Desde Santa Fe
El juez Gustavo Urdiales condenó ayer a tres años de prisión al ex administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, por los delitos de “estafas por administración fraudulenta” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. No irá preso. La condena es de ejecución condicional, pero incluye dos accesorias: el pago de una multa de 8 millones de pesos (cinco millones para el Ministerio Público y tres como resarcimiento para el Ente portuario) y la “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”. Vorobiof es un conocido empresario del círculo rojo santafesino que llegó al gobierno de Hermes Binner en 2010, de la mano de los radicales, entre ellos el entonces intendente de Santa Fe, Mario Barletta (hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio) y su mano derecha, José Corral. Y desempeñó su cargo hasta agosto de 2014, cuando el gobernador Antonio Bonfatti le aceptó la renuncia.
Urdiales firmó la condena en un juicio abreviado, que se pactó entre la fiscal Barbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos y el abogado Roberto Busser, defensor de Vorobiof. El juez Urdiales homologó el acuerdo en el que el imputado se declaró culpable y aceptó la pena de tres años de prisión condicional, la multa de los 8 millones y la inhabilitación de por vida para ocupar un puesto en el Estado.
La investigación se inició en 2013, en el viejo sistema penal, que era escrito y finalizó ayer, en una audiencia oral. La primera denuncia la hizo la ex gerenta de Administración y Finanzas del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Victoria Lascurain. En 2014, una comisión investigadora de la Legislatura –que presidía el diputado peronista Leandro Busatto- destapó los desmanejos de Vorobiof. En 2017, Busatto pidió que la provincia se presentara como querellante en la causa, pero eso nunca ocurrió. Y en 2018, con la puesta en marcha del nuevo sistema penal de la provincia, el legajo pasó al sistema conclusional de causas y finalmente fue remitido a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.
En el juicio abreviado, Vorobiof se declaró culpable. “El condenado reconoció y admitió su culpabilidad en los hechos atribuidos por la Fiscalía”, dijo la fiscal Ilera, quien explicó que la sentencia es por "cuatro cuatro hechos ilícitos”.
“Dos de ellos fueron encuadrados en la calificación penal de negociaciones incompatibles con la función pública. Adjudicó obras en el Puerto de Santa Fe a dos empresas, cuyos propietarios o administradores eran familiares suyos”. Y una de esas dos sociedades había sido creada por él mismo, a pesar de que en el contrato social figuraban otros titulares”, reveló la fiscal. “Las obras adjudicadas a las esas dos empresas” no llegan a los dos millones de pesos.
“Los otros dos ilícitos fueron calificados como estafas por administración fraudulenta”, dio la fiscal. “El condenado promovió y fomentó que el Ente asumiera un contrato con una unión transitoria de empresas y que firmara otro contrato con una sociedad anónima para finalizar las tareas que nunca hizo el primer grupo empresario”.
“En ambos casos, Voroviof generó un perjuicio patrimonial al Ente que dirigía a partir del pago de obras que nunca se hicieron, que se realizaron parcialmente, que estaban fuera de los certificados acordados en el contrato original o que no contaban con la aprobación del consejo directivo del Ente”, enumeró la Fiscalía.
“También se detalló que con la sociedad anónima contrató la finalización de la obra inconclusa de la unión transitoria de empresas, a la que le anticipó el pago de cánones en moneda extranjera (a una tasa de interés de 12% anual) que recibió de un tercer grupo empresario”.
En marzo de 2017, cuando el gobernador Miguel Lifchitz firmó el decreto para que el Estado se presente como querellante en la causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, el diputado Busatto propuso que la provincia también lo haga en la investigación a Vorobiof. “Es una causa muy importante en la que se investigan los desmanejos e irregularidades en la administración del Puerto de Santa Fe”, decía el legislador. En la causa del Banco, a pesar del decreto de Lifschitz, la querella nunca se presentó. Y en la causa Vorobiof ocurrió lo mismo.
