El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que todavía no se emitió la respuesta oficial del Gobierno argentino al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Personas de la ONU, que ordenó la liberación inmediata de la dirigente social jujeña Milagro Sala. El presidente Mauricio Macri había dicho que para el viernes pasado estaría lista la posición oficial.
"Está en proceso la respuesta", sostuvo hoy Garavano en diálogo con el programa "Toma y Daca" de Radio Del Plata. Explicó que la demora se debe a que se trasladó el requerimiento al Poder Judicial y a la Fiscalía de Jujuy y que "ellos ensayaron una respuesta que es la que se está elevando al organismo".
Ratificó además lo adelantado por Macri sobre una invitación a miembros del Grupo de la ONU y a integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Se los va a invitar a la provincia de Jujuy a verificar la situación de MIlagro Sala y a tener diálogo con fiscales y jueces que están interviniendo en los casos", precisó.
Garavano también informó que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, viajará en estos días a Ginebra, Suiza, donde mantendrá una reunión con el Grupo de Trabajo de la ONU que consideró arbitraria la detención de Milagro Sala y ordenó su inmediata liberación así como un resarcimiento en su favor.
La líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur fue arrestada en diciembre tras encabezar un acampe de protesta frente a la gobernación jujeña. El Poder Judicial de Jujuy activó luego una seguidilla de investigaciones, todas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales, con las que la mantiene todavía en prisión.
La continuidad de Gils Carbó
"Si diera un paso al costado haría una contribución a la República", dijo Garavano al ser consultado sobre la continuidad de la Procuradora, aunque luego afirmó que "no está en los planes que se vaya ni que se deje de ir".
A pesar de la constante campaña en contra de Gils Carbó desde la asunción de Macri, para el ministro de Justicia es "un signo positivo de la gestión" que no haya "ataques institucionales a la Procuradora". "Más allá de las diferencias, durante todo el año hemos tenido una posición institucional", insistió el funcionario, al tiempo que ratificó que el Gobierno intentará avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal que impone un plazo al jefe de los fiscales.
Domiciliarias a los represores
Respecto a la posibilidad de que los detenidos por crímenes de lesa humanidad se beneficien con la prisión domiciliaria, el ministro de Justicia mantuvo su ambigua posición al respecto al afirmar que "es una decisión de cada juez en cada proceso".
"Hoy el código penal lo que establece es que para aquellas personas mayores de 70 años o aquellas que padecen enfermedades, los jueces tienen que valorar en cada caso si corresponde o no la prisión domiciliaria", añadió Garavano y dijo que la política del gobierno es extender "los dispositivos de control para las prisiones domiciliarias”.
