Dos de ellos empleados de la sede local del PAMI Salta y un contratista particular fueron imputados anteayer por defraudación a la administración pública. En el caso de los dos trabajadores del organismo se les agregó la imputación de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La acusación fue instada por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, ante el juez federal de Garantías N° 1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros planteos de la fiscalía, entre ellos la determinación del plazo de investigación y medidas de coerción para garantizar el curso del proceso penal.
La acusación recayó sobre Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, empleados del PAMI, y Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, dueño de una empresa de servicios de logística digital. La Fiscalía calculó que estas maniobras habrían provocado un perjuicio económico al Estado Nacional por un monto estimado de 3,5 millones de pesos.
Al presentar el caso Mirabella detalló que la investigación se inició el 25 de octubre del año pasado, a raíz de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII Salta, dependiente del PAMI.
El auxiliar fiscal explicó que la denuncia se refería a dos expedientes de contratación de servicios que entendía que tenían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites, y que Palacios y Coronel fueron sindicados como responsables, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en esas maniobras.
Los expedientes tratan sobre procesos de contratación directa de servicio de audio y video, con pantallas led, destinado a encuentros a llevarse a cabo en distintos centros de jubilados, con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI.
En uno de los contratos, de septiembre del año pasado, se hacía mención a la presentación de presupuestos por parte de tres oferentes, uno de los cuales era Villagrán Di Pietro, quien cotizó en 440 mil pesos por la cobertura del evento. Las otras ofertas eran de dos firmas con cotizaciones superiores y resultó favorecido Villagrán Di Pietro, por tratarse de la oferta más baja. El auxiliar fiscal dijo que en el otro expediente se advierte una situación casi similar, aunque en este caso la adjudicación se realizó por contar con cierta experiencia en gerontología.
Mirabella describió además que, al margen de reflejar el contenido de los expedientes, el denunciante marcó una serie de irregularidades. Entre ellas, mencionó que la firma de Villagrán Di Pietro no cumplía los requisitos administrativos, tanto en el trámite del concurso como en el registro de proveedores. Y resaltó que las dos empresas que se presentaron en el primer expediente y que también aparecen en el segundo, no habrían presentado ninguna oferta. El denunciante anónimo dijo que pudo constatar que las presentaciones eran ficticias.
"Borrá todo al carajo"
El auxiliar fiscal dijo que a partir de la denuncia se convocó a la División de Investigaciones de la Policía Federal para que verificara si se había cometido hechos delictivos sobre la base de la documentación recibida. Así se constató que efectivamente las dos empresas que figuraban en los expedientes no habían realizado ofertas. Y tampoco pudieron dar con los domicilios de las presuntas empresas y en ambos casos los vecinos dijeron desconocer la existencia de esas firmas.
“Ante este cuadro de sospecha inicial, y dado el hermetismo existente en el PAMI por la supuesta influencia de los implicados, se avanzó con tareas de inteligencia, las cuales se realizaron con el control judicial correspondiente”, indicó Mirabella.
Así, se hicieron escuchas telefónicas en las que los ahora acusados hicieron referencia directa a maniobras dirigidas a sortear las exigencias del concurso, siempre con la intención de que Villagrán Di Pietro saliera favorecido. Y también hubo advertencias para asegurarse la impunidad, el auxiliar fiscal reveló que Palacios le indicó a Villagrán Di Pietro: “Seba, si podés, el correo, el WhatsApp y todo eso, borrá todo al carajo”.
En otras conversaciones intercambiaron información respecto a cómo debían presentar las facturas y como evitar que se adviertan irregularidades. Y por otro lado, en una conversación entre Palacios y Coronel ambos se mostraron contentos y hablaron de salir a festejar por los “cheques que tenían para cobrar”.
En otros mensajes Coronel reveló sin proponérselo la corrupción de otros empleados del Pami: mencionando un descontento con Palacios porque había pasado mal un presupuesto, por lo que tuvo que hacer unas gestiones extras para cumplir con un servicio y lanzó el comentario: “Después de esas cosas hay cometas, van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”.
En el marco de esta investigación se hicieron allanamientos en los domicilios de los acusados y en las oficinas del PAMI, además de la requisa del automóvil de Palacios. En estos operativos se secuestraron los teléfonos celulares de los tres hombres que ahora están siendo juzgados, también memorias digitales y gran cantidad de documentación, parte de la cual estaba en el auto de Palacios. Mirabella precisó que estos documentos están relacionados tanto a los dos expedientes en investigación como a otras contrataciones en las que aparecen las dos firmas mencionadas y la de Villagrán Di Pietro.
Conversaciones frecuentes
En cuanto al análisis de los teléfonos, Mirabella resaltó que había un contacto frecuente entre los acusados, contabilizaron un total de 1.300 llamadas de Villagrán Di Pietro a Palacios. Además, en los dispositivos electrónicos secuestrados al oferente favorecido se hallaron imágenes del primer expediente referido en la denuncia anónima, de la cual también se encontraron copias papel en un placard de su casa.
El representante del MPF informó asimismo que con entrevistas con personal vinculado a las áreas de contrataciones del organismo nacional, se informaron sobre los pasos administrativos que se deben llevar adelante para la adjudicación de esta clase de servicios.
“Todas las evidencias reunidas hasta el momento, llevan a la fiscalía a sostener que los involucrados tenían una cierta organización a los efectos de generar –en el ámbito de las contrataciones- un favorecimiento hacia Villagrán Di Pietro, donde los referentes técnicos serían Palacios y Coronel”, afirmó Mirabella.
Añadió que para lograr este cometido los acusados habrían utilizado "empresas denominadas de papel para así simular una adjudicación” en favor de Villagrán Di Pietro. A su vez, puso en duda que las prestaciones aludidas efectivamente se hayan concretado.
Dado que aún resta profundizar la investigación sobre la documentación secuestrada y analizar evidencias extraídas de otros dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía solicitó que los acusados se comprometan a no entorpecer la investigación, a presentarse cada 20 días en la Delegación local de la Policía Federal y se les prohíba tomar contacto con posibles testigos en la causa.
El juez hizo lugar a todo lo requerido por la fiscalía y también resaltó que existen elementos de prueba suficientes para avanzar con la investigación por los delitos imputados.
