“La cultura no es un adorno” dice enfáticamente Silvia Maturana, la realizadora cuya película Operación chocolate –sobre la operación mediática que enmascaró la guerra de Malvinas tras un manto solidario que nunca amparó a los soldados en las islas, a quienes nunca les llegaron las cartas ni los chocolates— se exhibió estos días en el Festival internacional de Cine Político. “La cultura genera trabajo para más de un millón de personas” agrega la documentalista, este miércoles al mediodía, desde la esquina de Rivadavia y Callao. Detrás de ella, sobre las rejas del Congreso de la Nación, decenas de afiches de películas que reflejan la intensa actividad del cine en la Argentina le dan la razón: la cultura genera puestos de trabajo, “identidad” agrega Maturana, y no es eu “gesto ornamental”, insiste.

En la misma vereda, un trovador improvisa un tango donde la idea de “soberanía cultural” remataba cada estrofa mientras otros activistas llegan a la cita: Fernando Spiner, Elvira Onetto, Norberto González, Ernesto Ardito, Marcelo Goyeneche, Teresa Saporiti. Son directores de cine, actores, músicos, representantes de Bibliotecas Populares y de medios comunitarios, de los Institutos de la Música y del Teatro quienes se autoconvocaron bajo la consigna “La cultura no caduca”.

En reclamo por el tratamiento en Diputados del proyecto de Ley que “prorroga por 50 años los fondos a las actividades culturales” –también conocida como ley de fomento a la industria cultural— los hacedores de cultura exigen que Diputados trate el proyecto que ya tiene dictamen de mayoría. “Al no haber sesiones ordinarias, debe tratarse en extraordinarias” explicó a este diario la diputada jujeña Carolina Moisés, quien presentó el proyecto junto a Pablo Carro, del Frente de Todos.

Poco antes de comenzar la conferencia de prensa donde argumentaron sus posiciones, el documentalista Pablo Espejo señala ante Página/12: “Es un derecho adquirido y tiene fecha de caducidad para fin de año. Queremos la prórroga por 50 años y sortear la propuesta del canalla de (Hernán) Lombardi que propuso dejarla en 8 años, porque según él, 50 es una eternidad”. Mientras se sigue discutiendo la extensión en el tiempo del fondo de fomento “los documentalistas seguimos atados a la normativa del INCAA macrista” sostiene Espejo. Por caso “nuestros documentales se pasan a las cuatro de la tarde y solo en cines INCAA, los medios públicos no los toman y para colmo de males, las plataformas no tributan” definió, sintetizando la complejidad de la escena.

Para muchos, como el realizador Ernesto Ardito –Raymundo y Sinfonía para Ana, entre otros títulos— la necesidad de establecer una temporalidad mayor significa poder planificar. “Se discute la fecha de caducidad, cuando lo que cuesta en la industria es poder planificar” razona Ardito, exponiendo la paradoja que atrapa lo económico en definiciones políticas. Una película puede llevar cinco años de producción, explica.

“El proyecto que se discute detrás de esta ley tiene que ver con la cultura de un país, es un proyecto cultural que recupera la memoria y permite pensar el futuro” define Ardito. Y saca del “falso debate” el tiempo de caducidad del fomento, para centrar la discusión en los objetivos de la ley: “producir cultura”, insiste. A su lado, Fernando Spiner –director de Aballay y La boya entre otras piezas memorables— avanza: “No hace falta explicar la importancia de esta ley, ahora estamos encaminados hacia la prórroga de la fecha de caducidad, dejando en eso nuestra huella, para revitalizar nuestra cultura” sostiene. “Sin esto verdaderamente estamos en el horno” remata.

Uno de los integrantes de la Asociación de Directores de cine documental (ADN), Adrián Jaime, lo explica: “Exigimos el tratamiento en sesión porque tenemos los votos para lograrlo, hay consenso salvo con el PRO”. En sus palabras “el apagón cultural” que significaría no prorrogar a esta ley, se sostiene desde la oposición política: “Esto es una industria y ellos que son defensores de las empresas no aceptan justamente un proyecto que promueve los emprendimientos culturales”. Como ejemplo remite a la industria tabacalera, donde el margen es de 70 años para el fomento que sostiene al sector.

Pero la reparación que esta ley puede ofrecer “solo nos saca la soga del cuello” grafica Jaime. “Lo que cambiaría realmente la situación sería que las plataformas comenzaran a tributar”. Se refiere a YouTube, Netflix, Amazon, Spotify. “Si una plataforma hoy tiene un millón de suscriptores y cada uno paga en promedio mil pesos por mes, se facturan montos millonarios. Podrían tributar como en Francia, un 23 por ciento; o como mínimo un 4 por ciento como en Suiza, que comenzó a pagarlo este mes votado por su congreso” reseña Jaime. Mientras la trovadora Paula Ferré toma el micrófono para cerrar con música la jornada.