Desde Santa Fe

El represor condenado por delitos de lesa humanidad, Eduardo Riuli –que operaba en el D2, el Servicio de Inteligencia de la Policía de la provincia- ya no podrá salir a las calles de Laguna Paiva, donde se cruzaba con sus víctimas que viven en la misma ciudad. La Cámara de Casación Penal (Sala 4) anuló esta semana, -por segunda vez-, la libertad condicional que le otorgó el Tribunal Oral de Santa Fe –el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2021-, pero a diferencia del primer incidente en el que ordenó a los jueces José María Escobar Cello y Luciano Lauría que dictaran “una nueva sentencia”, ahora adoptó una “decisión concluyente” y devolvió la causa “a sus efectos”. Lo que significa que Riuli deberá cumplir la condena a seis años y seis meses de prisión hasta el último día, que es el 16 de febrero de 2023, según el cómputo del Tribunal. Eso sí, en su casa, porque fue detenido el 16 de agosto de 2016 y al mes, el juez Francisco Miño, le concedió el arresto domiciliario, que tiene desde entonces. Casación anuló la última excarcelación de Riuli –la de diciembre- con el mismo argumento que había extinguido la anterior –la de agosto-, por considerar que el fallo del Tribunal de Santa Fe no era un “acto jurisdiccional válido”, ni “conforme a derecho”.

Riuli fue condenado a seis años y seis meses de prisión por la “privación ilegal de la libertad” del último referente político del PRT, Catalino Paez, de su esposa Juana Medina y de uno de sus hijos, Mario Paez, que tenía 14 años, en 1980. El juicio reveló la persecución del terrorismo de estado a los siete hijos de Catalino –entre ellos un bebé de 45 días- y a los nueve hijos de sus hermanos. Las pruebas fueron giradas a instrucción y el Ministerio Público acusó en una segunda causa. El 23 de febrero, el juez Reinaldo Rodríguez indagó a Riuli por la “privación ilegal de la libertad agravada”, “tormentos agravados”, “allanamientos ilegales” y “abandono de persona” a 26 víctimas, entre ellas los 16 niños y niñas. El magistrado aún no definió su situación procesal.

La doble libertad condicional a Riuli, en agosto y en diciembre de 2021, no es una excepción. El Tribunal de Santa Fe dictó su veredicto en el juicio, el 7 de julio. El 2 de agosto ya dejó libre a uno de los condenados: el comisario Fernando Mendoza (5 años de prisión). A la semana, el 13 de agosto, al segundo: el suboficial Rubén Isaurralde, ex custodio del jefe de Policía de la provincia, coronel Carlos Alberto Ramírez (6 años de prisión). El 23 de agosto, al tercero: Antonio González (cinco años de prisión). Y el 30 de agosto, al cuarto, que era Riuli. En un mes, cuatro represores en la calle, que cumplieron la condena en su casa y tres de ellos no estuvieron presos en una cárcel ni un minuto.

El caso de Riuli llegó a Casación por el impulso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, que es querellante en el proceso, y apeló las dos excarcelaciones del ex comisario del D2.

A pedido de la defensa, el Tribunal de Santa Fe excarceló a Riuli –y también a los otros condenados- con el argumento de que ya había cumplido “dos tercios de su condena”, de seis años y seis meses de prisión. Según ese cómputo, el plazo “exigido para acceder a la libertad condicional” concluía el 16 de diciembre de 2020 y la pena vence el 16 de febrero de 2023.

La Cámara de Casación consideró que excarcelar represores por el sólo hecho de cumplir “dos tercios” de su condena “no es automático”, que los jueces deben ponderar todas las circunstancias del caso, entre ellas la obligación internacional de la Argentina de no dejar impunes los delitos de lesa humanidad. Así se planteó entonces, la dicotomía: el 30 de agosto, el Tribunal de Santa Fe concedió la excarcelación a Riuli. El 6 de diciembre, la sala 4 de Casación la anuló. El 30 de diciembre, el Tribunal ratificó su criterio y volvió a dejar en libertad a Riuli. El jueves pasado, Casación volvió a anular el fallo, por segunda vez. Dos sentencias de Escobar Cello y Lauría anuladas en seis meses.

La primera excarcelación de Riuli –la de agosto- fue revocada por la Sala 4 de Casación por mayoría. Los jueces Mariano Borinksy y Javier Carbajo anularon el beneficio, mientras que su colega Angela Ledesma votó en disidencia. La segunda ya fue extinguida por unanimidad. Borinksy, Carbajo y Gustavo Hornos coincidieron que era una sentencia arbitraria. “La nueva decisión del Tribunal de Santa Fe que otorgó la libertad condicional a Riuli, no resulta ser una derivación razonada del derecho” y su “aplicación a las circunstancias comprobadas del caso”, dijo Borinksy en el primer voto. Y recordó que en el fallo anterior -que revocó la primera salida de Riuli- ya había dicho que la “excarcelación” de represores “no opera de manera automática por el mero cumplimiento del tiempo, sino que se encuentra sujeta a la evaluación del juez”.

A la luz de “principios establecidos” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo del Tribunal de Santa Fe “no aparece como el resultado de un análisis global de las circunstancias relevantes del caso”, que “concilien adecuadamente” las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina para juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad", los "derechos del imputado" y los "derechos de las víctimas y sus familiares para evitar su vulnerabilidad y revictimización’”, agregó. Por lo tanto, consideró que el fallo de Santa Fe no es un “acto jurisdiccional válido” y debía ser revocado.

En el segundo voto, Hornos coincidió con Borinsky, pero planteó que ante la “errónea” actitud de Tribunal de Santa Fe de dejar libre a Riuli dos veces “se impone la necesidad de adoptar una decisión concluyente” sobre el asunto. Por lo tanto, propuso que se anule la excarcelación del represor y se remita la causa al Tribunal “a sus efectos”. Carbajo sumó su tercer voto. Y así se resolvió, por unanimidad.

Ayer, la APDH exigió al Tribunal de Santa Fe que “rápidamente haga efectivo el fallo de su superior y ordene que el genocida Riuli cumpla la condena” hasta el último día.