El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron en la tarde del lunes el proyecto de ley para gravar la renta inesperada en aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La iniciativa irá al Congreso de la Nación y el jefe de Estado aseguró que "no es una obligación del Frente de Todos sino de todos los diputados y senadores" que se apruebe la nueva iniciativa.
"La guerra de Ucrania generó grandes problemas a todas las naciones, y la Argentina no está exenta de eso. Pero hay sectores que se han beneficiado por la guerra, por el tipo de negocio que desempeñan", inició su discurso el ministro Guzmán, que fue el primero en tomar la palabra. "En general, ha habido un shock en la distribución de los ingresos y las riquezas, y si no se hace nada habrá mayor desigualdad e inequidad", agregó.
En ese sentido, explicó que "hemos diseñado un mecanismo para que eso no ocurra". "Es un mecanismo que busca que en Argentina haya mayor equidad y que se fomente la inversion y el desarrollo productivo", añadió.
Las empresas alcanzadas son muy pocas
Según detalló el titular de la cartera de Economía, la iniciativa establece una alícuota que alcanzará a un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos.
Asimismo, explicó que otro de los criterios para la imposición de la alícuota será que el margen de ganancia en el 2022 sea superior al 10 por ciento. Y que también se aplicará cuando "el aumento del margen de ganancia en 2022, en relación a 2021, haya crecido en un 20 por ciento o más".
"Es un impuesto coparticipable que le va a permitir tanto a la nación como a las provincias contar con recursos para implementar políticas públicas en pos de una Argentina con mayor fuerza desde lo productivo y con mayor equidad social", sostuvo Guzmán.
En esa misma línea, el presidente Alberto Fernández destacó que el objetivo principal es la distribución de la riqueza con equidad para el beneficio de todos los argentinos, y llamó al Congreso a acompañar el proyecto y sacar este ley. Y planteó la necesidad de un debate similar al que dieron países como Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos, dejando de lado las identidades partidarias.
"No es una obligación del Frente de Todos sino de todos los diputados y senadores, porque lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías", explicó.
"Hemos venido a poner igualdad y a construir justicia social", concluyó el Presidente en el cierre del acto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno.
Un impuesto avalado por el FMI y aplicado en mundo
"Al igual que debe hacerse y a veces se hace después de las guerras, donde también mientras unas empresas luchan por sobrevivir otras se vuelven más boyantes que nunca, los gobernantes pueden hacer que estas últimas compensen a las primeras con un impuesto adicional y temporal", sostuvo el economista del FMI Jean-Marc Natal, al presentar un informe técnico del organismo a mediados de abril.
"El principio general de las finanzas públicas es que debes encontrar dónde están los recursos e intentar compensar a quienes más sufren", ratificó Natal. Esa es la política que decidió aplicar Gran Bretaña, Italia y España frente el incremento de los costos de la energía para compensar el pago de las tarifas domiciliarias, que en la Argentina se incrementarán en los próximas meses.
El gobierno del Reino Unido, a cargo de Boris Johnson, anunció a fines de mayo un "impuesto a las ganancias inesperadas (windfall tax)" para los productoras de petróleo y gas. Según el ente regulador de la energía británico, el impacto de la guerra en los precios llevará la factura domiciliaria de 800 libras y 2.800 libras (unos 3500 dólares) anuales promedio en octubre.
En tanto, Italia dispuso que las compañías de energía paguen un impuesto único del 25% para compensar el aumento del servicio. Un 10% del pago fue ordenado para fines de este mes y el resto deberá ejecutarse antes de noviembre. Por su parte, España ya tenía en ejecución un impuesto para las ganancias extraordinarias por el contexto de la pandemia de Covid-19 y la guerra, y el gobierno de Pedro Sánchez planteó busca reforzarlo haciendo foco en las empresas energéticas.
"España fue uno de los primeros países que intervino el tema de los beneficios caídos del cielo. No sé por qué se puede intervenir el sector financiero y no el energético", señaló Sánchez recientemente durante el Foro de Davos.