El gobernador Miguel Lifschitz tuvo que ceder esta semana y anunciar que habrá bono de fin de año para los estatales, incluidos los docentes provinciales. Más allá de que cambió el contexto nacional al tomar la misma decisión el presidente Mauricio Macri; en Santa Fe la olla iba tomando presión desde hacía rato y la ebullición fue palpable días atrás cuando estos gremios protagonizaron en la capital provincial una de las más nutridas y ruidosas protestas que en los últimos años haya visto la Plaza de Mayo frente a la Casa Gris.
Con todo, los gremios no bajan su reclamo de apertura de las paritarias y actúan distinto a algunos sectores estatales nacionales que optaron por rechazar el bono y seguir peleando por el aumento salarial concreto. "Una cosa no quita la otra. En Santa Fe agarramos el bono y seguimos la lucha por la recuperación salarial", dijo esta semana un experimentado dirigente gremial del sector, aludiendo casi a una máxima sindical incontrastable.
Para la provincia significará un costo fiscal alto, pero es el que tendrá que pagar por el contexto económico que vive el país y el golpe a los ingresos derivados de las principales políticas públicas del gobierno de Cambiemos.
Mientras tanto, algunos referentes políticos nacionales del sector han llegado al paroxismo ante la desesperación que les provoca la inexistente "lluvia de dólares" que se había pronosticado. Así, el ex presidente del Banco Central Javier González Fraga aseguró que "nadie quiere invertir porque no saben si vuelve el populismo". O sea, no por el contexto internacional, no por las gestiones erróneas del propio gobierno. Otra versión de "la pesada herencia".
Precisamente, esa "herencia" de desendeudamiento nacional es la que metió la cola el viernes en el Concejo Municipal de Rosario mientras los funcionarios de la intendenta Mónica Fein, trataban de convencer a los ediles de que este "es el mejor momento" para tomar deuda por 200 millones de dólares. "Este país hizo un enorme sacrificio para transitar la senda del desendeudamiento para tener una mayor soberanía en sus decisiones", bramaron desde el sector kirchnerista. Pero más allá de lo ideológico, a los ediles opositores lo que menos les cierra es que parte de esa deuda sería tomada para pagar otra deuda que ya tiene el municipio. "Ganaríamos porque tendríamos menos intereses", indicaron desde la secretaría de Hacienda, pero no hay caso, en ninguna situación es muy valorado tomar deuda para enfrentar otra deuda. Claro que también están las promesas de obras públicas de gran escala y en ese sentido la municipalidad recuerda que este año se termina de pagar otra deuda en dólares ‑tomada en el 2001‑ con el que se terminaron los accesos a Rosario y algunos de los distritos municipales. Claro que el monto a punto de saldarse no pasaba de los 65 millones de dólares.
Ese es otro punto que dificulta al oficialismo para contar con una "mayoría agravada" en el Concejo para tener el visto bueno para emitir sus bonos. "Si la provincia acaba de emitir deuda por 250 millones de dólares y tiene un presupuesto diez veces más grande que Rosario, cómo vamos a autorizar que la ciudad se endeude en 200 millones de dólares", razonaron desde los sectores de la oposición local.
El punto del penal
Son pocas las sesiones que quedan en la Legislatura provincial para que la Cámara de Diputados trate la reforma del Código Procesal Penal que impulsó el senador radical del departamento General López Lisandro Enrico y que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta provincial. En el marco de la más rancia tradición de la demagogia punitiva, Enrico impulsa reformas que varios de los diputados han tildado de inconstitucionales. Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con las facultades que se le extienden a la policía para que una persona pueda estar detenida por más de cuatro horas sin necesidad de comunicar esta situación a un fiscal o a un juez. Un punto sensible si se tiene en cuenta que la policía santafesina está investigada por casos de "desaparición forzada de personas". Sólo basta recordar el caso del chico Franco Casco que después de pasar unas horas en la comisaría séptima, apareció flotando en las aguas del río Paraná. El punto más cuestionado de la reforma es el que señala que se extenderá el plazo de detención que ordenan los fiscales. En la actualidad es de 24 horas, prorrogables por otras 24; la propuesta implica 72 horas con una prórroga de 24. También se extiende el plazo para la audiencia imputativa.
Respecto de los allanamientos, seguirá siendo obligatoria la autorización del juez previa al procedimiento del fiscal, pero se ampliarán los márgenes que hoy son de 12 horas (de 8 a 20) y se podrán realizar durante las 24 horas del día. En este punto, el acuerdo es casi total.
Esta es la tercera vez que el Senado vota reformas al nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2007 y que tiene vigencia plena en toda la provincia, desde febrero de 2014. Las dos veces anteriores ‑2012 y 2014‑ los cambios fueron rechazados por la Cámara de Diputados. El paquete de proyectos ‑algunos del Ejecutivo y otros de senadores‑ fue unificado en comisiones, en consenso con el gobierno, y la Legislatura aceleró su tratamiento tras el clamor popular por seguridad. Es probable que Diputados introduzcan algunas modificaciones con lo cual tendrá que ser revisada a toda velocidad por senadores si es que se pretende que el paquete sea sancionado antes de fin de año.
Otra reforma
La otra reforma, la que quiere Lifschitz, la de la Constitución Provincial, está cada vez más verde. Ahora el gobernador intentó acortar camino al poner sobre la mesa la discusión sobre la limitación de las reelecciones. Impulsa 8 años para todos los cargos, incluidos senadores, diputados e intendentes y también para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En estos tiempos de fuertes cuestionamientos a la política, sabía el mandatario que llamaría la atención de la dirigencia con esta propuesta. Pero el tema sigue encallado y es muy difícil que la oposición ‑y la interna de su propio partido‑ le otorguen alguna chance para discutir el tema.
