El 20 de octubre de 1993, Senem de Buzzi fue a un juzgado de familia a pedir un tratamiento para su hijo afectado por el consumo problemático de drogas. Pero terminó internada ella: la jueza lo ordenó de manera compulsiva. Ahora, casi 30 años después, el Estado argentino reconoció su responsabilidad y pidió disculpas a la familia de la mujer, que ya falleció.

“Esto es un acto de reparación necesario para hechos que sucedieron a lo largo de nuestra historia con las mismas características y con el despojo del derecho de las personas, en la mirada de un poder judicial tutelar, patriarcal que todavía seguimos exigiendo que se ponga a altura de nuestra democracia y que pueda entender los errores que cometió en el pasado y los errores que todavía sigue cometiendo”, afirmó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla en el acto en el que se firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde fue presentada la demanda internacional.

Pietragalla leyó parte del acuerdo y ratificó: “En nombre del Estado argentino vengo a reconocer las responsabilidad internacionales que nos cabe por las violaciones de los derechos a la libertad, a la integridad, al debido proceso, a la protección judicial a la vida privada y a la no discriminación sufrida por María del Carmen Senem de Buzzi y a presentar a su hijo, Carlos Maciel, nuestras más sinceras disculpas”.

Cuando la mujer fue a pedir ayuda por su hijo, "una jueza nacional ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas unos minutos y dispuso su internación forzosa, en violación de la legislación vigente en ese momento”, informó el CELS, que patrocina a la familia de la mujer, fallecida en 2019.

Senem de Buzzi fue “engañada por las autoridades del juzgado y trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo detenida por casi cinco meses”, agregó el organismo y caracterizó su caso como “paradigmático” respecto de “cuál era la respuesta estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental”.

El CELS precisó que durante los primeros 15 días de internación, María del Carmen permaneció completamente aislada, sin tener ningún contacto con el mundo exterior ni con su familia, en condiciones muy precarias que le provocaron distintas enfermedades. “Su voz y opinión fueron ignoradas de manera sistemática”, denunció el organismo.

Jamás pudo conocer la razón por la que se encontraba allí, ni recibió información sobre su tratamiento médico. Además, los defensores públicos no se contactaron con ella ni el juzgado controló la internación,  detalló el CELS.

Tras recuperar su libertad, Senem “presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado” en todas las instancias, es decir que a nivel nacional “le negaron la posibilidad de tener justicia y reparación por los daños sufridos”, razón por la cual el caso fue presentado ante la CIDH, donde ahora se alcanzó este acuerdo.