Al cabo de tres meses de juicio oral y el desfile de un centenar de testigos, Esteban Lindor Alvarado confirmó ayer desde el penal federal de Ezeiza lo que presentía desde que lo apresaron en febrero de 2019 en un cámping de Embalse Río Tercero: un tribunal oral de Rosario lo condenó a prisión perpetua como uno de los capos de la mafia que agita la ciudad desde hace una década. Y ahora en el Ministerio de Seguridad provincial sopesan el negro vaticinio del testigo clave que fue amigo, cómplice y probable víctima de Alvarado, que luego se abrió y murió asesinado el año pasado: "El Esteban cuando se vea con perpetua va a ordenar un crimen por día". Para los fiscales, tarea cumplida y condena ejemplar, pero no dejan de señalar que hay mucha tela para cortar en cuanto a la red de complicidades que ese hombre de 43 años construyó con policías corruptos, negocios para lavar dinero y también actores de la política que fueron mencionados durante las audiencias.
El tribunal integrado por Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Más Varela, convalidó el pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, y le impuso prisión perpetua a Alvarado más una multa de 316 millones de pesos (computa el valor de inmuebles y vehículos decomisados). Los cargos son homicidio agravado por arma de fuego, premeditación y concurso de dos o más personas como instigador, amenazas coactivas, jefe de asociación ilícita, y 5 casos probados de lavado de activo
Cuatro de sus colaboradores acusados en juicio también recibieron pena perpetua. Son Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Germán Fernández y Facundo Almada.
Los otros dos en el banquillo eran pareja al momento de los hechos, y quedaron involucrados en maniobras de lavado de activos para Alvarado. Uno es el constructor Miguel Ángel Grecci Hazzi, condenado a 4 años y 8 meses de cárcel, y una multa de 76,5 millones de pesos. Debe cumplirla en prisión efectiva. Los cargos en su contra: asociación ilícita y lavado de activos. No así su ex pareja, la decoradora y comunicadora Damiana Ghirardi, que fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional y multa de 46 millones por lavado. Fue la única que ayer volvió a la calle y sin esposas.
El Centro de Justicia Penal lució ayer más custodiado que nunca, en función de la relevancia de los condenados y de los antecedentes: esa sede judicial fue atacada a tiros entre 2017 y 2018, durante el juicio a Los Monos, facción rival de Alvarado.
Un centenar de testigos compareció desde el 21 de febrero, incluidos dos testimonios grabados previamente por seguridad de los declarantes y por decisión de los fiscales que temían que aquellos no llegaran vivos al juicio. En uno tuvieron razón, el del mecánico Carlos Argüelles, que declaró en agosto de 2020 y que en setiembre pasado lo mataron a balazos en su taller de Garay al 3500. Él presentía que su ex socio y amigo lo había condenado a muerte, aunque Alvarado lo negaría luego.
Argüelles llegó a acusarlo de haber instigado más de 100 homicidios y planificado muchos más, de haber intentado secuestrar a un hijo del entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, y de urdir una suelta de paquetes de marihuana desde una avioneta, con la cara del actual diputado radical, sobre la cancha de Rosario Central durante un partido de fútbol.
La otra testigo que grabó su declaración y también resultó clave como elemento de prueba es Mariana Ortigala, que sobrevivió a una ráfaga de balazos en 2020 cuando llegaba a su casa en Roldán, y que desde entonces vive como testigo protegida. Sin embargo, ayer se hizo presente en la audiencia para ver cómo su enemigo era condenado a perpetua. Ortigala fue amiga de la ex mujer de Alvarado, y también es amiga de la mujer de un rival como lo es Guille Cantero, jefe de Los Monos. Desde ese lugar atestiguó y fundamentó la acusación fiscal contra Alvarado.
"El fallo me hace feliz porque él lo merece, pero la sociedad necesita que lo aíslen porque si sigue en un pabellón con celulares y con su gente, el problema será peor porque va a perder los parámetros de resguardo desde su celda, y no le va a importar matarme a mí o a un fiscal”, intuyó Ortigala.
Otros testimonios destacados fueron los ex ministros de Seguridad Maximiliano Pullaro y Marcelo Sain. Y, sobre todo, el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emiliano Lencina, quien reveló que en 2012 había presentado una investigación sobre narcotráfico en Rosario, con Alvarado y Luis Medina como ejes centrales. Y que el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque desestimó y no quiso profundizar. Esto valió una denuncia de los fiscales al Consejo de la Magistratura para revisar el desempeño de Bailaque.
Recién en 2017 Alvarado empezó a tener una causa penal en la Justicia federal por narcotráfico, y ese proceso todavía está abierto: es un contrabando de media tonelada de marihuana decomisada en Río Negro, en un camión de la flota de Toia SRL, empresa de logística de Alvarado. Antes, nunca había sido molestado por ese fuero.
Cuando tomó la palabra dos veces por teleconferencia durante el juicio, el criminal se despegó de casi todos los cargos y dijo que él ya se sentía condenado de antemano por no haber arreglado con los fiscales y aceptado complicar con sus declaraciones al senador sanlorencino Armando Traferri y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.
Aunque las defensas de los imputados intentaron desestimar la acusación en distintos puntos, los jueces convalidaron el trabajo de Schiappa Pietra y Edery. Hubo desde por lo menos 2013 una asociación ilícita para desplegar negocios ilícitos, con la pantalla de algunas empresas legales, y con recursos extremos como los asesinatos del prestamista Lucio Maldonado y el joven Cristian Enrique, ambos cometidos en 2018. El primero, secuestrado al llegar a su casa de Garibaldi al 600, y trasladado hasta la casa de Alvarado en el paraje Los Muchachos, sobre la ruta A-012, para luego aparecer muerto a tiros en el comienzo de la autopista Aramburu, frente al barrio Las Flores, énclave histórico de Los Monos. Los fiscales interpretan que quisieron aparentar que los Canteros estaban detrás de ese crimen. El segundo era un muchacho secuestrado en Cabin 9, cuyo cadáver apareció unos días más tarde en la ruta 14, en las afueras de Soldini.
A la banda le cargaron también intimidaciones varias, como sendas balaceras contra la sede de Tribunales y el Centro de Justicia Penal, el envío de una cabeza de perro muerto en la casa de Marina Marsili, perito contable del Ministerio Público de la Acusación. Esa funcionaria luego también sufrió una balacera en su domicilio familiar.
Además de las siete personas condenadas ayer, hay otras 22 que ya recibieron pena en juicios abreviados, y ahí están los policías que trabajan en complicidad y a las órdenes de la organización comandada por Alvarado. Estos son los policías Pablo Bancora (MPA), Luis Quevertoque (División Judiciales), comisarios Marcelo David Rey y Martin Rey, comisario Cristian Di Franco y el ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Javier Makhat. También la ex pareja de Alvarado, Rosa Capuano, su primer abogado, Claudio Tavella, y otros colaboradores satélites en el tráfico de drogas y en las empresas de lavado: Marcelo Nicolás Ocampo, Jorgelina Chaves, Flavia Gori, Estefania Toledo, Ricardo Ianni, Nadia Toledo, Leandro Suárez, Jorge Laferrara, Gustavo Ramos, Jorge Benegas, Valeria Nasca, Bibiana Zarate, Adrián Fernández y Marta Audo Gianotti.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra salieron satisfechos del final del juicio. "Pudimos demostrar una organización criminal que durante diez años prosperó al amparo de un montón de posibilidades que tuvo con infiltraciones en la policía y un entramado económico que quedó en evidencia. Demostramos cómo Alvarado pudo construir esa red de relaciones que le permitió desarrollar esa organización”, concluyeron.
