La organización ambientalista Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña “presiona” al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas.
En la información se añadió que este pedido se realizó en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio. Este amparo incluye regiones de Salta y otras provincias.
Si bien la intencionalidad de los ruralistas fue reconocida, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que en tres ocasiones autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación negaron tal alternativa.
“Cuando asumimos la Sociedad Rural tenía un proyecto propio sobre el Manejo Ganadero Integrado en los Bosques (MGIB), que había realizado un especialista contratado por ellos”, dijo Aldazábal ante la consulta realizada por Salta/12.
En la propuesta elevada se plasmó la intención de deforestar el 50 por ciento de las fincas. La iniciativa ya había sido elevada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el Ministerio de Ambiente de ese entonces rechazó el proyecto en dos ocasiones. Mientras, la actual gestión, a cargo de Juan Cabandié, hizo lo propio “una vez”.
Aldazábal añadió que está vigente un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que dispone que el MGIB debe dejar un 70 por ciento de los árboles en pie de cada un catastro, y hacer lo propio con el 30 por ciento de las especies arbustivas.
“Cualquier cosa que se aparte de la ley no corre, es imposible”, reiteró el funcionario al responder a las intenciones denunciadas por Greenpeace respecto de las pretensiones de la Sociedad Rural Salteña. Sin embargo, el alerta surge de los antecedentes de las actuaciones de los sucesivos administradores del estado salteño. La historia reciente demuestra que en más de una ocasión primaron más los intereses particulares que lo establecido por la normativa vigente.
Una de las provincias más deforestadas
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un comunicado, la entidad ambientalista sostuvo que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre de 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. “Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19”, recordó Greenpeace.
“El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté”, señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas.
La organización ecologista solicitó garantizar la “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5 por ciento de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó el referente ambientalista.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
