El plenario del Parlamento del Mercosur postergó una votación sobre la situación de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y resolvió devolver el dictamen que proponía su expulsión del cuerpo a la comisión de Presupuesto y Asuntos Internos para incorporar elementos conocidos recientemente de suma importancia. Uno de ellos es la resolución de la jueza penal de Montevideo Adriana Chamsarian, que le rechazó el pedido de refugio al operadora macrista --que lleva 545 días en Uruguay, donde escapó-- al considerar que no es víctima de ninguna persecución política sino que se le sigue una causa judicial por delitos comunes, en este caso extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo. El Tribunal de Apelaciones, al que le toca revisar ese fallo, estaría muy cerca de tomar una decisión. 

Los representantes del Frente de Todos en el Parlasur no tienen un escenario fácil para conseguir los 77 votos (de un total de 117 parlamentarios) necesarios para definir la expulsión de Rodríguez Simón del organismo, aunque el dictamen de comisión fue aprobado por una cómoda mayoría. El planteo, votado a fines de abril, pedía excluirlo del cuerpo "por su manifiesta inhabilidad moral y la falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido" debido a su condición de prófugo, ya que se quedó en el país vecino para no prestar declaración indagatoria en la causa en la que la jueza María Servini lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional y su extradición. Pero aquel documento, que finalmente llegó este lunes al recinto, no incluía la decisión de la jueza uruguaya de primera instancia de rechazar el pedido de refugio, lo que fortalecería el planteo frente al Parlmanto.

El pedido del FdT

La propuesta para que el caso vuelva a la comisión fue formulado por Jorge Cejas, del Frente de Todos. Enseguidas se le opuso Humberto Benedetto, de Juntos por el Cambio de Córdoba, quien dijo que la comisión ya había hecho todo lo que estaba al alcance. Ironizó: "Al parecer, ahora el gato corre al perro", quien criticó el pedido que pospone el debate y dijo que antes el oficialismo argentino cuestionaba maniobras dilatorias. A la hora de votar, de todos modos, se impuso la idea de Cejas por 42 votos sobre 18. El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, le dijo a este diario: “El regreso a la Comisión permitirá incorporar al pedido de separación de Rodríguez Simón, la sentencia de la jueza en primera instancia de la jueza Adriana Chamsarian y lo dicho por el vocero de la Corte Raul Oxandarabat. Además de, tal vez , contar ya con la resolución de la Cámara de Apelaciones que seguramente, también rechazará el pedido refugio. Es decir ratificará la condición de prófugo de Rodríguez Simon“. Oxandabart hizo declaraciones públicas cuando la justicia uruguaya rechazó, ya el año pasado, el habeas corpus requerido por Rodríguez Simón y explicó que el juez que lo resolvió entendió que no era aplicable en su caso.  Aludió a que no estaba detenido sino que él creía que existía la intención de detenerlo. Su condición de rebeldía y permanencia en Uruguay determinaron el pedido de captura en la causa impulsada por Fabián de Sousa y Cristóbal López, en la que también está imputado Mauricio Macri. 

Así las cosas, la expectativa está puesta ahora en lo que vaya a resolver el Tribunal de Apelaciones que, además, será una sentencia definitiva. Tanto el dictamen de la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) como el fallo de la jueza Chamsarian, que se basó en aquellas conclusiones, fueron contundentes. "El temor del solicitante no se correspondería con un temor fundado de persecución en los términos de la Convención de 1951 ni de la Ley 18.076, y no existiría un riesgo de privación indebida de la libertad o de su seguridad personal en su país de origen, pudiendo acogerse a la protección nacional”, decían las conclusiones del informe de la CORE, al que accedió Página/12. 

La increíble presentación de Rodríguez Simón ante la CORE uruguaya decía que había tramitado “ingreso excepcional a fin de realizar obras de acondicionamiento" de un local donde planeaba poner un bar con librería en la Barra de Maldonado. Dijo que tenía previsto volver a la Argentina en mayo de 2021, con aquel boleto comprado, “pero temiendo ser indebidamente privado de su libertad, desiste de ello y permanece en territorio uruguayo presentando la solicitud”. También intentó aclarar que todo lo que hacía era por supuestos “propósitos legítimos de acción de gobierno” --aunque su cargo formal era director de YPF y no tenía ningún puesto en el Poder Ejecutivo, pero sí un escritorio en la Casa Rosada-- y que él “no trató de influir ni operar sobre jueces ni funcionarios judiciales”. Sólo con el actual vicepresidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz tenía registradas nada más que 59 llamadas. 

En los tribunales de Uruguay dijeron a este diario que el caso está en pleno estudio del tribunal de alzada. Hasta ahora el gobierno de Luis Lacalle Pou, que en un comienzo amagó con impulsar la resolución de su extradición, viene facilitándole la estadía en su tierra.