El ministrio de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo, adelantó ayer que la provincia declarará la emergencia carcelaria debido a que las cárceles, comisarías y alcaidías se encuentran sobrepasadas en su capacidad.
Se indicó que la emergencia habilitaría a formalizar un convenio con la Nación para trasladar detenidos a un cuartel del ejército ubicado en Tucumán, mientras se avanza con la construcción de una nueva cárcel en Metán, en el sur de Salta, y se define el traslado del penal de Villa Las Rosas, el que tiene mayor capacidad para alojar internos y quedó en medio de la ciudad de Salta, y acondiciona un Centro de contraventores en la localidad de Embarcación, en el norte de la provincia.
La novedad de la declaración de emergencia, fue informada tras la reunión plenaria de más de tres horas que el ministro mantuvo con senadores, luego de una semana en la que se conocieron informes que dan cuenta de las pésimas condiciones en que se mantiene alojados a detenidos en causas penales.
Según detalló Cornejo, el Servicio Penitenciario de Salta tiene una capacidad de 2.000 plazas pero tiene alojadas en sus distintas dependencias entre 3.900 y 4.100 personas; además, hay otros 790 detenidos en comisarías y la Alcaidía General también se encuentra "saturada".
En el encuentro el ministro habló también de la marcha del "Plan de Seguridad y Justicia ’21-’23". El Senado informó que hubo coincidencias respecto a la necesidad de avanzar en la modificación de la legislación existente para optimizar los servicios que presta la provincia en materia de seguridad y justicia.
Cornejo dijo que a la fecha lleva recorridos 45 municipios, y calculó que este mes completará las visitas a los 60 municipios. Además dijo que se reunió con vecinos y vecinas de más de cien barrios de la ciudad de Salta para conocer de primera mano las necesidades en materia de seguridad y acceso a la justicia.
El ministro calificó la reunión de “muy positiva”. Comentó que hablaron de "muchos temas", entre ellos “La emergencia carcelaria, el tema de la eventual sanción de una ley sobre el uso de las hojas de coca, la seguridad de frontera, problemas de microtráfico, de narcotráfico”; de la necesidad de contar con mayores recursos y la creación de nuevas dependencias y la refuncionalización de dependencias policiales.
La cartera de Seguridad y Justicia informó que el ministro dijo ante los senadores que a la nueva Unidad Regional 7, de reciente inauguración en General Güemes, se sumará una UR8 con asiento en Embarcación y Pichanal, que abarcará el sur de los departamentos Orán y San Martín y el este del departamento Anta, y una UR9 con asiento en Cachi, para "mejorar el servicio en los pueblos del Alto Valle Calchaquí". También adelantó que se creará la división aerotransportada con el aporte de un helicóptero Bell que cederá la provincia al sistema de emergencias 911.
Régimen semiabierto para mujeres
El Senado informó que en el encuentro se habló asimismo de la creación de un régimen semi abierto para mujeres presas y un programa de trabajo para varones encarcelados, que sería para que fabriquen uniformes para la policía y el Servicio Penitenciario, que hoy debe adquirir cada efectivo.
Entre otras iniciativas legislativas, se habló de la sanción de una ley de bienestar policial y de personal penitenciario.
Cornejo también recordó la necesidad de que se cubran los 31 cargos de jueces y fiscales que están vacantes.
Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Pérez, dijo que conversó sobre la creación y funcionamiento de un observatorio de justicia, y en general, de “Dotar las herramientas necesarias para que el servicio de administración de justicia sea mucho más ágil" y para ello se proyecta la modificación de los códigos procesales, y se creará un consejo provincial de mediación para "unificar criterios respecto de los cuatro sistemas diferentes que conviven hoy".
Al término del encuentro el senador Esteban D'Andrea (Compromiso por Salta, Chicoana) reclamó que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley que crea los juzgados contravencionales, aprobado por el Senado en julio de 2020. “Es una necesidad”, sostuvo. Recordó que más del 84% de las situaciones contravencionales no se resuelven y esa irresolución provoca distintas complicaciones a las comisarías, como la presencia de vehículos retenidos o animales que quedan al cuidado de la policía, en los que deben invertir tiempo. “La resolución de las causas contravencionales debe ser prioritario”, aseguró.
Del plenario participaron el presidente del Senado, Antonio Marocco; el vicepresidente primero, Mashur Lapad; el jefe de Policía, Miguel Ceballos; el subjefe Pablo Vilte, y los senadores Jorge Soto, Walter Cruz, Dani Nolasco, Leopoldo Salva, Sergio Ramos, Esteban D’Andrea, Carlos Ampuero, Walter Abán, Manuel Pailler, Marcelo García, Miguel Calabró, Diego Cari, Javier Mónico, Walter Wayar, Sonia Magno y Carlos Rosso.
