El nuevo Consejo de la Magistratura, presidido por el supremo Horacio Rosatti, se reúne pero no arranca. Con las internas políticas al rojo vivo y sin lograr acuerdos para repartirse los lugares en las comisiones y sus respectivas presidencias, el primer plenario terminó este jueves sin que se resolviera nada sustancial. Las mayores trabas vienen de las peleas dentro de la oposición (PRO versus UCR) y entre los representantes de los jueces y juezas. Tampoco hubo definición sobre quién ocupará la vicepresidencia del organismo. El resultado de esto es que se siguen dilatando definiciones sobre ternas para ocupar cargos claves en la justicia federal --un efecto funcional a lo que busca Juntos por el Cambio, que quiere aliados/as en Comodoro Py-- e incluso sobre expedientes que podrían derivar en juicios políticos o sanciones.

Rosatti abrió la sesión con formalidad y en un intento de ser amigable con todo el mundo dijo: "Hoy tenemos esta nueva conformación con 18 miembros presentes y dos virtuales, quiero agradecer por ese trabajo a contrarreloj porque sino no se hubiera podido formar esta integración”. El encuentro se podía seguir por Youtube pero sólo se veía un plano general de la amplia mesa de reuniones, lo que complicaba distinguir las caras y los gestos. Sólo se veían en primer plano las caras de las dos consejeras que participaron de manera remota, la diputada Roxana Reyes y la senadora Silvia Giacoppo. El supremo había cambiado la modalidad de la filmación un rato antes, según advirtieron algunos consejeros cuando llegaron un rato antes al recinto.

Casualmente Giacoppo y Reyes, radicales que responden a nivel nacional a Gerardo Morales, son protagonistas de una pelea con el diputado Pablo Tonelli, un macrista de la primera hora. La puja central es por la Comisión de Selección, la más codiciada porque es donde se hace una preselección (y se traba la negociación) de ternas para cada cargo judicial en juego, y allí habrá solo dos lugares para diputados/as. Hasta ahora, por la oposición, en esa comisión estaba Tonelli. Pero ahora esa silla la quiere Reyes. La otra es para el oficialismo, que por el momento no exhibió grandes conflictos hacia adentro. Si el diputado deja ese lugar, cuanto menos reclama la presidencia de la Comisión de Acusación, que estará de ahora en más separada de la de Disciplina, como en la prehistoria del Consejo que la Corte Suprema resucitó (en los últimos quince años habían estado juntas). Y quien quiere presidir Acusación es Giacoppo. Esas dos comisiones serán las encargadas de analizar las denuncias contra jueces/zas por su desempeño. De la primera puede derivar la apertura de juicios políticos y de la segunda en sanciones. El oficialismo se niega a entregarle a la oposición la presidencia de ambas. Quieren al menos una, que podría quedar en manos de la senadora María Inés Pilatti de Vergara.

Una de las pocas cuestiones que sí se resolvieron tiene relación con esas dos comisiones, ya que cuando llega una denuncia contra un juez o jueza debe haber un mecanismo para decidir en cuál de las dos desemboca. Quedó aprobada la conformación de un "Comité de Giro", que estará integrado por quienes ocupan la presidencia y vice de cada comisión, lo que hace pensar que no sería lógico ni equilibrado que ambas comisiones estén comandadas por un mismo bloque político. El resto de la reglamentación para ese comité no fue aprobada porque tampoco hay consensos hasta ahora sobre, por ejemplo, qué criterios se aplicarán para decidir adónde va cada denuncia.

Se aprobó también algo que ya estaba conversado: cuántos integrantes por sector habrá en cada comisión. Selección tendrá: 4 abogados/as, 3 jueces/zas, 2 diputados/as, 2 académicos/as y el del Poder Ejecutivo. En Disciplina habrá 4 senadores/as, 4 jueces/zas, un abogado/a y alguien del sector académico. En Acusación serán 4 diputado/as, 2 abogados/as y un senador/a. En Administración: 4 jueces/zas, 3 senadores/as, 2 diputados/as, un abogado/a, el delegado del Ejecutivo y un académico/a. La comisión de Reglamentación es permanente y la integran 2 representantes de cada estamento y el del Ejecutivo.

La batalla entre los jueces, como es esperable, es por los lugares que les tocan en Selección, que les otorga un gran poder de toma y daca. En el Consejo hay 4 representantes de los jueces y juezas pero en la comisión solo 3. Todos quieren estar. La lógica es que estén representadas todas las listas de la Asociación de Magistrados, pero Ricardo Recondo y Agustina Díaz Cordero, ambos de la Lista Bordó, aspiran a estar ahí. También Alberto Lugones, de la Lista Celeste, y Juan Manuel Culotta, de Compromiso Judicial. La presidencia de esta comisión, que está ahora lideraba Graciela Camaño, sería una aspiración del académico Diego Molea. Entre ambos hay una puja subyacente. También tendría su apuesta al cargo el camarista Lugones.

"Está en discusión", fue una de las frases más repetidas por consejeros y consejeras ante las consultas de Página/12. "De trabajar, ni noticias", ironizó una consejera a la salida. Molea alertó con autocrítica sobre: "La incapacidad para ponernos de acuerdo" e instó a sus colegas "cuanto antes a definir autoridades", como pedía también la abogada macrista Jimena De La Torre. Pero la consejera hablaba tanto que la jueza Díaz Cordero le dijo que así retrasaba todo mucho más. En respaldo a Molea, Rosatti, sostuvo: “Imposible no coincidir con esa referencia y es claro que comparto en todo". Llamó a una reunión de "labor", organizativa, para la semana que viene. "Primero la normativa y después las personas, pero coincido con la premura", subrayó el supremo. Dijo que apostaba a que el debate lleve "a los nombres inexorablemente". 

Los guiños de Rosatti hacia el académico Molea, que ya fue presidente, hacen suponer a algunos que podría ser nombrado vicepresidente del Consejo. También suenan el abogado Carlos Matterson, que fue el último vice, y el juez Culotta. La mayoría intuye que, de todos modos, Rosatti no estaría dispuesto a delegar demasiado en un o una número dos. En la reunión les dijo a sus colegas que quería compartir la noticia de que había conseguido la cesión de un inmueble para que funcionen dos juzgados federales de Corrientes, zona considerada caliente por el narcotráfico, tema con el que se muestra activa la Corte.