El allanamiento a la comunicadora Manuela Calvo, y secuestro de elementos de trabajo que “se encuentren relacionados o se mencione de manera expresa al caso Arcoiris”, despertó el repudio de instituciones y diferentes organizaciones.
La Secretaría de la Mujer y la Diversidad de La Rioja, repudió las acciones con fuerte comunicado: "Las resoluciones judiciales no deben convertirse en decisiones persecutorias y deben estar de acuerdo a un presunto delito que se le imputa para no caer en excesos que busquen disciplinar a las personas", expresa el documento del organismo a cargo de Karen Navarro.
El comunicado que se solidariza con Manuela Calvo, señala que "Es una determinación confusa de la magistrada porque la comunicadora cumplió con todas las órdenes judiciales al momento de ser denunciada y censurada". Esto en referencia que la Justicia le había prohibido a Calvo estrenar un corto audiovisual de ficción sobre los abusos sexuales en la infancia.
Además advierte: "Consideramos que es peligroso alentar discursos de odio que legitiman la violencia simbólica y mediática y que buscan descalificar el compromiso por la lucha por los derechos de las mujeres y de las infancias. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de contar con una Justicia con perspectiva de género que cumpla con la legislación internacional y nacional vigente", se remarca en el comunicado de la Secretaría de la Mujer y Diversidad.
Avance contra libertad de expresión
En tanto, el Foro de Periodismo Argentino, (FOPE) publicó en sus redes una advertencia "sobre la gravedad institucional del allanamiento dispuesto este domingo por la Justicia riojana al domicilio de la comunicadora Manuela Calvo, y reclama a las autoridades la inmediata devolución de las herramientas de trabajo secuestradas a la colega".
En este sentido FOPEA adviertió que "la medida judicial implica un avance claro sobre la libertad de expresión y que peligran garantías constitucionales como el secreto de las fuentes de información periodísticas".
Desde FOPEA también remarcaron que "la protección está contenida incluso en los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales Argentina adhiere, puesto que se trata de un derecho fundamental para asegurar un libre flujo de información entre los periodistas y sus diversas fuentes. La tutela alcanza no sólo a la reserva de las fuentes de un periodista, sino también a sus apuntes, archivos personales y profesionales, según la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", subrayaron.
Justicia real es justicia imparcial
Bajo este título, desde la Mesa de Género y Diversidad del PJ dieron a concoer su "enérgico repudio". Las militantes señalaron "el accionar desmedido de las fuerzas policiales durante el allanamiento" y denunciaron que se dio "en el contexto de persecución que atenta contra la libertad de expresión, ordenándole incluso que deje de filmar el procedimiento, es decir, yendo en contra del reconocimiento constitucional que tiene este derecho", denunciaron.
Y recordaron que "La comunicadora ya fue intimida anteriormente para que no publique un corto de ficción donde denuncia abusos sexuales en las infancias".
También denunciaron "el atropello del abogado Emilio Pagotto al referirse de manera hostil, discriminatoria, misógina y clasista para con quienes militamos y defendemos los derechos de las mujeres y diversidades (habiendo ya en el pasado cercano enviado intimaciones judiciales a Compañeras de esta mesa)".
En este sentido salieron al cruece de "las amenazas vertidas por este mismo individuo al querer amedrentar a la Secretaria de la Mujer y Diversidad y nuestra compañera Karen Navarro a razón de cumplir con el deber que el cargo le refiere".
También pidieron una reforma judicial con perspectiva de género: "Justicia Real es dictar las medidas protectoras contra las víctimas de violencia machista, Justicia real es ser verdaderamente imparcial EXIGIMOS REFORMA JUDICIAL CON PERSPECTIVA DIVERSA DE GÉNERO Y DDHH YA!", concluye el comunicado.
