Mayor transparencia y eficiencia, mejor calidad de respuesta y mejores condiciones de trabajo fueron algunas de las clave del informe de gestión 2019-2021, presentado por la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, en la sede de la Universidad Católica de Derecho. En su alocución dio cuenta de los desafíos con los que se encontró al ser nombrada fiscal regional interina, ante la imputación a Patricio Serjal; la reestructuración y nuevas formas de trabajo de las diferentes unidades investigativas. En ese sentido, habló de lo que significó el desafío de "reconstruir la confianza". Sobre el informe, dijo que "expone todo el trabajo que se hizo y que muchas veces no es observado más allá de las causas de impacto". También apuntó a la necesidad de recursos: "No depende de nosotros, pero bregamos por esos recursos humanos que son insuficientes para la demanda que tenemos".
En agosto de 2020, Iribarren fue designada por el fiscal general Jorge Baclini, como fiscal regional interina de Rosario, en el marco de "una profunda crisis institucional" generada a partir de la salida de Serjal -imputado en una causa que investigaba una red de juego clandestino-, "un hecho sin precedentes que repercutió severamente". El informe indica: "El desafío más urgente fue reconstruir la confianza en la institución".
En aquel momento, "se evidenciaba una deficiente registración de los procesos de trabajo, lo que impedía el adecuado control de la gestión, principalmente en las áreas administrativas y procesales", dice el informe. Por otra parte, "los criterios de distribución de las cargas de trabajo resultaban difusos". Por lo que se pusieron en marcha "replanteos organizativos para mayor transparencia, mayor eficiencia, y mejor calidad de respuestas".
Entre los datos, el informe da cuenta que durante 2021 hubo 174 juicios orales en Regional Rosario. Esta cantidad es un 46% más que el año 2020, que había descendido en relación con el año anterior, ante la pandemia. En esos procesos, las condenas fueron 236. Además, desde el inicio del nuevo sistema procesal penal, en 2014, hasta el 31 de diciembre del 2021, hubo 9700 audiencias por procedimientos abreviados en la regional Rosario".
Al mismo tiempo, plantea que durante estos años "aparecieron con mayor preponderancia en Rosario y cercanías otras modalidades delictivas que ameritaron una concentración de investigaciones y métodos de investigación". Uno de los objetivos fue "poner énfasis en la investigación y el esclarecimiento de hechos cometidos con armas de fuego, principalmente por organizaciones criminales". Ello derivó en la creación de la unidad de balaceras, con un equipo de fiscales.
También se creó la Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos, en octubre del año pasado, replanteando los recursos, con cinco fiscales.
Entre otros datos se desprende que la unidad que investiga hechos de violencia de género, en el último año ingresaron 10.133 denuncias con un promedio de 28 diarias. Entre 2019 y 2021 "hubo 887 condenas; 19 en juicio oral y público". En el mismo período, la oficina de delitos sexuales alcanzó 488 condenas de las cuales un 20% se lograron por medio del trámite del juicio oral.
Sobre hechos de femicidio, se indica que "desde 2019 a la fecha se aplicó el protocolo de femicidios en 15 hechos; y en 10 de tentativas". Además, durante 2021, se llevaron adelante tres juicios orales por ese delito.
Sobre la Fiscalía de Criminalidad Organizada, el informe indica que la Agencia apunta a "generar investigaciones que puedan desafiar a las estructuras criminales arraigadas". La fiscal sumó ayer que "no podemos quedarnos con individualizar al autor de un hecho, sino que en estos casos hay que profundizar a establecer toda la organización que se encuentra detrás". En ese sentido, la fiscal habló de la competencia provincial en causas de lavado y dijo que en el período hubo 26 imputaciones y 8 condenas. Y mencionó que el veredicto del viernes fue un "hito para el MPA", en relación a ese delito.
En tanto, acerca de la unidad de delitos económicos, el informe indica que permitió "afrontar causas emblemáticas y de notoria repercusión (como la causa Vicentin) que representan un enorme desafío, en función del volumen de recursos afectados".
Sobre los homicidios, el informe indica que en Rosario se observa una "presencia mayor que en el nivel provincial de homicidios que se inscriben en tramas asociadas a organizaciones criminales o economías ilegales". Y agrega que "las muertes ocurridas en contexto de robo apenas representan un 4%".
