El sexto juicio por crímenes de terrorismo de Estado que se lleva a cabo en Jujuy, un megajuicio en realidad, por tener tantas causas acumuladas, permitió mostrar todo la estructura represiva, destacó la abogada María José Castillo, de la querella pertenenciente a la asociación HIJOS Regional Jujuy. 

Este proceso acumula 15 causas por delitos (secuestros, torturas, desapariciones en 44 casos) en perjuicio de 120 personas. Se juzga a 23 hombres, militares retirados, ex integrantes de la Policía de Jujuy, de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario jujeño. 

El debate está proximo a cumplir cuatro años, comenzó el 21 de junio de 2018  y durante sus más de 90 audiencias se pudo conocer todo el despliegue de las fuerzas represivas, de las que participaron fuerzas nacionales y provinciales, señaló Castillo al iniciar su alegato, el jueves último, cuando puso énfasis en la responsabilidad civil en estos crímenes. 

“Quienes faltan estar sentados en el banquillo de los acusados son quienes llevaron adelante la pata civil del genocidio” que “en concertación con las fuerzas de seguridad pergeñaron y ejecutaron este plan”, sostuvo la abogada. “Y cuando hablo de la responsabilidad civil estoy hablando de la responsabilidad empresaria en primer lugar", porque "en este contexto pudimos conocer que muchas de las víctimas de esta causa eran obreros, trabajadores de las empresas que proporcionaron las listas, los vehículos, las instalaciones para llevar adelante los secuestros”, aseguró.

Recordó que Telésforo Zurita y Alfredo Luis Arzuaga, dos directivos de la Compañía Minera Aguilar SA, que explotaba la mina en El Aguilar, localidad ubicada a 116 kilómetros de San Salvador de Jujuy, fueron apartados del proceso penal. Y tampoco están siendo juzgados aquí Alberto Lemos y Carlos Pedro Blaquier, del Ingenio Ledesma, que “fueron beneficiados por la Cámara de Casación con la falta de mérito" y si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esa decisión, "por los resortes de impunidad” no están siendo juzgados.

Pero, dijo Castillo, aunque no estén en este juicio como acusados, se pudo conocer en detalle “el despliegue de esta responsabilidad empresarial”, como se supo de la persecución a los trabajadores en la empresa Minetti, en la que trabajaba Armando Tilca Barreix, un cafayateño que antes de ser desaparecido denunció en una carta que la minera le había fraguado una causa penal porque él defendía los derechos de los trabajadores mineros, la mayoría bolivianos, que eran explotados. 

También en Tumbaya se denunció que hubo persecución a los trabajadores mineros, añadió la querellante, que destacó la existencia de “Testimonios concretos que hablan de esa responsabilidad (de las empresas en estos crímenes)". “En este juicio se pudo conocer este tramo de la responsabilidad civil”.

El obispo torturador 

También se conocieron datos sobre los otros "grandes ausentes" en este proceso, los responsables judiciales y eclesiales. Lo de la responsabilidad eclesial no es nuevo, dijo Castillo, ya en los juicios anteriores, incluso en la investigación que llevó adelante la Comisión Extraordinaria de la Legislatura en 1984 y en el juicio de habeas data, “cada uno de los testigos víctimas de la represión señalaron al obispo (José Miguel) Medina en los centros clandestinos llevando adelante la tortura”, haciendo simulacros de confesión en los que usaba la fe para obligar a les detenides a que dijeran lo que sabían, y que además sabía el destino de algunas personas detenidas. “Es quien golpea a Rita Garnica en el CCD de Guerrero, le pega una patada que le hace volar su dentadura y se la tira más lejos para que ella no pueda alcanzarla”, recordó la querellante.

“Esta responsabilidad eclesiástica también permanece impune pero que, conocemos, estuvo presente y de una manera macabra en la represión en Jujuy”, añadió.

Sobre la responsabilidad judicial, trajo el nombre del ex juez federal Carlos Magnus Topp, que no solo rechazaba los hábeas y otras presentaciones de las víctimas y familiares, sino que además les imponía costas, o archivaba las causas diciendo que no había presos políticos, después que  habían sido desaparecidos, como pasó con la denuncia de Armando Tilca Barreix. Y en el primer juicio reconoció que sabía que había apremios ilegales, sostuvo. 

Castillo cerró esta primera parte de su alegato ratificando que "si bien ha tenido un techo el juzgamiento de los responsables, porque no ha avanzado sobre estas dimensiones del terrorismo de estado, en cada uno de los juicios pudimos conocer el detalle, cuáles eran las actividades, cuáles eran las responsabilidades, en qué tramos de la represión intervinieron cada uno de estos responsables civiles haciendo posible este plan sistemático de actuación conjunta entre las fuerzas de seguridad y estos actores civiles”.

La persecución al movimiento obrero 

La querella de HIJOS Regional Jujuy es por los crímenes cometidos en perjucio de Jaime Lara Torres, Johny Vargas Orozco, Juan Carlos Espinoza, Paulino Prudencio Galeán, Reynaldo Aragón, Armando Tilca Barreix, Carlos Ernesto Patrignani, Jorge Osvaldo Weiz, José Hugo Condorí, Carlos Cardozo y Fausto Choque Cabrera. Castillo acompañó su alegato con fotos de ellos y una breve reseña de sus vidas y afectos más cercanos. 

Como característica común, estas personas tenían algún tipo de militancia gremial o política y por esa sola razón fueron perseguidas y espiadas, algunas desde principios de la década del 70, y fueron víctimas del terrorismo estatal y empresarial.

Castillo citó al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Luis Eduardo Duhalde (f), en su libro "El Estado terrorista", para explicar "la dimensión civil de la dictadura". Duhalde sostiene que el plan terrorista “tuvo como eje central a la comunidad informativa”, que recopiló la información de todas las personas y estructuras orgánicas que debían ser atacadas. Y, en lo que respecta al movimiento obrero "la tarea de la comunidad informativa fue prolija y paciente, oficiales de inteligencia recorrieron todo tipo de establecimientos industriales, fábrica por fábrica, talleres grandes y medianos, junto con las patronales elaboraron las listas de los elementos indeseables, miembros de comisiones internas, activistas sindicales, trabajadores con militancia política, con antecedentes huelguistas”.

Es lo que se sufrió en Jujuy. “Las patronales junto con las fuerzas de seguridad armaron las listas, se infiltraron en las fábricas, en los sindicatos, ya antes del golpe del 76”, como se vio con los obreros del Ingenio Ledesma, sostuvo la querellante. Recordó que de documentos secuestrados del propio ingenio surge la infiltración en el sindicato, por ejemplo, “cómo fue estudiado, seguido, investigado Jorge Weiz (que era delegado gremial) por la propia empresa, o de los propios legajos de la víctima que surgía como se le estaba haciendo la actividad de inteligencia antes del golpe, en función de sus actividades sindicales”.

Castillo también reseñó la función que cumplían los centros clandestinos de detención, de los que dijo que "tenían un lugar neurálgico”, y compartían "características comunes": eran lugares secretos bajo el directo contralor de la autoridad militar de la zona, en esos lugares se sometía a las personas a prácticas degradantes de forma sistemática, estaban vendadas día y noche, aisladas, no podían leer ni hablar, se les asignaba una letra y un número y estaban alojadas en pequeñas celdas llamadas tubos, con escasa comida y bebida. 

"Esto se pudo ver en detalle en el CC de Guerrero”, un lugar donde (dijo citando a un testigo) "la tortura era inimaginable, no hay palabras para describir lo que sucedió allí”. En diferentes escalas, esa situación se repitió en el CCD del Comando Radioeléctrico y en el penal de Villa Gorriti, agregó. Una situación de degradación y maltrato tal que muchas personas detenidas solo podían imaginar la muerte como salida. 

Por los crímenes de los que fueron víctimas Lara Torres, Vargas Orozco, Espinoza, Galeán, Aragón, Tilca Barreix, Patrignani, Weiz, Condorí, Cardozo y Choque Cabrera se le atribuye responsabilidad a Armando Raúl Claros, Hugo Armando Ruiz, Juan Carlos Jones Tamayo, Mariano Rafael Braga, José Américo Lezcano, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate y Braga. Algunos, como Jones Tamayo, están acusados por delitos en relación a varias personas. Como la querella no pudo terminar su alegato (debido en gran parte a demoras por fallas en la conectividad), el detalle de la acusación lo completará en la audiencia próxima la abogada Paula Alvarez Carreras, coordinadora del cuerpo de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de ña Nación.