En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se sancionó una ordenanza que incorpora un inciso al artículo 9 de la ordenanza Nº 13.930, sobre la información que los órganos de la administración del Estado Municipal deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos. Con la aprobación del proyecto, los funcionarios que integran la planta política superior, desde la intendencia hasta las secretarías municipales, deberán publicar sus curriculum vitae.

El concejal Pablo López (JxC+), autor del proyecto, justificó la iniciativa aduciendo que es importante que "el vecino pueda saber quiénes ocupan los cargos", ya que "los secretarios no son elegidos por el voto popular”, como sí sucede con los legisladores y los jefes comunales. En ese sentido, dijo que corresponde "que el vecino sepa quién es quién", dando por sentado que se accede a esa posibilidad solo conociendo los curriculum vitae. 

Para justificar su argumento, se refirió al caso de Marcos Vera, ex director de la UDAI Sur Salta, una de las delegaciones de la Anses en la provincia. El edil recordó que Vera asumió ese cargo siendo diseñador gráfico. Si bien López sostuvo que le deseó la mejor de las gestiones, afirmó que Vera "terminó demostrando la ineptitud para ese cargo", lo que derivó "en su corrimiento del lugar". 

Acto seguido, se de ejemplo a sí mismo; dijo que él, siendo profesor de lengua, "jamás" sería visto ocupando el cargo de secretario de hacienda de la Municipalidad. "Cada uno tiene una especialización o rubro donde puede rendir", expresó. La iniciativa deja en claro una visión simplista sobre el ejercicio político, pues hace suponer que un título o idoneidad vinculada a un determinado cargo, sería el único requisito que garantizaría una "buena" gestión, cuando en realidad la gestión política también conlleva otros factores, como los intereses que persigue cada gestión de gobierno. 

López dijo que poder acceder al curriculum vitae de los futuros funcionarios permite saber cómo está conformado un equipo de gobierno, como "lo está haciendo actualmente" el gobierno de Gustavo Sáenz. Con esa presentación, "uno puede averiguar quién lo está gobernando". "Capaz si tenemos un chef en la Secretaría de Hacienda, es bueno saberlo", cerró durante la defensa del proyecto ante sus pares. 

José García, jefe de bloque de Unidos por Salta, disintió. Si bien reconoció que es pertinente pensar en la idoneidad de quienes están al frente de determinadas áreas, entendió que resulta también importante la identidad de ese representante, que debe verse reflejada cuando le toque defender proyectos e intereses de los vecinos. "También es importante contar con la representatividad de los ciudadanos”, expresó. 

Sin embargo, para la concejala Agustina Álvarez (JxC+), "la formación académica es muy importante", pues le daría a los representantes herramientas y conocimientos para la gestión. "No estamos hablando de personas que sólo se limiten a conocer a sus ciudadanos, sino que estamos hablando de personas que día a día deben tomar decisiones muy importantes", se justificó. 

Álvarez acentuó el discurso simplista de su compañero de bloque y afirmó que "la formación académica proporciona conocimiento y la expertís necesaria para la toma de decisiones". "Por eso es que se pide un curriculum vitae completo", manifestó, siguiendo con la mirada academicista. Defendió la importancia de contar con una trayectoria académica al sostener que le otorga a los funcionarios un mayor panorama, "no sólo de la realidad, sino de aquellas cuestiones que hacen al conocimiento necesario para ejercer determinado trabajo". 

Saber cuántas son las adjudicadas

Por otro lado, sobre tablas, se aprobó un proyecto de resolución impulsado por José Gauffín, jefe del bloque de JxC+, que pretende saber cuál el estado de regularización dominial de las viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). En ese sentido, solicitaron que ese organismo remita información relacionada a las viviendas construidas y adjudicadas en la ciudad de Salta. 

Los datos requeridos son: detalle de todos los grupos habitacionales, indicando cantidad, localización y si se encuentran pendientes de aprobación por falta de documentación técnica correspondiente a su arquitectura y/o de su urbanización, que impidan su aprobación y escrituración definitiva; y detalle de los grupos habitacionales que tienen expedientes de aprobación en trámite en la Municipalidad de Salta.

El concejal Gauffín se refirió al objetivo que persigue la propuesta, y sostuvo que "se busca conocer el estado de la tramitación de los legajos técnicos que terminan en la asignación de una matrícula de un catastro a cada vivienda que ejecuta el IPV”. Hasta el momento, el edil dijo que tienen conocimiento de que son 10 mil las viviendas. 

Si bien comentó que "es un número que no es preciso, se acerca bastante a la realidad", teniendo como puntos de referencia las viviendas entregadas en Capital y "que por distintas causas aún no tienen terminado el trámite ante Dirección de Inmuebles, ni cuentan con la titularidad definitiva”. Al respecto agregó que "las causas son variadas, porque puede ser desde la titularidad de la tierra en donde se hizo el complejo habitacional, burocracia municipal o puede ser por alguna excepción”.

El concejal insistió en que se quiere "conocer perfectamente" el estado de situación de "toda esa cantidad enorme de viviendas y ver de qué manera podemos involucrarnos como Concejo”.