La Cámara de Diputados de Salta incluyó en el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de mañana un proyecto de ley que crea la Secretaría de Estado de Gestión Integral del Agua, que dependerá del Ministerio de Infraestructura. De prosperar esta iniciativa, significaría el fin de la empresa Aguas del Norte, ya que las tareas a su cargo serán absorbidas por la nueva dependencia estatal.

El proyecto es autoría de Daniel Segura, y lleva también la firma de sus compañeros del bloque Más Salta, pero además la de Germán Rallé, titular del bloque oficialista Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, y del senador saencista Carlos Rosso.

En el artículo 3 de la normativa propuesta, se establece que la Secretaría “tendrá como objetivo trabajar integral y transversalmente los temas hídricos de la provincia de Salta, en el marco de la Ley Provincial N° 7017 - Código de Aguas de la provincia de Salta". Por lo que en el artículo siguiente se deja sin efecto el decreto 2195/09, con el que para estatizar el servicio se creó Aguas del Norte en 2009, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

La iniciativa también señala que la nueva secretaría tendrá la facultad de “planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de líquidos residuales, por medio de los Organismos Públicos Descentralizados en materia hídrica, de los cuales la Secretaría actuará como órgano rector y operador”.

Finalmente, en el sexto artículo detalla las funciones y atribuciones de la nueva dependencia mediante una larga secuencia que ocupa todo el alfabeto castellano, ya que se extiende desde el inciso “a” hasta el “z” y que estipula, entre otras, la provisión del servicio de agua potable, obras hidráulicas para el aprovechamiento del recurso en actividades productivas y la gestión de recursos para lograr esos objetivos.

Los fundamentos que acompañan la iniciativa son breves pero allí el autor del proyecto señala que “El sistema de administración de los recursos hídricos actual de nuestra Provincia es deficitario, con una planificación hidrológica integral, se tiene como objetivos generales conseguir la adecuada protección de nuestros recursos hídricos, procurando el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades de recursos para el aprovisionamiento de agua potable y paliar los efectos de inundaciones y sequías”.

Los reclamos a las empresas prestatarias de servicios públicos son constantes en las sesiones, ya que los diputados aprovechan para hacerlos mediante proyectos de declaración o durante las manifestaciones. En ese sentido son los representantes de los departamentos del norte los más vehementes, especialmente cuando comienzan los calores intensos y se repiten los constantes cortes de luz y de agua durante prácticamente seis meses al año.

Enemigo municipal

Si bien, al igual que los diputados y senadores, son varios los intendentes que elevan su voz reclamando por un mejor servicio, paradójicamente el actual gobernador Gustavo Sáenz, durante su paso por el municipio de Salta, tuvo un particular duelo con Aguas del Norte por los arreglos de las cañerías.

Sáenz no dudaba en apuntar contra la empresa estatal en cuanta entrevista hacía referencia al estado de las calles salteñas, culpándola de ser la causante de los baches por las filtraciones de agua, de romper arterias que se habían pavimentado recientemente o de baches que quedaban tras los arreglos durante mucho tiempo hasta que la empresa los iba a tapar nuevamente.

Inclusive apoyó públicamente un proyecto de declaración aprobado en el Concejo Deliberante en 2017, en el que se solicitaba al Ejecutivo provincial que se rescinda el contrato de concesión del servicio con Aguas del Norte.

Ahora, del otro lado del mostrador, el gobernador ve como su sucesora en la comuna, Bettina Romero, repite los mismos reclamos, aunque sin tanta intensidad y persistencia como en los tiempos de Sáenz.

“Se nos está haciendo muy difícil la puesta en valor de nuestras calles del centro, para que tengan una idea solo en marzo hubo unas 400 aperturas de agua. Es un trabajo ida y vuelta. Ellos tienen que cumplir con cierto procedimiento de dar aviso y cerrar y eso la verdad que nos está costando”, dijo en una entrevista por Multivisión.

Además, señaló que “debajo de nuestras calles hay agua y por eso las losas se caen, los pozos se generan tan profundamente, hay agua que corre. La propia gente de Aguas, lo cuenta permanentemente, el 50 por ciento del agua potable de nuestra ciudad se pierde en las cañerías”.

El largo camino desde AGAS a Aguas del Norte

La provincialización del servicio de agua potable en el país comenzó en 1980, cuando la provincia creó la Administración General de Aguas de Salta (AGAS), que asumió la responsabilidad total de la prestación en todo el territorio salteño.

Siete años después AGAS se dividiría en la Dirección Hidráulica, vinculada a las actividades de riego, y la Dirección General de Obras Sanitarias (DGOS), para la prestación de servicios sanitarios.

En 1996, el gobernador Juan Carlos Romero, con el argumento de "despolitizar los servicios" y separar "las necesidades coyunturales políticas de la gestión empresaria", creó la empresa Aguas de Salta, que tenía el estado provincial como principal accionista.

Sin embargo, solo dos años después entregaría por 30 años el 90 por ciento de ese paquete accionario a la empresa Necon, que sorpresivamente ganó la concesión al por entonces poderoso Exxel Group gracias a una oferta de 96 millones de pesos con la que duplicó a su competidor.

Solo llegaría a cumplirse un tercio del tiempo estipulado en el contrato, ya que en 2009 Urtubey, que desde su asunción en 2007 venía siendo crítico de la gestión de Aguas de Salta, decidió rescindir el contrato por considerar que hubo una serie de incumplimientos y la reemplazó por Aguas del Norte.

Esta nueva empresa tendría una constitución similar a la que tenía inicialmente Aguas de Salta, con un paquete accionario en manos del Estado, y la posibilidad de vender ese paquete de considerarlo necesario.

La propia empresa en su página web indica: “Actualmente, proveemos el servicio de agua potable a 92 localidades y 8 parajes -más de 1.000.000 de salteños– y prestamos asistencia técnica al resto de las localidades de la provincia”.

A principio de este año, en medio de una fuerte crisis hídrica, el gobierno salteño anunció un plan de inversión para realizar obras de infraestructura en toda la provincia con el objetivo de optimizar el servicio de provisión de agua potable, lo que implica 135 obras, con una inversión de $4.448 millones.

Según lo anunciado en el momento de la presentación realizada a mediados de enero, "el 70% de las obras deberán estar en ejecución en los primeros 60 días”.

Ese acto estuvo encabezado por los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho, y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, junto al presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado.

El mes pasado ambos funcionarios, más el secretario de Obras Hídricas, Mauricio Romero, se sumaron al directorio de la empresa estatal, lo que García Salado, único sobreviviente de la purga jerárquica de la empresa, consideró durante una entrevista en semanario El Expreso que era un respaldo del gobernador a la gestión de la empresa y la calificó de “una medida muy inteligente porque hoy todos los actores principales que tienen incidencia directa en la problemática del agua y saneamiento participan del directorio de la empresa”.

Menos de un mes después, legisladores oficialistas podrían poner punto final a la empresa si es que consiguen convertir en ley el proyecto que, en principio, tendría su primer tratamiento el martes.