Desde Santa Fe
El diputado Leandro Busatto que presidió la comisión investigadora de la Legislatura que reveló en 2014 cómo operaba el ex administrador del Puerto de Santa Fe Marcelo Vorobiof dijo ayer que la condena al ex funcionario de Hermes Binner y Antonio Bonfatti a tres años de prisión en suspenso demuestra que hay “una justicia para casos vinculados al poder y otra para el resto de los ciudadanos”. “Una justicia para ricos y otra para pobres”, que “se puede estar al frente de una estafa millonaria, no ir preso y pagar una reparación irrisoria respecto de los delitos que cometió”. La investigadora logró probar que Vorobiof contrataba “empresas fantasmas” que cobraron 538 mil dólares, que hoy serían casi 70 millones de pesos y, nueve años después, le aplican una multa de 8 millones que a la luz de los hechos y el tiempo que pasó hoy resulta "insignificante", advirtió el legislador.
El jueves, en un proceso abreviado que la fiscal Bárbara Ilera pactó con el abogado defensor Roberto Busser, Vorobiof se declaró culpable de los dos cargos que le imputaron: “estafas por administración fraudulenta” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. A cambio, el juez Gustavo Urdiales homologó el acuerdo y le aplicó tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de 8 millones (cinco millones para el MPA y tres para el Puerto de Santa Fe) y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Así, zafó del juicio oral y público y de la cárcel.
Vorobiof llegó al gobierno del Frente Progresista de la mano de los radicales, entre ellos el ex intendente de Santa Fe Mario Barletta (hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio y de su mano derecha, José Corral. Binner lo nombró administrador del Puerto de Santa Fe en 2010 y Bonfatti le aceptó la renuncia en agosto de 2014, ya en pleno destape de la investigadora que presidía Busatto.
La comisión legislativa logró probar que Vorobiof operaba con “empresas fantasmas” que “cobraron 538.000 dólares”, que hoy “serían 67.519.000 pesos, sin impuestos”, recordó el legislador. “Determinamos que el Ente habría dejado de percibir recursos legítimos en el orden de los 30 millones de dólares” porque cobraba a las empresas un cánon muy inferior al que correspondía”. Eso ocurrió "en 49 de los 51 casos analizados, según información que brindó el propio Ente" y en algunos casos, el arancel "apenas llegaba al 3% del valor real”.
“El perjuicio económico” que Vorobiof “le generó a la provincia fue enorme”, remarcó Busatto. “Lo dijimos en el informe final”, de la investigadora. Por lo tanto, la multa de 8 millones que acordó la fiscal Ilera y homologó el juez Urdiales hoy resulta “insignificante”.
“La condena a Vorobiof demuestra que hay una justicia para casos vinculados al poder y otra para el resto de los ciudadanos”, insistió Busatto. “Este es un caso de corrupción de los gobiernos del Frente Progresista” de Binner y Bonfatti y “si fuera un ex funcionario de otro signo político los medios estaría repiqueteando por todos lados”.
Y criticó la baja condena porque “Vorobiof representa el círculo rojo santafesino, esos factores de poder que no son visibles, pero que operan en el andarivel económico de la ciudad y en los medios”. En 2014, “hubo que hacer mucho esfuerzo para darle visibilidad” al tema, agregó Busatto.
-Lo que llama la atención es que pasaron nueve años para llegar a esta sentencia y en un proceso abreviado –le planteó un periodista de LT9.
-Demasiada lentitud para investigar. Demasiada incomodidad en la justicia para impulsar los procesos que involucran al poder. Esta es la realidad. Vorobiof era y es un hombre del poder. Cometió un ilícito, y hoy después de un proceso penal, ya no es inocente. Es culpable –contestó Busatto.
La comisión investigadora que presidió Busatto fue integrada por los diputados del PJ Ricardo Olivera, Federico Reutemann, Héctor Acuña y Mario Lacava porque sus colegas del socialismo y la UCR se negaron a sumarse. En diciembre de 2014, cuando se presentó el informe final, el legislador le reprochó ese hecho al Frente Progresista. “No integraron la comisión, no aportaron la información que requerimos y se negaron a tratar el informe final” en una “actitud de complicidad” con lo que sucedía en el Puerto de Santa Fe.
