Veinte familias trabajadoras se encuentran asentadas en terrenos fiscales de Coronel Moldes. Según dijeron, lo hicieron ante el déficit habitacional y la imposibilidad de poder pagar un terreno con sus bajos ingresos. 

Integrantes de esas familias contaron que pidieron al intendente Omar Carrasco una respuesta ante las problemáticas que afrontan en el lugar, entre ellas, la falta de agua y luz, pero éste los denunció por usurpación. Además, una pareja manifestó que dos funcionarias municipales la presionaron para que se retire del lugar a cambio de un alquiler solo por seis meses o les harían quitar a lxs hijos por encontrarse en situación de calle.

Coronel Moldes se encuentra en el departamento La Viña, a 62 kilómetros de la Ciudad de Salta, en la zona de las Valles Calchaquíes. 

Guadalupe V., una de las vecinas que se encuentra en el asentamiento junto a su pareja, explicó a Salta/12 que ambos son trabajadorxs del tabaco, como otras personas asentadas, que trabajan por temporadas y ganan solo $1.500 diarios. Con esos bajos ingresos no pueden comprar un terreno en el mercado inmobiliario. La mujer dijo que está hace dos meses en la toma, “el alquiler esta caro, no tenemos donde vivir”, sostuvo. Relató que limpiaron el terreno y están “construyendo un ranchito de cartón”.

La vecina contó además que cuando termina la temporada del tabaco, se quedan sin trabajo; entonces algunos trabajadores encuentran changas en la construcción, o en la producción de ají. Dijo que en la toma hay madres que crían sus hijxs solas. También indicó que del total de las familias “debe haber más de 30 niñxs”.

“Nos estamos quedando aquí. Vinimos por la necesidad de tener un lugar donde vivir. El intendente no nos quiere dar el agua. Tuvimos una reunión con él, nos dijo que no nos puede negar el agua, que no nos puede sacar de ahí. Después nos denunció, por usurpación del terreno”, sostuvo Guadalupe.

La vecina dijo que el viernes fue la secretaria de Desarrollo Social, Rosaura Navarro, acompañada por otra mujer, a presionar a una de las familias que tiene hijas con discapacidad para que se retiren del lugar. “Rosaura le dio a 4 familias unas frazadas, 6 botellitas de agua de 2 litros y dos medias, fue con la intención de decir que nos iba a ayudar. No nos ayudó, fue, sacó fotos. Dijo que iba a ser para una asistente social de Salta pero fue para sacarlo a Felix (otro vecino) y a las demás familias. La policía nos está pidiendo los datos”, manifestó Guadalupe.

La vecina explicó que en el espacio en el que se asentaron la gestión municipal anterior había entregado lotes sociales pero quedaron 19 sin adjudicar, que son los tomados ahora. “(El intendente) No quiere dar los terrenos. Tampoco los queremos gratis, queremos cuotas accesibles. Él no quiere venir, hasta el momento no quiere dar una solución”, sostuvo.

Salta/12 intentó comunicarse con el intendente Omar Carrasco, pero no obtuvo respuesta.

Amenazas y presiones 

Félix (42 años) y Jorgelina (25) conformaron una familia ensamblada y están a cargo de cuatro hijxs de 17, 13, 10 y 4 años de edad. Dos niñas, la de 17 y la 10 de años, tienen discapacidad, una presenta una enfermedad autoinmune y la otra nena tiene etraso madurativo.

El vecino explicó a Salta/ 12 que el viernes la funcionaria municipal Rosaura Navarro, junto a otra mujer, le propusieron que el municipio les alquilaría una casa durante seis meses, con la condición de que se fueran de la toma. “Por alquiler no me voy a ningún lado. Me dijeron 'si no firmas, atenete a las consecuencias con tus hijos porque te los vamos a quitar,”, contó.

Félix dijo que el lunes fue una asistente social de la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia, a quien desde la municipalidad le habrían notificado, “que los chicos estaban golpeados”. “Vino a verlos, los vio en buenas condiciones. La asistente social es Paola Ochoa. Ella nos trató bien, dijo que vería si podía arreglar las cosas con el municipio”, sostuvo el padre.

El hombre contó que está construyendo un piso, para poner una casilla prefabricada, pero desde la municipalidad quieren que pare la obra. 

La Secretaría de Niñez y Familia informó a Salta/12 que realizó el relevamiento de la familia de Félix y Jorgelina, y verificó que “están bajo cobertura de distintos programas”. Respecto a los temores de la pareja, la Secretaría informó que les explicaron que “no pueden separar a la familia”.

Jorgelina contó a Salta/12 que ahora está embarazada, y ella es madre de la nena de 10 años con retraso madurativo. La mujer relató que cuando su hija tenía 2 años y 9 meses, el Estado la judicializó y le quitó la guarda porque habían quedado en situación de calle luego de un hecho de violencia familiar protagonizado por un hermano. Dijo que recuperó a la niña cuando cumplió los 4 años. La mujer sostuvo que las funcionarias municipales “se han enterado” y usaron esa situación para intimidarla a ella y su pareja, diciéndole: “que me atenga a las consecuencias”.

“Son terrenos fiscales. Hay más familias con niñxs. Nosotros tenemos las chicas con discapacidad, no sé por qué se la agarraron con nosotros”, sostuvo la mujer. “Vino la asistente social (de la provincia) por mentiras respecto a que los chicos estaban maltratados, en situación de calle”, añadió.

Jorgelina explicó que ella es ama de casa y su pareja es herrero, con sus ingresos no pueden comprar un terreno a precios de mercado. Sin embargo, reclaman el acceso a un lote social y se ofrecen a pagarlo en cuotas.

Por su parte, Guadalupe dijo que el municipio apunta contra Félix porque lo consideran “como cabecilla”. “Quieren sacarlos a ellos, para avanzar con nosotros”, manifestó.

Salta/12 consultó al Ministerio Público Fiscal pero no obtuvo información respecto a la denuncia por usurpación.