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El juicio penal contra la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se reanudó este lunes, pese a los reiterados pedidos de su defensa para suspender el proceso, y la Fiscalía anunció que decidió pedir 15 años de cárcel para ella por el caso Golpe de Estado II, en el que se juzga si asumió ilegalmente la presidencia del país vulnerando el reglamento del Senado. Un juzgado anticorrupción de La Paz retomó la audiencia, a la que asiste por videoconferencia la exmandataria de 54 años desde el penal de mujeres de Miraflores, donde está recluida desde marzo de 2021.
Áñez pidió estar presente en la sala judicial, algo que fue rechazado por el tribunal. Sin embargo consiguió dilatar una vez más el juicio alegando un malestar en la espalda, razón por la que acudió al centro de salud del penal en el que cumple condena, y el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó un receso hasta este martes a las 14 horas. En el juicio se analiza también la conducta de varios exjefes militares y policiales.
Los recursos de la defensa de Áñez
Los abogados de Áñez argumentaron el lunes que antes de esta instancia judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debía responder al recurso presentado por la expresidenta de facto en el que solicitaba que se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen en esta causa: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Los abogados argumentaron que el TCP no se pronunció sobre ese pedido y, por ende, el juicio podría no retomarse hasta que haya una decisión. Con esa solicitud, Áñez y su defensa pretendían frenar la reanudación del juicio, que ya se había suspendido a principios de mayo, cuando los abogados de la exmandataria presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el TCP.
Pero esta vez el pedido de la defensa de Áñez no prosperó y el juicio se reinstaló, una decisión que el abogado Alaín de Canedo calificó de "ilegal y arbitraria". A su vez de Canedo aseguró, sin dar mayores detalles, que "cuando se agoten todas las instancias internas que señalan nuestro procedimiento se va a recurrir a instancias internacionales".
El pedido de la Fiscalía
Durante prácticamente una hora, el fiscal Omar Mejillones detalló todas las acciones de Áñez entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, y al final de su alocución pidió "que se aplique la pena privativa de 15 años de prisión en el penal de Obrajes porque se ha probado la existencia del concurso real de delitos de dos tipos penales, además del pago de costas al Estado". En cambio, Áñez alega que no debe ser sometida a estos juicios sino a un juicio de responsabilidades o de privilegio como expresidenta.
Mejillones relató, apoyado por videos de medios de comunicación, que Áñez conocía todo el procedimiento legislativo para convocar a sesión, como leer la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, primero, y luego leer las renuncias de los dos primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera. "Al no haber instalado la sesión, no podía proclamarse como presidenta de esa instancia legislativa y por tanto, no podía convocar a una sesión de Asamblea", concluyó el fiscal.
Mejillones también dijo que al no tener en cuenta a todas las bancadas legislativas presentes, especialmente la del MAS en tanto era la principal, no se podía ignorar su ausencia, tomando en cuenta que los parlamentarios son representantes de la población. Por lo tanto, el fiscal concluyó que Áñez violó los derechos de 11 millones de bolivianos de estar presentes en esa sesión, de acuerdo al diario El Deber.
Luego de los alegatos de la Fiscalía como parte acusadora, se esperaba que siguieran los acusadores como el ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, y a continuación le debía tocar a la defensa de la acusada para que pueda cerrar la fase de alegatos. Concluido este procedimiento, el Tribunal de Sentencia deliberaría y dictaría la sentencia correspondiente.
Nueva suspensión del juicio
Pero entonces llegó el repentino malestar de Áñez, quien abandonó el juicio que sigue desde el penal de Miraflores en el que cumple condena. "Por intermedio de usted, al personal de Miraflores estamos disponiendo efectuar un receso hasta el día de mañana a horas 14, para que la señora Áñez pueda conectarse y puedan ustedes continuar con la revisión médica de la misma", informó el presidente del tribunal al asesor jurídico de la cárcel.
"Estas audiencias maratónicas afectan mucho sus condiciones de salud, se cansa y se desestabiliza. Han dado un receso porque ella se puso delicada de salud, pero eso al tribunal y al Ministerio Público no les importa", se defendió Carolina Ribera, hija de Áñez. El asesor jurídico del recinto penitenciario de Miraflores, Brayan Ticona, afirmó que Áñez se retiró a "reposar al área de salud" del penal y estaba "recibiendo una fricción en su espalda".
Este martes, la defensa de la también exsenadora contará con una hora para poder presentar sus alegatos y plantear los argumentos para liberar de culpa a su defendida en relación a los delitos que le acusan. Por pedido de la defensa, los miembros del tribunal, presidido por el juez Germán Ramos, se trasladarán a los penales de Miraflores y de San Pedro para escuchar a Áñez y los exmandos militares Flavio Arce y Pastor Mendieta, respectivamente, quienes también están siendo juzgados por el caso Golpe de Estado II.
Durante todo el día, en las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se registraron protestas de un grupo de personas exigiendo justicia por las víctimas de Senkata y Sacaba, unas movilizaciones contra la asunción de Áñez que fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas armadas y policiales, dejando un tendal de más de 20 muertos. "¡30 años para Áñez!", se escuchaba gritar el lunes a los manifestantes que se apostaron frente a las instalaciones donde se desarrolla el juicio.
Áñez está detenida desde marzo del año pasado, inicialmente por el caso Golpe de Estado I, por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que sirvieron para mantenerla recluida durante seis meses. Luego se abrió la causa llamada Golpe de Estado II que amplió esa detención por un tiempo similar. El juicio comenzó a principios de abril, tras un par de aplazamientos debido a las supuestas crisis de salud que presentó la expresidenta de facto o algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos jurídicos.
El caso Golpe de Estado II se basa en la acusación de que Áñez asumió ilegalmente la presidencia del país al violar el reglamento del Senado y que lo que debía hacer después de la renuncia del entonces presidente Morales, el vicepresidente García Linera, y los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, era convocar a una sesión para elegir nuevas directivas. A juicio del oficialista MAS, la presidencia debió recaer sobre un legislador de este último y no en Áñez, quien aseguró que tomó el mando del país porque existía un "vacío de poder".
