La escena de Lázaro Báez entrando a Comodoro Py, cercado por penitenciarios y agentes del Grupo Especial de Intervención, con casco y chaleco antibalas, se repitió ayer cuando fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza para su cuarta indagatoria en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero. El empresario se negó a responder las preguntas de Sebastián Casanello y pidió la nulidad de la citación, que había sido indicada por la sala II de la Cámara Federal en una resolución que frenaba la elevación a juicio e indicaba profundizar la investigación buscando el origen ilícito del dinero en la obra pública y apuntar a la Cristina Kirchner.

Báez, preso desde abril de 2016, ya tiene dos procesamientos y ayer estaba citado a declarar por delitos precedentes al lavado de dinero. El año pasado la Cámara le dijo a Casanello que tenía que apurarse a elevar la causa a juicio oral, y cuando lo hizo, le dijo lo contrario: que todavía faltaba investigar. La defensa de Báez, encabezada por Maximiliano Rusconi, evalúa que con lo que Casanello le imputó al empresario hasta ahora, que son facturas apócrifas, no se sostiene la causa. La facturación trucha representa alrededor del 5 por ciento de todo lo que se le atribuye haber lavado. La fiscalía señalaba, para la indagatoria de ayer, 60 millones de dólares. Por esa razón suponen que la Cámara le dijo al juez que debía tener en cuenta como “delito precedente” las maniobras que otro juez, Julián Ercolini, consideró en otra causa que se hicieron para favorecer con contratos de obras, en especial de vialidad, a Báez. Ercolini procesó al empresario y a Cristina Kirchner, entre otras personas, por asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

La vieja ley de lavado exigía demostrar el delito que antecedió a la maniobra de blanqueo de dinero, el que le dio origen. Desde 2011 esa norma cambió, y no hace falta demostrarlo. La defensa de Báez sostiene que por la directiva que impartió la Cámara Federal, la indagatoria de ayer pretendía interrogarlo sobre hechos por los que ya está procesado y que, de todos modos, no precisaron qué pruebas hay ahora en su contra.

Báez entregó un escrito en el que niega haber lavado los 60 millones en cuestión y, además de pedir que se anule la indagatoria, planteó el apartamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano antilavado que el gobierno de Mauricio Macri pasó a la órbita del Ministerio de Economía, que en esta causa entregó “reportes de inteligencia” para mostrar que los hijos de Báez en teoría manejaban cuentas en Suiza. Ese tipo de reportes, dice el escrito, no pueden ser utilizados como prueba en una causa penal. La UIF incluso en esta causa llegó a pedir indagatorias –algo de lo más inusual–, entre ellas las de los Báez y la de CFK. El empresario también cuestionó la validez de la información enviada por Suiza, sobre las cuentas operadas por la familia.

La de Báez fue la última declaración de una ronda de 27 imputados, incluidos los hijos del empresario, directivos de Austral Construcciones, el contador Daniel Pérez Gadin, el financista Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Para la defensa es llamativo que a todos ellos se les leyó la misma imputación, que de todos modos, es –entienden– indefinida.

La semana pasada la Cámara Federal rechazó un planteo de la UIF que reclamaba la indagatoria de CFK, porque dijo que no alcanzaban las pruebas, pero les dijo enfáticamente otra vez al juez y al fiscal que la investiguen y que busquen las pruebas en otros expedientes, en alusión a los de la obra pública. Fue una clara exhibición del objetivo de fondo, que la indaguen a como dé lugar, con la insólita sugerencia de que busquen las pruebas.