La séptima marcha nacional también tuvo lugar en diferentes puntos de la provincia de Jujuy, en la capital jujeña y con actividades simultáneas en La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Libertador General San Martín y San Pedro entre otras localidades. En todas el reclamo fue unísono, exigiendo justicia por cada una de las víctimas de femicidio. La consigna fue “Ni una menos: “la persecución y el ajuste son violencia. El Estado es responsable”.

Cada una de las mujeres asesinadas fueron nombradas: Romina Aramayo, Rosita Aliaga, Camila Peñalva, Zulma Valencia, Rocío Campo, Cecia Nicol Reinaga, Iara Sabrina Rueda, Alejandra Nair Alvarez ,Roxana Masala, Gabriela Cruz Marina Patagua, Sandra Mechulan, Daniela Canelo, Eva Palacios, Marcela Balderrama, Dafne Soto, Paulina Flores, Ramona Golosito y Pamela Golosito. También se recordó la búsqueda de Cintia Tolaba y a todas las jóvenes y mujeres víctimas de trata.

La jornada se presentó como reflexiva e interpeladora para una provincia que desde 2020 tiene la Ley lara (en relación femicidio de Iara Rueda) que declara la emergencia provincial en violencia de género, siendo la tercera más alta en tasa de femicidios en el país. Sin embargo, la norma no tiene presupuesto provincial y las organizaciones de mujeres vienen señalando que no hay una real asistencia ni contención a víctimas.

En una jornada nacional, una vez más, como cada vez que hay movilizaciones en la capital jujeña, la policía provincial montó un importante operativo de "custodia" de la casa de Gobierno, la Catedral Basílica y los edificios donde funcionan el Juzgado en Violencia de Género, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo Provincial de la Mujer. Algunos de estos inmuebles tenían vallas y otros, cordones policiales. 

Antes de iniciar la marcha hubo algunos roces, ya que la policía no permitía colocar sus banderas a los diferentes colectivos feministas, de pueblos indígenas, gremios y diferentes áreas de género. 

La columna se detuvo en el Consejo de la Mujer, para exigir que su titular, Alejandra Martínez, cumpla con su función en un área tan sensible, gestionando los fondos para dar respuestas concretas a las víctimas de violencia de género.

Luego la marcha siguió el circuito tradicional por las diferentes arterias céntricas hasta regresar a la Plaza Belgrano, donde finalizó con la lectura del documento acordado con la Multisectorial de Mujeres de Jujuy y palabras de familiares de víctimas de femicidio.

Mónica Cunchila, madre de Iara, hizo un repaso de su lucha exigiendo justicia para su hija. Junto a los Padres del Dolor, Cunchila marcha todas las semanas pidiendo que las causas judiciales se aceleren y sean elevadas a juicio .

“Un gobierno violento”

Romina Canchi, referente del área de género de la CCC, dentro de la CTA Autónoma, que criticó "el vallado en las instituciones públicas", sostuvo: "Todos los días, los 365 días del año, el gobierno mira para otro lado, crea un discurso mentiroso. Como el Consejo Provincial de la Mujer, no hay refugios, no están funcionando las 24 horas. Sabemos que los profesionales lamentablemente son explotados, mal pagados, que los trasladan de una zona a otra”.

“Nos encontramos transitando un gobierno violento. Los violentos en el poder, está muy asociada la justicia, basta nombrar a Ekel Meyer, quien era el ministro de Seguridad y ahora es juez”, añadió Canchi señalando a diferentes funcionarios con denuncias por violencia de género.

En cuanto a las leyes que no se implementan, recordó que “El Estado y el gobierno, tienen la obligación de generar presupuesto, de generar leyes y de generar transformaciones dentro de las instituciones". 

A pesar de esta situción, celebró que "estamos nosotras y nosotres y la multiplicidad de la juventud" porque "creo que eso sí es un buen horizonte porque cada vez hay más jóvenes”.

El doble femicidio 

La marcha dejó en claro que se sigue exigiendo que el Estado garantice presupuesto y acciones concretas para evitar los femicidios. En ese contexto tomó especial relevancia el último doble femicidio de las hermanas Pamela y Ramona Gorosito cometidos en la localidad de Yuto, a pesar de que la primera había realizado 7 denuncias y sólo se había ordenado una medida de protección que no se cumplió.

Se pidió también por la aplicación efectiva del presupuesto para la implementación de Ley Iara, que garantice que se tomen medidas en el marco de la emergencia en violencia de género. La Multisectorial de Mujeres reclamó más centros de atención a víctimas, así como acompañamiento psicológico y jurídico en tiempo y forma, y la construcción de los albergues.

El documento de la Multisectorial denunció el uso político de la asistencia a los familiares de víctimas de femicidio, y subrayó que el acompañamiento económico, legal, psicológico es una obligación del Estado. Reclamó que se entreguen subsidios a familiares de víctimas de femicidios, así como la regularización del pago previsto en la Ley Brisa, para hijes de víctimas de femicidio.

El documento también puso énfasis en la imperiosa necesidad de que se aceleren los trámites de las causas judiciales por femicidos y el reconocimiento del trabajo que realizan las promotoras comunitarias en zonas más complejas, sin horarios ni fines de semana.

Por otro lado, exigió terminar con el hostigamiento, la persecución policial y política a las mujeres militantes de distintas organizaciones, y a familiares que están luchando por justicia. En este sentido reclamó que se anulen las causas contravencionales iniciadas a mujeres y el cese de la persecución política y judicial a luchadoras sociales.