Uno de los pasajes que más aplausos despertaron el 10 de diciembre de 2019 fue cuando Alberto Fernández proclamó ante la Asamblea Legislativa: “Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más”. La afirmación del mandatario remitía a dos palabras fundantes de la democracia argentina y estaba enfocada hacia un organismo lúgubre que durante las distintas administraciones había tejido redes oscuras con la justicia –en particular con la federal– pero cuyo paroxismo se comprobó durante la gestión de Mauricio Macri. Para la tarea de saneamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Fernández designó a Cristina Caamaño, una fiscal que había pasado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y que, desde el Ministerio Público, se había hecho cargo de la oficina de escuchas cuando nadie quería hacerlo. La intervención de Caamaño durante dos años y medio al frente de la exSIDE estuvo marcada por la ruptura del maridaje entre espías y tribunales, el recorte de los gastos reservados y las denuncias a Mauricio Macri y a quienes él puso al frente de la AFI por distintos hechos de espionaje ilegal.

Caamaño estuvo el viernes a solas con el Presidente en la Casa Rosada mientras, afuera, proliferaban las versiones de su salida de la AFI. Su alejamiento del edificio de 25 de Mayo no se debió a diferencias con el presidente –que siguió ponderando su tarea al frente de la exSIDE– sino más bien a la decisión de darle un lugar a Agustín Rossi de importancia y de proximidad con el primer mandatario.

La interventora se reunió con su sucesor en Olivos durante el sábado. Tiene previsto verlo nuevamente el lunes en el quinto piso de la AFI, donde está su despacho. Después, ya solo quedará la mudanza para ella y el desembarco para él. Fernández le propuso a Caamaño continuar en el Gabinete, pero ella aún no contestó.

Caamaño ya le había dicho a este diario en enero que la intervención había cumplido una etapa. Ella, dicen en el Congreso, albergaba esperanzas de que su pliego como directora general de la Agencia se aprobara, pero eso nunca avanzó. Hubo un atisbo de tratarlo a mediados del año pasado, pero todo quedó congelado tan pronto como tomó impulso en Comodoro Py una denuncia que impulsaron espías y dirigentes macristas contra ella porque se filtraron copias de un libro de actas que había enviado a la justicia federal de Lomas de Zamora cuando se investigaba allí una trama importante del espionaje durante la era Cambiemos. Caamaño terminó sobreseída.

“Yo le agradezco muchísimo al Presidente la confianza. Fue lo más importante a nivel laboral que me pasó en mi carrera profesional. Es un lugar por el que jamás se me hubiera pasado por la cabeza estar”, le dijo Caamaño a Página/12 cuando este diario le preguntó por el balance de la intervención. “Actualmente la AFI es lo más parecido a cualquier organismo del Estado. Eso implica que hay estado de derecho”, agregó.

Caamaño pisó por primera vez la AFI junto Santiago Cafiero –con quien edificó una buena relación–. Si bien hay quienes la presentan como cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Caamaño respondía al Presidente. Con él consultó antes de presentar cada una de las denuncias que radicó ante los tribunales federales. La primera fue –sin que trascendiera públicamente– la que daba cuenta de que la AFI había espiado ilegalmente a CFK en su departamento de Juncal y Uruguay y en el Instituto Patria. Después presentó otras denuncias sobre intrusión en correos electrónicos o vigilancia masiva durante las cumbres de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y G20.

Sin embargo, las presentaciones judiciales que sacudieron el tablero político fueron dos: la del espionaje a los familiares del ARA San Juan –por la que Mauricio Macri terminó procesado– y la del video filmado por la propia AFI en el que se escuchaba al ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, decir que quería una “Gestapo” para terminar con los sindicatos. Ese caso podría --si no pasa a Comodoro Py-- ser un nuevo dolor de cabeza para el expresidente y un problema serio para la exgobernadora.

En paralelo, Caamaño trabajó en una reforma de la ley de inteligencia y modificó la estructura de la AFI al sacar la figura del número dos o “Señor Ocho”. Recortó a menos del diez por ciento los fondos reservados –que siempre se usaron como caja negra de la política como lo prueba el pago a Carlos Telleldín en la causa AMIA– y rompió con ciertas prácticas arraigadas en el secretismo de los servicios como que todos –aun quienes no hacen tareas operativas– tuvieran un nombre de cobertura o que cobraran en un sobre dentro del propio edificio de 25 de Mayo.

La intervención también encontró más de 250.000 fichas de antecedentes que se almacenaron durante la última dictadura y propuso su relevamiento, siguiendo una iniciativa en la que trabajaron organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta. Una de las últimos contactos de Caamaño con los Tribunales de Comodoro Py fue para hacerle llegar al juez federal Daniel Rafecas un sumario de un agente que había revistado en la estructura de Automotores Orletti, el centro clandestino que funcionó bajo la órbita de la SIDE durante buena parte de 1976. Antes de despedirse de Rossi, Caamaño le recordó que en los próximos días comenzarían a digitalizar esos documentos en la Casa de la Moneda.