Con la Legislatura vallada por la movilización de organizaciones sociales que rechazaban el proyecto, el oficialismo porteño aprobó este jueves la ley que crea un nuevo distrito de "integración productiva e impulso al trabajo" en cuatro barrios populares en proceso de urbanización. La norma facilita el ingreso de grandes cadenas comerciales a los barrios a través de beneficios impositivos, por lo que referentes de la oposición advirtieron que permitirá que "avancen los pulpos empresarios y revienten la fuente de subsistencia de los vecinos y vecinas". Las organizaciones denunciaron, además, que el proyecto no fue discutido en las mesas de gestión participativa previstas por las normas de urbanización de los barrios.
La Legislatura porteña amaneció este jueves vallada y custodiada por patrulleros y camiones de la Policía de la Ciudad. En Diagonal Sur y Perú, las organizaciones sociales comenzaron a concentrarse pasadas las 10 de la mañana. Se veían banderas, entre otras, del Movimiento Popular La Dignidad, Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita y el Frente de Organizaciones en Lucha. Una pancarta del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos jugaba con el nuevo slogan del Gobierno porteño: "La precarización no para", se leía en letras negras sobre fondo amarillo. La norma finalmente fue aprobada con 32 votos a favor por parte del oficialismo y 20 en contra, que llegaron del Frente de Todos (FdT) y el Frente de Izquierda (FIT).
La "Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares" creó un nuevo "distrito económico" en los barrios Padre Mugica, Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y Villa 20. Como en el resto de los "distritos" que impulsa el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta, la norma establece beneficios impositivos para empresas que se radiquen en los barrios. La iniciativa prevé que los privados podrán descontar de Ingresos Brutos entre el 50 y el 80 por ciento de lo invertido, con la particularidad de que el descuento se fija por orden de llegada: las primeras empresas en presentarse tendrán mayores beneficios. Además, el porcentaje se podrá descontar del monto total que las empresas tributan por sus locales de todo el territorio de la ciudad. Las "actividades promovidas" son en su mayoría comerciales: gastronomía, verdulerías, peluquerías, gimnasios y hoteles, entre otros.
"La máquina de humo de Larreta"
En un discurso constantemente interrumpido por el rechazo de vecinos y vecinas que ingresaron al recinto para presenciar la sesión, la legisladora de Vamos Juntos, Gimena Villafruela, informante del proyecto, aseguró que la ley es un "paso fundamental en la integración de los barrios, para fomentar la integración productiva y económica, el empleo genuino y de calidad". "No aceptamos que las palabras sean maquillaje y que no se diga en qué consiste este proyecto. Son beneficios impositivos, subvencionados por el Estado, a grandes cadenas comerciales. Está hecho a su medida cuando ni siquiera se empezó a implementar la ley de economía popular", contrapuso la legisladora del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Promoción e Integración Social.
"Esta ley ni integra productivamente a los barrios populares ni genera trabajo. Es un nuevo capítulo de la máquina de humo de Larreta que detrás de cada ley con títulos altisonantes enmascara un negocio inmobiliario. Por eso avanzan sólo en los barrios que están cercanos a sus emprendimientos", agregó el legislador Matías Barroetaveña (FdT) a Página/12, en relación a proyectos como Costa Salguero y el barrio del Grupo IRSA en Costanera Sur, ubicados en las cercanías de los barrios Mugica y Rodrigo Bueno.
A su turno, Claudia Neira (FdT) afirmó que la ley favorece a la "competencia desleal", ya que "establece un beneficio impositivo que impacta de forma desigual según quién lo utilice: no es lo mismo lo que puede descontar un monotributista que una gran cadena". La legisladora Alejandrina Barry (FIT) consideró que la norma busca que "avancen los pulpos empresarios y revienten las fuentes de subsistencia de los vecinos". La diputada recordó que, antes del tratamiento del proyecto en el recinto, el Gobierno otorgó lotes para comercios en barrios populares a grandes empresas como Farmacity.
En un documento conjunto, los movimientos sociales coincidieron en denunciar que, con la norma aprobada, el GCBA busca "allanar el camino para la instalación de grandes empresas en detrimento de los comercios y unidades productivas". Las organizaciones también remarcaron que el proyecto no fue debatido en las mesas de gestión participativa. En este sentido, el diputado Javier Andrade (FdT), subrayó que el proyecto "incumplió las leyes de urbanización de los cuatro barrios, que generaron mesas de gestión para tratar estos temas. Los diputados y diputadas del FdT nos encontramos con la tarea de informarle a los propios vecinos y vecinas sobre este proyecto".
Andrade fue protagonista de uno de los momentos más llamativos de la jornada, cuando el legislador Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) se levantó de la banca en medio de su discurso para atacar a los legisladores del FdT al grito de "ñoquis inútiles". "Ellos están en la banca y ustedes son los que reciben el plancito, así que tengan cuidado cómo los usan", dijo luego a los vecinos y vecinas que rechazaron el proyecto. Andrade, foco principal del ataque, pidió una cuestión de privilegio para rechazar la actitud de Moritán, pero no recibió el acompañamiento del oficialismo.
