El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que diez integrantes de la Policía de la provincia fueron detenidos en relación a los suscitados la madrugada del 29 de mayo en la Comisaría 42, de la ciudad de Tartagal en el norte provincial, en los que varios detenidos resultaron con lesiones de distinta consideración. 

Según se informó, el fiscal el fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, solicitó la detención de ocho efectivos de la División Infantería de Tartagal y dos policías de la Comisaría 42. 

El MPF anunció que mañana, lunes 6, luego del control de legalidad ante el Juzgado de Garantías 1º de Tartagal, que dio curso a las detenciones, los policías serán conducidos a Fiscalía de Derechos Humanos para la audiencia formal de imputación.

Se indicó que, entre otras razones, el fiscal González pidió las detenciones luego de que algunos detenidos contaran que luego de haber dado sus testimonios fueron "amenazados respecto a lo que podría suceder como consecuencia de sus denuncias, mensaje que incluso fue recibido por familiares". Ya el día de los hechos familiares de los detenidos descontaban que iban a recibir amenazas, porque es la práctica habitual tras hechos de violencia policial. 

Entre distintas medidas que tomó en el marco de la investigación, el fiscal dispuso llevar a cabo entrevistas con las víctimas. Además, pidió que se secuestren el libro de guardia, los dispositivos móviles y se lleve a cabo una inspección ocular y registro de las instalaciones de la Comisaría 42. 

Los hechos de violencia sucedieron en la madrugada del domingo pasado, 29 de mayo. Según denunciaron familiares de varios detenidos, primero públicamente y luego formalmente, policías de esa dependencia y miembros de la Infantería los sometieron a golpes y actos denigratorios.

El MPF confirmó que efectivamente hubo denuncias penales y que se constató "en los correspondientes informes médicos, la presencia de hematomas, equimosis, fractura, y varias lesiones diversas" en algunos detenidos. 

Además, el organismo detalló que en las denuncias se relatan "hechos de tortura, azotes y golpes con diversos elementos, como látigo, cachiporras y palos". Asimismo, "Los detenidos habrían sido obligados a desnudarse y permanecer de ese modo, durante largo periodo de tiempo", con bajas temperaturas. Se calcula que el incidente comenzó a las 3 de la madrugada y finalizó a las 7 aproximadamente.

Las denuncias también dan cuenta, indicó el MPF, de que los policías también destruyeron elementos personales de los detenidos. Y se narraron en estas denuncias formales que algunos fueron "obligados a meter la mano en el lugar donde defecan", o fueron "sometidos a la simulación de ejecuciones mediante escopetas", tal era la situación de terror que los que no habían sacados de sus celdas "se escondían bajo los colchones". 

La violencia se desató poco después de que el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta constatara las pésimas condiciones en las que están las personas detenidas en la Comisaría 42. El Comité informó entonces que el día de la visita, el 27 de mayo, había 56 personas alojadas en cuatro celdas pequeñas. 

El organismo precisó que en se grupo había personas en prisión preventiva y condenadas, alojados "con carácter permanente", a pesar de que las comisarías "no son instituciones destinadas a albergar a personas más allá de un breve periodo de tiempo".

Además, el Comité constató una sucesión de violaciones de derechos de las personas detenidas. Como en la Comisaría no hay condiciones, no les permiten contacto con sus hijos e hijas. 

La descripción del Comité sobre las condiciones recuerda las prácticas de la dictadura: "El espacio destinado a las personas privadas de libertad no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen un trato digno, ni asegura posibilidad alguna de higiene o seguridad, no tiene baños (se utiliza un pozo común con cámara séptica que se puede usar solo en determinadas horas por día y sin privacidad), tampoco hay duchas, se advierten cucarachas y otros insectos saliendo de las paredes, en general se observa falta de higiene y ventilación, no hay camas y gran parte de la población duerme en el piso sin colchones. No existe posibilidad alguna de actividad recreativa, laboral o educativa; y el régimen de visita es absolutamente limitado: 15 minutos por semana de un único familiar. Se alegan además diferentes tipos de malos tratos, los cuales fueron oportunamente denunciados", sostuvo el Comité.