Nosotros, arengaba el desconocido diputado peronista, expresamos el derecho nuevo: “no es posible que el derecho viejo se mantenga a través de las instituciones judiciales cuya función es aplicar el derecho de la época y no el derecho del pasado". El legislador Guillermo Klix López, cuyo nombre no recogió la historia, se pronunciaba así en favor del juicio político a la Corte Suprema de Justicia promovido, en 1946, por el gobierno de Perón. Entre otros cargos se acusaba a la Corte de haberse opuesto a la creación de los Tribunales del Trabajo y de considerar inconstitucional la tarea cumplida por los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión que recorrían el país vigilando la aplicación de las nuevas normas laborales.

El nuevo derecho se impuso entonces. Si así no hubiera sido, toda la legislación protectora del trabajo y todas las leyes inspiradas en la justicia social hubieran sido declaradas inconstitucionales. Triunfó el nuevo derecho porque ya se habían producido el 17 de octubre de 1945 y la victoria electoral del peronismo el 24 de febrero de 1946. Así fué casi siempre, las normas siguen los cambios en la sociedad. Fué necesaria la Revolución francesa para que se difundieran por el mundo los principios del liberalismo político y hasta el mismo Codigo Civil bajo cuya influencia se dictarían los códigos de derecho privado en todo el mundo.

En los últimos tiempos, sin embargo, estamos lejos de esos criterios. En 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma Judicial que sostenía la elección por el voto popular de los miembros del Consejo del Magistratura. Lejos de pensar que la evolución del derecho debía adaptarse a los avances consagradas por la mayoría popular, la Corte se hizo cargo entonces de un principio pregonado por la prensa identificada con las grandes corporaciones: el Poder Judicial debe actuar con un sesgo “antimayoritario”, para corregir los “excesos”de la mayoría electoral. Una forma elíptica de sostener que debe estar al servicio de las minorías.

Más lejos ha llegado aún el miembro de la Corte que hoy rechaza el principio más emblemático del movimiento popular argentino. Negar que donde hay una necesidad nace un derecho, invocando que en muchos casos puede ser excesivo el costo de reconocer esos derechos, implica sostener abiertamente que la distribución del ingreso cada día más regresiva es inmodificable, que los actuales niveles de pobreza e indigencia no deben alterarse, porque preocuparse por esas necesidades sin atender los costos sería caer en comportamientos populistas que amenazan el buen funcionamiento de la sociedad.

La frase de Evita resuena cada vez con más fuerza en una sociedad que ya no puede tolerar tanta insensibilidad, pero el lema antipopulista del Dr. Rosenkratz es también una consigna para la acción. En momentos que el nuevo profeta del neoliberalismo sale a defender la comercialización de órganos humanos, anteponer los costos a los derechos no es sólo una muestra de insensibilidad social, sino el modo de hacer coherente un programa que sólo tiene como objetivo excluir a las mayorías. Demosle las gracias porque, en su franqueza brutal, el supremo elegido en su momento por decreto, hace más fácil la opción que hoy se nos presenta. Con Rosenkratz, Milei y quienes se ufanan de no escuchar la voz de la pobreza, o con el discurso amoroso y solidario de Eva Perón que toca las fibras más humanas y nos convoca hoy a la unidad de todos los que queremos enterrar la pesadilla neoliberal y avanzar hacia una patria mejor.