Desde Rosario

La escandalosa caída de Vicentin hasta ahora nunca había alcanzado escenas como la que se produjo este lunes, y para colmo en la pequeña ciudad de Avellaneda, en el norte santafesino: policías de la Agencia de Investigación Criminal llegaron y arrestaron en su casa al contador Omar Scarel, el presidente del directorio del grupo agroexportador en default. El ejecutivo, ya imputado el año pasado por estafas multimillonarias, no zafó como aquella vez del pedido de detención. El fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja decidió que quede preso porque realizó maniobras para vender de manera ilegal acciones de la fábrica de biodiesel Renova a pesar de que hay una medida cautelar que lo prohíbe, e inducir al error a los acreedores del concurso al aceptar una propuesta de pago con el producido de esa venta ilegítima. Vicentin acusó el golpe y emitió un comunicado para calificar la detención de su CEO como " injustificada, arbitraria y desmedida".

La captura de Scarel en Avellaneda se hizo en simultáneo con allanamientos en Rosario, el menos disimulable, en Puerto Norte, en las oficinas de Renova. En busca de documentación probatoria, Narvaja secuestró allí soportes electrónicos de archivo.

Fue la presentación de una empresa acreedora de Vicentin la que activó el alerta de la Fiscalía de Delitos Económicos. Olzen SA, por intermedio del abogado Gustavo Feldman, presentó un escrito que fundamentó la colocación de esposas al presidente de Vicentin, para que no haya chance de que siga embarrando la cancha y perjudicando a la masa de acreedores. Lo que en derecho se llama "detener a alguien porque existe peligrosidad procesal".

Vicentin ya había vendido en 2019, antes de declararse en default, el 16 por ciento de las acciones de Renova a la empresa Viterra, que los querellantes señalan como una gran beneficiaria del proceso de vaciamiento de la firma concursada. Ahora –infiere la advertencia de Olzen SA– Vicentin terminó de transferir todas las acciones a Viterra y así sacó de su órbita la joya más auténtica de su patrimonio, lo que significa otro perjuicio más para la masa de acreedores del concurso. "Renova ya se vendió", denunció la presentación de la empresa acreedora de Vicentin.

Scarel y otros 13 ejecutivos (Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoán, los Vicentin, etc.) fueron imputados en octubre de 2021 por maniobras de estafa calculadas en 500 millones de dólares. En su momento el fiscal Miguel Moreno pidió la prisión preventiva para todos, pero el juez de primera instancia, Román Lanzón, entendió que no había motivo para tanto. Dijo el magistrado que alcanzaba con secuestrarle los pasaportes para que no salgan del país y depositen una caución de 10 millones de dólares. No alcanzó.

Desde entonces, Vicentin se movió en una dirección dolosa, según la presentación de Olzen SA, y Scarel aprovechó su libertad para generar esta situación. Ejemplo de ello fue una propuesta de pago presentada el 5 de mayo al concurso de acreedores, firmada por Scarel. En resumen, esa oferta explicada en 2.500 páginas consistió en prometerle el pago a acreedores a través de la venta de acciones de Renova y otros activos del grupo Vicentin.

Aseguró la empresa que con la venta de lo que le quedaba de Renova podría afrontar los pagos comprometidos, pero en rigor esto no llegaba ni al 20 por ciento de la deuda total, estimada en 1400 millones de dólares.

Hubo unos 800 acreedores que aceptaron esa propuesta. Lo que Vicentin no les aclaró es que esas acciones están interdictadas, es decir, hay una medida cautelar de no innovar que impide cualquier transacción con ellas.

La maniobra fraudulenta prosperó incluso a pesar de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se presentó en el concurso y advirtió hace dos meses la obligación de no innovar ni disponer de los activos interdictados.

Un VAR para el juez

En lo inmediato alguien habrá de objetar el desempeño del juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores. Él convalidó la propuesta y prorrogó incluso el plazo para que los acreedores acepten. Debería haber verificado la legalidad de la oferta y rechazarla por improcedente, para preservar lo que queda del patrimonio de la compañía concursada.

El fiscal Narvaja entendió que esta maniobra fue dolosa y que el firmante Scarel incurrió, de mínima, en desobediencia ante la cautelar impuesta. Y de máxima, en el delito de defraudación, según el artículo 173 del Código Penal que sanciona al "que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados". El empresario continuará con prisión preventiva y comparecerá el jueves en Rosario, en audiencia imputativa.

En el escrito al que tuvo acceso PáginaI12, Olzen SA advierte que la oferta de Vicentin "implica la venta de bienes y acciones cuya disposición se encuentra vedada por las cautelares dispuesta a pedido de esta fiscalía, sin advertir de esto a los acreedores. No se hace referencia alguna a las cautelares trabadas en sede penal, que impiden que tales acuerdos se puedan hacer efectivos".

En la maniobra, Vicentin obligó a los acreedores a "aceptar de manera incondicionada todos estos actos y se los hace renunciar a todo posible reclamo futuro".

"Los directivos de Vicentin siguen repitiendo las mismas conductas de ocultamiento y engaño que utilizaron para estafar a sus acreedores, cuando les recibían cereal que sabían que nunca iban a pagar", consigna la presentación ante fiscalía.

Saltó Vicentin

Vicentin reaccionó este mismo lunes. Comunicó que todos sus ejecutivos "han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida". Y deslizó sorpresa por la captura de Scarel "cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido".