“No tienen derecho a matarnos, mamá. Nosotras no tenemos la culpa, pero un día salimos y no volvemos”, le decía Luna Ortiz a Marisa, su madre, a fines de abril de 2017, cuando se enteró por la tele del femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada y sepultada bajo los escombros de una casa de José León Suárez. Apenas un meses después, el 3 de junio, mientras el país se movilizaba por NiUnaMenos, Luna aparecía muerta con signos de abuso sexual y sobredosis, a pocas cuadras de su casa de Tigre, en lo de un vecino, Isaías Villarreal, condenado a 14 años de prisión, pero que saldría libre precisamente este 3J, en un nuevo aniversario de NiUnaMenos, por la cantidad de irregularidades cometidas durante la investigación.

-Los mismos jueces del TOC 7 que condenaron a Villarreal hoy lo dejan en libertad. Era de esperar, la Justicia libera a los femicidas -toma nota Marisa, mientras se acomoda con dificultad en la silla, apenas recuperada de una operación que la retuvo dos meses en coma, y de un despertar en el que jura que su hija le pidió que siguiera adelante, por todas y por Fausti, el hermano menor que Luna cuidaba mientras la familia iba a trabajar.

Hoy, desde temprano, Marisa y su esposo Facundo, junto con familiares y amigues de otras adolescentes y mujeres que desaparecieron o fueron asesinadas en ese territorio, lanzan una campaña nacional de Justicia por Luna, contra la excarcelación de Villarreal y para exigir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea la causa y dé a lugar a la figura del femicidio, resistida desde el primer momento por el fiscal de género de Tigre a cargo, Marcelo Fuenzalida, que caratuló la causa como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”.

El 4 de abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a su cómplice, Pablo Paz Gutiérrez, por abuso sexual seguido de muerte. Ante un pedido de la defensa, la Sala Primera del Tribunal de Casación penal de La Plata, que integran Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, falló a favor del cambio de carátula por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real por homicidio imprudente”, lo que posibilita la excarcelación de Villarreal en estos días, a quien además se le había dictado condena recién dos años después de cometido el crimen.

“Desde el primer día, cuando los patrulleros llegaron a mi casa para decirme que mi hija estaba muerta, hasta ahora, la Justicia y la policía hicieron todo mal”, lamenta Marisa mientras sujeta el cartel con la imagen sonriente de Luna, “una piba rolinga”, sonríe su madre, que remaba cada día la necesidad de encontrar un trabajo y un futuro. “Era luchadora, contestataria, rebelde, discutidora, amorosa y feminista. Protestaba si yo atendía demasiado a los varones de la casa, y encajaba el pañuelo verde en medio de la mesa mientras te miraba a los ojos y decía ´esto no es una pavada´. Ya lo creo que no.”

Luna Marianella Ortiz salió de su casa de Benavídez el viernes 2 de junio de 2017 para presentarse a una convocatoria de empleo en la zapatería del barrio. Apareció muerta al otro día, cuando miles de personas marchaban por Ni Una Menos, en la casa de Isaías Villarreal, un conocido de las redes. Las cámaras de seguridad del Casino de Tigre registraron cuando la sacó de ahí a rastras, casi desvanecida, y lo siguieron en una gira por diferentes lugares, hasta perderse en Villa Garrote. El contexto de precariedad convirtió a Luna en un problema menor para la Justicia, entonces encarnada en Fuenzalida, y para la policía, que resumió “muerte por sobredosis”, y agregó una foto impresa en blanco y negro de su rostro con los ojos cerrados. “Mi marido no entendía nada, creyó que estaba dormida”, recuerda Marisa. Nadie quiso comunicarles dónde estaba el cuerpo de Luna: los obligaron a recorrer con penosidad comisarías, morgues y otros lugares que prefieren olvidar, pero cuando finalmente se les habilitó la información, por orden del fiscal no pudieron identificar el cuerpo hasta después de la autopsia. A Luna la entregaron lavada y prolija, los golpes en el cuerpo tapados con maquillaje. “Le juré al oído que no iba a parar hasta hacer Justicia por todo lo que sufrió”, relata susurrando, como si reconociera el peligro. Afirma que la muerte de su hija podría desenmascarar una connivencia política, judicial y policial con el poder narco local y la trata de adolescentes para explotación sexual.

“Villarreal intercambió a mi hija como mercancía y la vendió por cocaína, y no tengo dudas de que siguió operando con esta modalidad desde el penal de Magdalena, donde estaba preso, y se mantenía activo en Facebook bajo el nombre de Adrián Osorio, contactando a otras chicas”, asegura Marisa, que también espera abrir una causa por trata y explotación sexual.

-Ahora cómo hago, estoy pensando que me tengo que ir del barrio -repite con angustia. Le revuelve el estómago la furia de saber que va a cruzarse con Villarreal y su entorno en las veredas y en la plaza donde ranchan. La voz se le vuelve un hilo de preguntas: ¿Con qué plata vamos a pagar un alquiler? ¿El Poder Judicial va a garantizarme seguridad? ¿Van a seguir captando a las chicas como captaron a mi hija? ¿Qué va a hacer el Estado para que dejen de abusar y matar a chicas y chicos todos los días?  

Pero el cuerpo de Luna, al decir de Claudia Masin, no es materia sumisa; narra embravecido cuantas veces sea necesario la memoria del dolor y de la muerte que, como decía en la cocina de su casa, nunca se buscan. Esa memoria en tiempo presente hace huella para sí, para las que no están y para todas las que siguen en pie y no se conforman con ser sobrevivientes. Memoria imprescindible y luminosa, que Marisa abraza en la cantidad inesperada de mariposas y colibríes que la rodean cuando va al río. “¿Será ella, que quiere avisarme que está conmigo?, ríe aniñada. “Sí, es mi chiquita dándome fuerzas para ir por un nuevo juicio que haga honor a la vida digna que mereció vivir.”