La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a un año y seis meses de prisión en suspenso y la obligación de hacer un curso sobre ética pública que en 2021 recibió Cristian Daniel López, un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri juzgado por el delito de admisión de dádiva por haber recibido como regalo un costoso reloj por parte de un contratista.
El hecho por el que fue López llevado a juicio ocurrió en 2017. Ese año, el exfuncionario macrista renunció a su puesto en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a raíz de un sumario interno que detectó que había omitido consignar en una declaración jurada que había tenido causas judiciales abiertas en su contra.
Al desvincularse del organismo, López entregó el auto que se le había asignado en su rol de "director de Planeamiento". Para sorpresa de quienes hicieron la revisión del vehículo, en el interior del mismo se encontró una factura de compra de un reloj de más de cien mil pesos (siete mil dólares al cambio en esa fecha) adquirido en un shopping porteño. La factura estaba emitida a nombre de un arquitecto que había obtenido un contrato en el organismo.
En ese momento, el ex funcionario aseguró que fue él quien compró el reloj y explicó que para evitar problemas con su esposa por lo excesivo del gasto le pidió al contratista --a quien conocía de su entorno privado-- que lo dejara emitir la factura a su nombre. "No quería recibir un reproche", indicó entonces.
Tras el hallazgo, los responsables de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentaron una denuncia. En marzo de 2021, el juez federal Sebastián Casanello lo condenó tras un juicio oral a un año y seis meses de prisión en suspenso. Además, se ordenó que el ex funcionario quede inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años y la realización un curso sobre ética pública de 50 horas "dictado por una personalidad o entidad públicamente reconocida".
La defensa apeló el veredicto de Casanello al sostener que "omitió deliberadamente datos de relevancia y tergiversó la interpretación que corresponde efectuar de las diversas probanzas incorporadas al juicio, fundamentando su resolución en prueba meramente indiciaria".
Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, confirmó la sentencia contra López al considerar probada la "responsabilidad del condenado".