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El proyecto de ley, que fue ingresado el 1° de junio y pasó a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado de Salta, señala en su artículo primero que persigue el objeto "la visibilización, protección, prevención y reparación de las víctimas de la práctica denominada chineo".
Luego define esta práctica como "los ataques de índole sexual en grupo a niñas, niños y mujeres pertenecientes a los Pueblos Originarios". Aunque le falta precisar que son ataques de hombres criollos en perjuicio de personas de pueblos indígenas, porque el chineo es una práctica criminal propia del colonialismo y el racismo, su autor, el senador Walter Cruz, del Pueblo Kolla del departamento Iruya, dijo a Salta/12 que es un "anteproyecto" que van a someter a consultas para mejorarlo.
Entre esas consultas, el senador dijo que prevén convocar al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Defensoría General, y, por supuesto, al "colectivo de mujeres indígenas", con el objetivo de "sacar una ley lo más aplicable posible".
“Seguramente va a haber modificaciones, lo que más nos interesa es que esté el espíritu de la ley, que es la de visibilizar” y prevenir estos hechos, sostuvo el legislador, que insistió con buscar "consenso". La “ley siempre va a ser perfectible”, añadió.
Destacó que hay varios aspectos para revisar y, entre ellos, señaló el uso del término "reparación" en el anteproyecto presentado. Esta palabra es rechazada por las mujeres de más de veinte naciones pueblos indígenas que participaron del Tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir realizado entre el 22 y 25 de mayo en la localidad de Chicoana, en los valles de Salta. A pesar de tener en cuenta esta objeción, Cruz señaló que se habla de una reparación económica, aunque dejó abierta también la discusión sobre este punto.
Añadió que también deben definir "cómo será la discusión de la ley", si van a llevar la consulta a los territorios, en el norte provincial, "hay cuestiones que vamos a tener que ir viendo. La ronda de consultas y aportes seguramente va a tender a esto", sostuvo. Agregó que está al tanto de la campaña #AboliciónDelChineoYa que lanzó el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y del reclamo de una legislación nacional que ponga fin a esta práctica, pero dijo que consideró que en la provincia deben tomarse medidas urgentes. "Hemos querido poner en el tapete la discusión y a partir de ahora vamos a escuchar todos los aportes", reiteró.
El proyecto de ley salteño lleva también las firmas del senador Carlos Ampuero, del departamento Santa Victoria e integrante del Pueblo Kolla, y de la senadora por el departamento San Carlos, Sonia Magno, del Pueblo Diaguita Calchaquí.
El artículo segundo del proyecto prevé que en los siguientes seis meses después de aprobada esta ley, “el Colegio de Gobierno del Ministerio Público y el Poder Judicial de la Provincia de Salta, deberán –cada uno por separado- confeccionar un informe dando cuenta de la existencia de procesos en los que hubiere intervenido y de los que surja la práctica del chineo”.
Esos informes, dice el texto propuesto, debe precisar: la "cantidad de casos (de chineo) en los últimos diez años; lugares de los hechos; edad y género de las víctimas; edad y domicilio de los atacantes, situación procesal de los mismos y cuántos de ellos se encuentran actualmente en libertad; si los atacantes son funcionarios o empleados del Estado nacional, provincial o municipal; reincidencias; cantidad de sentencias condenatorias; penas recibidas; cantidad de sentencias absolutorias; casos archivados; procesos en trámite o paralizados, y antigüedad de los mismos; medidas de protección y asistencia a las víctimas y su situación actual".
También debe dar información sobre la participación que se les otorga a los Pueblos Originarios en estos procesos judiciales: "medidas de reconocimiento en los procesos penales de la Identidad Cultural de los Pueblos Originarios; participación de auxiliares bilingües en las distintas instancias; medidas que se hubieren ordenado a los efectos de garantizar la seguridad de las víctimas y su comunidad, grado de cumplimiento de estas; medidas de reparación y contención para con las víctimas”.
Y “deberá incluir todas las recomendaciones y propuestas que estime pertinentes para dar acabado cumplimiento al objeto de la presente ley”.
El artículo tres dispone que este informe deberá ser actualizado cada año, como máximo al 30 de junio.
Sensibilización en las escuelas
Por otro lado, el artículo cuarto, dispone que a partir de la sanción de esta ley “y hasta dos meses antes del inicio del ciclo lectivo 2023, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta deberá confeccionar un proyecto de sensibilización y lucha contra la práctica del chineo y delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y mujeres, el que deberá ser trabajado y replicado en todas las escuelas de la provincia de Salta, adaptado a todos sus niveles, a partir del ciclo lectivo del año 2023, en adelante”.
Antes de ser puesto en práctica ese proyecto “deberá necesariamente contar con la consulta previa e informada de los Pueblos Originarios de la Provincia de Salta, cuyo aporte deberá ser consensuado necesariamente con la mayoría de sus representantes para su posterior dictado”. Además, estos pueblos podrán realizar "en todo momento los aportes y contribuciones que consideren necesarios a los efectos de mejorar la sensibilización y lucha en contra del chineo”.
Se anticipa que el artículo quinto será objeto de modificaciones. Crea una Comisión Especial compuesta por “una referente del género femenino de cada una de las etnias o Pueblos”, con reconocimiento oficial o en proceso de ser reconocidas por la provincia, además de una representante de la Universidad Nacional de Salta y una de la Universidad Católica de Salta; una representante del Poder Ejecutivo “con rango de ministra”; una representante de la Cámara de Diputados y otra de la Cámara de Senadores, “con mandato vigente, dando prioridad a quienes se perciban o formen parte de Pueblos Originarios”; una representante del Poder Judicial de la provincia, y otra del Ministerio Público.
Esta Comisión Especial “recibirá los informes” del Poder Judicial y el Ministerio Público y “determinará las acciones a seguir" y su difusión "con las recomendaciones o señalamientos que estime pertinentes”.
La iniciativa prevé que esta Comisión, que tomará las decisiones, será presidida por una de las referentes indígenas. Y podrá usar el 3% de la pauta oficial que tenga cada año el Poder Ejecutivo, para “la difusión de las acciones, informes, o campañas de lucha y sensibilización contra la práctica del chineo”. Además, estará “legitimada para reclamar en forma judicial o administrativa los objetivos” previstos en el artículo primero.
Fuera de este 3% de la pauta para difusión, no prevé fondos para el funcionamiento de esta Comisión, que necesitará, si se tiene en cuenta que las referentes de los pueblos indígenas residen en su gran mayoría en el norte salteño, bastante distante de la ciudad capital.
Una práctica criminal racista
El 25 de mayo el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir difundió una declaración en la que dio un "ultimátum al Estado argentino para la abolición del chineo" y exigió que el chineo, al que describieron como "una práctica criminal, racista y colonial sistémica", sea declarado crimen de odio y se le apliquen las penas máximas sin la posibilidad de obtener beneficios.
También exigió que el chineo sea declarado imprescriptible, que las empresas cuyos empleados hayan cometido "esta aberración", sean responsabilizadas e inhabilitadas para trabajar en los territorios; que se "procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes y/o militares que violen a las niñeces indígenas"; se expulsen y condenen a las instituciones y grupos religiosos que sean cómplices de estas prácticas; que funcionarios públicos y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que sean ejecutores de estas prácticas o sean cómplices o facilitadores sean juzgados y condenados.
Y reclamaron también el embargo de todos los bienes de los violadores, para cumplir con la contención económica y la recuperación de la víctima. Y que haya una sanción económica al Estado argentino para "la creación de un fondo de prevención, recuperación y apoyo a las víctimas del chineo". "Entendemos y sostenemos que el principal responsable de que estas prácticas criminales sigan vigentes desde hace más de 200 años ha sido el propio Estado argentino, que en ninguno de sus sucesivos gobiernos ha generado ni ha producido instrumentos legales para la prevención y tratamiento de casos de chineo", concluye la declaración.
