Una resolución inédita para la administración pública le otorga a un padre -- trabajador del Estado--, una licencia especial: se trata de los 100 días por “maternar”. La otorgó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) al ingeniero agrónomo Gastón Pérsico, casado con Nicolás Molina en 2017. La norma se enmarca en el enfoque de género provisto entre otras herramientas por la Ley Micaela, y en la decisión de impulsar la no discriminación y la igualdad ante la ley para personas que, sin ser gestantes, pueden tomar el “rol materno” en la crianza de un hijo recién nacido.

Bautista, el bebé de Gastón y Nico --producto del método de vientre subrogado-- “vino con un pan debajo del brazo”, dicen los amigos de la pareja, y compañeros de trabajo de Gastón en el Centro Regional Córdoba, del Senasa. Allí reporta Gastón como inspector jefe en el área de inocuidad láctea. El organismo, de acción federal, liderado por una mujer --la ingeniera agrónoma Diana Guillén, quien firmó el 26 de abril la resolución 232, que acredita este reconocimiento--, sentó así un precedente histórico.

La decisión institucional se fundamenta en la necesidad de avanzar en “los derechos conquistados”, detalla Guillén. “Acompañar y apoyar esta situación, en otro contexto institucional no hubiera sido posible, porque no estaban dadas las condiciones políticas ni jurídicas”, explica. “Pero hay un camino que lleva a la ampliación de derechos y al debate desde la perspectiva de género y diversidad sexual --argumenta--, entre los cuales un hito importante es la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela". Y reflexiona en torno a los nuevos modelos de familia “sobre la necesidad de atender no solo a los derechos del trabajador, también a los del recién nacido”.

Los 100 días por “maternar”

Gastón cumplirá el rol materno en la crianza de Bautista. El bebé nació el 20 de mayo en una clínica de la capital cordobesa, explica el ingeniero agrónomo desde Río Ceballos, ante la consulta telefónica de Página/12. “Estamos los tres, con Nico y Bautista, que está tomando la mamadera”, cuenta. Y explica que fue por una cesárea programada ya que la gestante tenía dos cesáreas previas. “Por suerte salió todo bien” agrega. Detrás de su voz se escuchan los balbuceos de Bautista. “Es el hipo pos mamadera” cuenta Gastón. “El bebé también participa de la entrevista” agrega Nico, y se ríen.

Fue en enero de 2022, ya avanzado el embarazo, cuando Gastón presentó ante Senasa un pedido para esta licencia especial por nacimiento. Para llevar adelante el cuidado pleno de su bebé los primeros meses de vida. “Nunca dudé en que lo iba a lograr --comparte--, incluso contra el abogado que me tiraba abajo el ánimo”. Estas licencias se las dan solo a las mujeres para que se recuperen del parto, le decía el abogado. “Pero yo insistía en que no son solo por el parto, sino para cuidar al bebé”, enfatiza.

Si bien la familia vive a 25 kilómetros de Córdoba “y hay autovía” --detalla--, Gastón no se imaginaba atender al bebé “solo tres horas y después ir a trabajar, cada día”. Eso lo fortaleció: “Siempre tuve la convicción de que lo que iba a pedir, era lo más lógico del mundo --agrega--. Lo hice por mi cuenta, sin abogado, y lo logré”, se enorgullece.

Así la licencia de 100 días al padre que “ejercerá el rol materno” --indica la norma--, es hoy un nuevo hito en la conquista de derechos laborales. No sólo para el Senasa sino para la administración pública nacional. Y se define, explican desde el departamento jurídico del organismo, por la necesidad de “proteger el interés superior de los menores y garantizar la consecución de los derechos y obligaciones que los trabajadores y trabajadoras tienen en el ámbito de sus responsabilidades parentales con ellos”.

La mirada institucional

Había un vacío legal. Y hubo funcionarios dedicados a atender el pedido, positivamente, atentos a los tiempos que corren. Guillén explica que “teniendo en cuenta que la subrogación de vientre no está reglamentada y que las licencias por nacimiento que están contempladas legalmente no están adecuadas a los nuevos tipos de familia, el equipo de nuestra Dirección de Asuntos Jurídicos trabajó sobre la normativa”.

El apoyo jurídico “se basó en el convenio colectivo de trabajo para la administración pública que reconoce para el caso de adopción 100 días de licencia, sin distinción sobre el género de las personas adoptantes --destaca la presidenta del Senasa--, y siempre tomando al derecho de los niños como fundante para la decisión que tomamos”. De esta manera, reconoce, “se logró un dictamen ejemplar, que genera jurisprudencia y que pone en primer plano los derechos del niño a ser cuidado por sus padres”.

El largo camino de ser padres

“Fue y es mi voluntad ser pionero en esto abrir camino a estas posibilidades” sostiene Gastón. Habla de una legislación que proteja a los padres y a la persona gestante por igual, en una subrogación de vientres. Y hace hincapié en las licencias especiales: “Es que el amor y los cuidados a un hijo se manifiestan de diferentes formas. Todas son válidas, y respetables” explica. Y rescata las decisiones tomadas con su pareja: tanto en relación a la licencia, como en demandar que la justicia les conceda, antes de iniciar el proceso biológico, que el bebé producto de subrogar un vientre --siendo un matrimonio igualitario--, pueda estar "anotado con nuestros apellidos" describe Nicolás, algo sobre lo que también existía un vacío legal en el país. Ahora hay un precedente. 

La pareja había emprendido el camino de la adopción al año de conocerse, cuando decidieron casarse. “Fue una boda hermosa que empezó como algo intimo y terminó con 120 invitados, nuestras familias, los amigos, estaban todos” recuerda Nicolás. Pero el camino al bebé se hacía largo. Pasaba el tiempo y no los llamaban. Era “la nada misma” repasa Gastón. En la búsqueda hubo incluso intención de adoptar en Haití, pero todas las puertas se cerraban.

“La subrogación de vientre se podía hacer en otros países, pero algunos como Ucrania no acepta parejas igualitarias, otros sí, pero era inalcanzable económicamente” recuerda Gastón. Entonces supieron que esta práctica se podía realizar en la Argentina. Y decidieron hacerlo asegurándose protección legal para todas las partes. En ese sentido, también instalan un antecedente positivo. En relación a la licencia especial, Gastón destaca la escucha que encontró en el Senasa, donde trabaja desde 2014.  Agradece a las autoridades y los abogados del organismo. Y a sus compañeros de ATE "que siempre estuvieron atentos al caso”, concluye.

Los alcances de la Ley Micaela

Que esta resolución se haga efectiva al conmemorarse el séptimo aniversario del Ni Una Menos “es parte de la sintonía de la vida” describe Gastón Pérsico, mientras acuna a su bebé, Bautista. “Es una grata casualidad” añade Nicolás, el otro papá de Bautista, sobre la coincidencia de las marchas de “la marea verde” en Argentina, en Latinoamérica y otros lugares del mundo que abrieron puertas hacia nuevos derechos. En Ni Una Menos participaba activamente Micaela García, militante del Movimiento Evita, víctima de femicidio en 2017 en Gualeguay (Entre Ríos). En su homenaje se sanciona en 2018 la norma que lleva su nombre y establece la capacitación en enfoques de género para los agentes del Estado. Se consagra así “la igualdad de géneros y el acceso a todos los derechos. La protección de derechos de niños. Y la visibilización en el espacio público de los temas de igualdad de género” entre otros parámetros solidarios sobre equidad y no discriminación. Esto fundamentan la resolución tomada por Senasa en relación al pedido de licencia especial planteado por Gastón.