La noticia se conoció en el portal de noticias oficial, y generó de inmediato el repudio de un amplio abanico de organizaciones feministas, de la diversidad sexual, por la separación de la iglesia y el estado y del colectivo LGTBIQ+. "El Ministerio de Salud firmó un acta acuerdo de cooperación para la implementación de la Ley de los 1.000 días con la fundación Padre Ignacio", dice la información oficial. "Las organizaciones abajo firmantes rechazan el Convenio y exigen que se implementen políticas públicas laicas", es la respuesta inmediata que lleva la firma de organizaciones de peso nacional como Cladem, Insgenar, Cefejus (Facultad de Derecho de la UNR); COAD; Programa Género y Sexualidades de Derecho de la UNR, así como el Centro de Estudios de Investigaciones en Derechos Humanos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, regional Rosario; Doulas feministas de Santa Fe; Agrupación feminista Las Pauluzzi Rosario; Asociación Civil Lesbofemenista Lxs Safinas; Asociación para las políticas públicas lgbt+; Separación iglesia y estado Santa Fe y Nanas socorristas en red, entre otros colectivos.
"¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos? Son harto conocidas las distintas estrategias que los sectores religiosos, en particular la iglesia católica, han implementado para obstruir el avance de los derechos para las mujeres y disidencias sexogenéricas, así como su persistente posición en torno a reproducir los estereotipos de género, negar el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos", es el texto del comunicado feminista.
La comunicación oficial lleva la foto de la ministra Sonia Martorano y el padre Ignacio Peries. Y abunda: "El acuerdo, que tiene una vigencia de 12 meses, tiene como objetivo trabajar conjuntamente en la implementación de esta ley para fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes, y de los niños y niñas en sus primeros tres años de vida".
El acuerdo implica que "tanto el Ministerio de Salud como la fundación Padre Ignacio, se comprometen a implementar talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para mujeres, personas gestantes y sus familiares, sobre aspectos relevantes vinculados al derecho a la salud integral que constituyan los ejes priorizados por la autoridad de aplicación de la Ley de los 1.000 días”.
La pregunta de oro es "¿por qué una ley que requiere del trabajo mancomunado de distintos sectores estatales, incluyendo al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, convoca a un sector particular religioso? De haberse considerado la necesidad de articular con sectores no estatales, ¿por qué no se ha convocado a las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talles de formación y acceso a la información, considerando la experticia en la temática?".
Las organizaciones firmantes -y otras que se van sumando- cuestionan que "el acuerdo firmado con un sector religioso para garantizar derechos humanos constitucionales, contradice todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional que obliga al cumplimiento de los derechos garantizados en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Ley de Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150), Ley de Identidad de Género (Ley 26.743)".
Por lo mismo, rechazaron "el convenio firmado con un sector religioso que históricamente se opuso al reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y a reconocer y respetar la diversidad sexual" Y exigieron "que se deje sin efecto y que se cumpla con las leyes vigentes en la materia y se convoque a las instancias estatales correspondiente para darles cumplimiento". La frase final del comunicado es “Iglesia y Estado, asuntos separados”.
