Desde Santa Fe

El intendente radical de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti, perdió el juicio. El juez laboral Nº1 de Santa Fe Jorge Raúl Candioti lo condenó a retractarse y pedir disculpas a quince trabajadores de su municipio, a quienes persiguió, discriminó, estigmatizó y hasta llamó “patoteros” porque realizaban una huelga en protesta por salarios adeudados, en enero y marzo de 2021. La condena impone el pago de las costas del pleito al “vencido” y habilita la acción por “daños y perjuicios” en el fuero civil. “Es un fallo histórico en la protección de los derechos personalísimos de los trabajadores sindicalizados en conflictos colectivos”, dijo el abogado Juan Andrés Pisarello, que promovió la demanda.

El apriete comenzó en la segunda etapa del paro, el 17 y 18 de marzo de 2021. En represalia, Placenzotti publicó los nombres de los trabajadores en huelga en el portal de la Municipalidad bajo el título: “La patota municipal impide el derecho a trabajar y pone en riesgo la salud e higiene de la población”.

Los trabajadores intimaron al intendente para que se retracte en público, pero como no lo hizo lo denunciaron por la “persecución” y su “actitud discriminatoria”.  “Una de las tantas que ejerció" contra ellos. “Una práctica contraria a las garantías individuales”, la calificaron en la demanda que el juez Candioti cita en su fallo.

Pisarello dijo que el panfleto de "La patota” se publicó en el portal del municipio, pero también se distribuyó en los medios de San Carlos Centro. “Los trabajadores y trabajadoras se sintieron vulnerados por el escarnio público”. “Muchos no pudieron  desarrollar otra actividad laboral porque en la ciudad y en pueblos aledaños los habían individualizados como ‘patoteros’”. Otros, “recibieron tratamiento médico profesional por la tristeza y vergüenza” que sufrían y el “temor a más represalias”.

Los denunciantes lograron probar que Placenzotti los llamó “patoteros”, con nombres y apellidos. “Una cosa es la libertad de expresión y otra que una patronal pública con poder de resonancia en medios locales pueda vulnerar el honor de trabajadores que ejercen un derecho constitucional, como es el de huelga”, señaló Pisarello.

En juez Candioti dijo que “patota” significa un “grupo integrado, normalmente por jóvenes, que suele darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”. “Una calificación ofensiva y desacreditante” que el intendente publicó en el portal del municipio con la “particularidad” de que también señaló con “nombres y apellidos” a los trabajadores en huelga.

“En ese contexto, y contrariamente a lo que aseveró el municipio” -sentenció el magistrado-, la actitud de Placenzotti revela una “falta de cautela y prudencia” y una “incuestionable intención de desacreditar y ofender” a sus perseguidos. La “publicación” del intendente -explicó- lesionó “derechos personalísimos” de los trabajadores y les causó “un evidente perjuicio al honor y a la reputación”, más allá de que después fuera “eliminada” del portal.

Candioti admitió también como prueba una resolución del Concejo Municipal de San Carlos Centro que –en medio del conflicto gremial- reclamó a Placenzotti el “cese inmediato de actos de persecución, discriminación y hostigamiento de los trabajadores” municipales y restituya el pago de los días de huelga “descontados de modo arbitrario e ilegal”, entre otras cosas.

“Corresponde –dijo el juez Candioti– ordenar que la demandada”, que es la municipalidad y su intendente Placenzotti, “rectifique públicamente” el libelo del 17 de enero de 2021 (“La patota...") que identificó con “nombres y apellidos a los trabajadores afectados” y “ofrezca en el portal oficial las disculpas pertinentes del caso, dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento (del pago) de astreintes en caso de renuencia”.

“Es un fallo importante que respalda el legítimo derecho a huelga y también limita el poder de fuego que -en este caso- posee un intendente que es conocido por sus prácticas reñidas con la ética de las relaciones laborales”, expresó Pisarello. “Un dato importante: el juez estableció que los daños morales que estimen los trabajadores deberán ser reclamados en el fuero civil”.