El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain -investigado por presuntas irregularidades en una licitación de compra de armas que nunca se concretó, y embargado por 100 mil dólares junto a parte de su equipo- recibió con sorpresa esta semana la presentación de un nuevo querellante en la otra causa en la que se lo investiga: la de la tan mentada pesquisa sobre inteligencia interna. Es que la seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el abogado Jorge Bedouret fueron admitidos como querellantes por el juez Gustavo Urdiales en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, el 26 de mayo. Se sumaron así al ex ministro y actual diputado Maximiliano Pullaro, la abogada Evelin Andriozzi y el gobierno de la provincia. La sorpresa de Sain viene a cuento porque, según aseguró -con la entrega de un dossier a Rosario/12-, cuando se "analizó" al líder de la UPCN Jorge Molina fue durante la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad, entre 2017 y 2018. Y entregó en el documento las capturas y los detalles de la maniobra, que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández  le adjudicaron a sus subalternos, Debora Coticchini y Pablo Alvarez, imputados a partir de mensajes telefónicos. 

"En Santa Fe hay una confusión enorme acerca de lo que es gestionar la seguridad pública y, en ese marco, comprender el fenómeno criminal para elaborar políticas", dijo Saín a este diario. "Eso no tiene nada que ver con hacer inteligencia cuando se manejan fuentes públicas. Nosotros habíamos decidido ir por todas las formas del crimen, incluido el crimen de poder, la corrupción gubernamental, el crimen cometido por funcionarios que protegen organizaciones criminales. Eso no lo toleró la provincia de Santa Fe. Pero nosotros no hicimos nunca seguimiento de funcionarios o dirigentes, como pasó en la gestión de Pullaro. Acá pueden ver cómo la gente de Pullaro, por orden de él, fue sobre el dirigente sindical Molina y toda su familia. Por eso, me parece bien que Molina esté como querellante" dijo el ex director del Organismo de Investigaciones. Pero claro, eso no abarca al propio Pullaro porque, según Sain, éste habría sido el autor de la maniobra.

El documento entregado por Sain a este diario señala que "entre 2015 y 2019, se realizaron casi 2.500 perfilamientos de sujetos, domicilios y vehículos, únicamente, en el marco de uno de sus programas de acción, lo que pone al descubierto una tendencia a la confección sistemática y masiva de perfilamientos en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe".

Y agrega que "un representativo ejemplo de lo expuesto se produjo entre 2017 y 2018 -durante la gestión de Maximiliano Pullaro- cuando la Subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe realizó perfilamientos de forma irregular contra Jorge Molina y su entorno íntimo. Cabe destacar que Molina es el Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Santa Fe. Ello se desprende de la documental provista por los fiscales Jimenez y Hernández, particularmente, de un disco extraíble aportado por un testigo protegido de la causa. En este sentido, en la documentación provista por los fiscales -en particular, ubicada dentro de la siguiente hoja de ruta digital: “Pericia Dispositivo”, “Disco Testigo Reservado”, “Análisis Técnico”, Autopsy”, “Archivos Eliminados”, “1” (que contiene un total de 21.283 elementos), se encuentra información de Molina y sus allegados.

El escrito señala que "dentro de la carpeta denominada 'Jorge Ernesto Molina', compuesta por un total de 58 elementos, se encuentran las búsquedas realizadas en distintas bases de datos por la Subsecretaria de Delitos Económicos.  Entre las bases en las que se buscó información sobre Molina se encuentran las siguientes: Nosis, API - Patente Única de Vehículos, AFIP , entre otros. Lo realizado con Molina se replicó con familiares, conocidos y allegados a él", según se denuncia en el texto.

Y añade un registro importante : "Asimismo, se realizó un cruce de datos con la información provista por las propias empresas de bases de datos para el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2019 y el mes de noviembre de 2021 para determinar si existieron búsquedas coincidentes con Jorge Ernesto Molina. Al respecto, Jorge Ernesto Molina se buscó el 14/02/2020 en Sudamerica Data, con el usuario MIN473 registrado a nombre de Soledad R. (según información suministrada por la empresa). En idéntica fecha se buscó desde el usuario MIN1890, correspondiente a Víctor Moloeznik (según información suministrada por la empresa)", señala el dossier de Sain.

La aclaración resulta importante porque justamente los fiscales Hernández y Jiménez apuntaron contra dos ex funcionarios subalternos de Sain en la audiencia del 26 de mayo: una de ella es Cotichini -ex jefa del Área de Inteligencia Criminal en el Organismo de Investigaciones- y el otro es Pablo Álvarez -ex secretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad- para apoyar la constitución de UPCN en la causa. En el primer registro, del 14 de febrero de 2020, Cotichini se dirigió a un empleado del Organismo de Investigaciones para resaltar la importancia de Molina como sucesor de Maguid: “No es un vínculo menor, así que yo lo sumaría en todo este mapa político que tenemos, que ahora saltó por el quilombo este del homicidio (de Oldani) en Santa Fe”. El dirigente gremial aparecía “como un actor a relacionar con todo este entramado de Santa Fe”.

En el segundo audio, del 19 de febrero de 2020, se escuchó la voz de Pablo Álvarez, también dirigiéndose a una empleada del Organismo de Investigaciones: “Hay que rasquetear todo, todo, bien profundo a Molina, pero bien profundo. Agotemos todas las bases, habidas y por haber, vamos a rastrear todo y después, una vez que rastreemos todo, vamos a hacer unas tareítas de calle, pero primero necesitamos toda la información habida y por haber de él, Catastro, el sistema de legajos, Sudamerica (Data), Afip, DRPA , Migraciones. Agotemos todos los cartuchos ahí”.

La presentación de UPCN remite a investigaciones realizadas en torno al asesinato del empresario Hugo Oldani, una causa seguida muy de cerca por Sain, que lo llevó a denunciar el 1° de junio de 2020 la existencia de una cueva financiera y la complicidad de la fiscal Cristina Ferraro en la desaparición de pruebas y que al mismo tiempo detonó su enfrentamiento con el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti.

El perfilamiento de Jorge Molina, habría respondido al intento de despejar el misterio del millón de dólares y los tres millones de pesos que desaparecieron de las oficinas de Oldani, poco después del crimen ocurrido el 11 de febrero de 2020. Sin embargo, los fiscales Hernández y Jiménez argumentaron que esas gestiones se realizaron sin control judicial. Por eso, quien las haya hecho está en serios problemas.