“Necesito que no me saquen del programa de protección de testigos, tengo miedo”, solicitó Raimundo Oscar Monsalvo, un ex policía que fue testigo de la causa AMIA y de juicios que investigaron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, tras conocer a fines de la semana pasada que le fue quitada la custodia de Gendarmería así como el resto de las medidas de seguridad con las que contaba desde 2014. El juez de instrucción federal número 3, Daniel Rafecas, consideró que no se registraron “situaciones de peligro vinculadas a su calidad de testigo” que ameriten la continuidad de su incorporación en el programa.

“Han pasado más de siete años, sin que se haya registrado una situación que amerite profundizar, e incluso mantener las medidas de protección que se hubieren dispuesto”, apuntó Rafecas en la resolución con la que, el 27 de mayo pasado, dio de baja las medidas de seguridad con las que contaba Monsalvo desde 2014.

En los comienzos de la década de 2000, Monsalvo se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos a contar lo que había visto durante la última dictadura, cuando daba sus primeros pasos como agente de la Policía bonaerense. Entonces, contó que durante una serie de guardias que debía cumplir en el marco de su formación policial, observó en las inmediaciones de lo que luego se supo fue el centro clandestino Puente 12 la existencia de pozos donde “quemaban neumáticos, basura y algo más porque el olor era muy raro”. Contó, además, que durante una de esas guardias vio a una “nenita de 15, 16 años, engrillada de pies y manos” detenida en el lugar.

Años después fue convocado a declarar como testigo en el marco de la causa sobre los hechos vinculados a los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino, que dirigió el juez Rafecas.

A instancias de la Secretaría de Derechos Humanos, Monsalvo también relató que en 1980, mientras prestaba servicio como policía en el Comando Radioeléctrico de San Martín, fue enviado en servicio a Campo de Mayo, en donde durante algunos meses acompañó a una patota de represores, integrantes del Batallón de Inteligencia 601 de la guarnición militar, a identificar personas en micros de larga distancia. De esos operativos participaban, obligados, varies detenides desaparecides: identificó Monsalvo, entre elles, a Ricardo “Pato” Zucker, que está desaparecido. Por estos hechos, el ex policía declaró en la causa de instrucción y en el juicio que se llevó a cabo por los crímenes contra militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros.

Monsalvo también fue testigo de la investigación que llevó a cabo el ex juez Juan José Galeano sobre el atentado a la AMIA. “Desde entonces no cesaron las amenazas, y cuando empecé a contar lo que vi en la dictadura, se intensificaron”, dice en diálogo con este diario quien fue exonerado de la fuerza en 2006. Así, se mudó a General Conesa junto a su esposa. Pero en 2014 debió establecerse nuevamente en las cercanías de la Ciudad de Buenos Aires debido a que enfermó y necesitaba tratamiento crónico.

“Volvieron las amenazas”, contó. Por pedido de él, Rafecas ordenó en agosto de 2014 la intervención del Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en Grado de Exposición de la provincia de Buenos Aires, para que se “adopten las medidas necesarias para mantener contacto con el testigo, mediante la provisión de un bíper y/o teléfono celular”.

En 2019, Monsalvo volvió a denunciar amenazas: “Me marcaron la casa, me seguían, que me sacabn fotos, me dejaron una granada en el auto”, contó. Y así lo denunció ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pidió nuevamente intervención de Rafecas. Así, en abril se lo incorporó al Programa de Nacional de Protección de Testigos, se le designó una custodia policial provisoria, se le colocaron cámaras de seguridad y rejas perimetrales en la vivienda.

Pero en junio, la cosa se puso peor. “Con botón antipánico y monitoreo de Nación, pero ya sin custodia policial, en junio sufrí un episodio muy duro. Entraron tres tipos a mi casa con armas cortas y armas largas. Pensé que era un asalto y les dije que solo tenía el televisor y una cajita donde guardaba documentación, pero me respondieron ‘vos ya sabés por qué venimos, llegó tu hora’. Me hicieron arrodillar, me martillaron la pistola, me habían tapado la cabeza y me habían atado de manos y pies. Pero se fueron. Primero solo con el teléfono celular mío, luego volvieron y se llevaron la tele y el auto”, relató.

Para Monsalvo, no se trató de un intento de robo sino de un “apriete”. El Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad bonaerense, en cambio, consideró que “no pudo establecerse que dicho hecho delictivo posea relación alguna con la causa por las cuales se requiriera su incorporación” en las medidas de protección. Y así lo expresó ante la consulta que en mayo pasado realizó el juez en el marco de la revisión de las medidas de protección para Monsalvo: “Desde su incorporación a la fecha esta Sección no ha documentado hechos y/o acontecimientos relacionados en forma directa con la causa de origen que ocasione activación o puesta en marcha el protocolo de seguridad”. En la misma línea se expidió el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En base a esos informes, Rafecas consideró que desde el inicio de las medidas de seguridad “no existieron hechos relevantes en lo que respecta a la seguridad de Monsalvo que estén relacionados de alguna forma con la causa que dio origen a la intervención”, por lo que ordenó que sean dejadas sin efecto.

La evaluación de Monsalvo es otra: “Tengo miedo de que me maten por todo lo que conté. Necesito seguir en el programa”, aseguró.