elemental de todas: un peritaje sobre el conjunto de las obras. Al final, ya empezado el juicio, se hicieron peritajes sobre cinco de las 51 obras cuestionadas. Y, en tercer lugar, porque intervino la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitantes de Mauricio Macri, cuando debía intervenir la Sala I.

Lo que ocurrió fue muy recordado. La Corte pidió el expediente 24 horas antes de iniciarse el juicio lo que provocó títulos furiosos de los grandes diarios: querían, sí o sí, la foto de CFK en el banquillo de los acusados. Los cortesanos evidentemente se dejaron presionar y de inmediato le devolvieron la causa al tribunal oral, pese a que era obvio que las audiencias no debían empezar sin haber evacuado las objeciones de las defensas. Aun así, pese a las maniobras de la alianza judicial-mediática alineada con Juntos por el Cambio, el Frente de Todos igual ganó las elecciones de aquel año, 2019.

Todo indica que ahora, tres años después, la Corte dirá que no había sentencia definitiva y que, por lo tanto, intervendrá una vez que el Tribunal Oral dicte su fallo. Este fin de semana, los grandes medios hicieron lobby argumentando que había pruebas sólidas, pero la realidad es que, en tres años de audiencias, el nombre de CFK no se escuchó ni una vez y los testigos destrozaron la acusación. La lógica es que el Tribunal Oral se pronuncie en octubre o noviembre, teniendo en cuenta que todavía faltan los alegatos.